viernes, 31 de diciembre de 2010

Algunas ideas acerca de la edad de jubilación

La Comisión de seguimiento del Pacto de Toledo, en sus recomendaciones recientemente aprobadas no ha podido ser muy precisa en su posición respecto de la edad de jubilación, como consecuencia de la dificultad de alcanzar un consenso sobre una propuesta concreta. En general, coincido con las consideraciones que en ella se hacen si bien, los instrumentos previstos para favorecer la vida laboral y limitar el recurso a la jubilación anticipada parecen interesantes aunque en la práctica, probablemente resulten poco efectivos por si solos.

Lo cierto, es que la esperanza de vida se ha incrementado en España en los últimos años y, la calidad y el estado físico de nuestros mayores de 65 años, en la mayoría de los casos, permiten que realicen de manera productiva una actividad laboral. Esa es una realidad que no se puede desconocer. Sé que es impopular afirmar lo siguiente, pero los sistemas de Seguridad Social no fueron diseñados para garantizar unas vacaciones indefinidas y pagadas a los ciudadanos durante las últimas décadas de sus vidas, sino para subvertir situaciones de necesidad derivadas de una incapacidad para el trabajo motivada por la edad. Si una persona con más de 65 años está en condiciones de trabajar en su profesión habitual debería poder seguir haciéndolo.

Por otra parte, la evolución de la pirámide de población condiciona el poder asumir, en los términos actuales, el coste de satisfacer las pensiones de un número tan grande de pasivos con esperanza de vida largas en un entorno (ya sea por razones demográficas, económicas o por ambas) de disminución de cotizantes.

Lo anterior son circunstancias evidentes que no pueden ser negadas por los agentes sociales. Cosa distinta es si, por razones tácticas, los diferentes partidos se posicionan bien en la tesis de si es imprescindible hacer esta reforma ahora, o si bien, podemos dejarlo para dentro de algunos años y, en el caso de que se considere algo imprescindible, si la edad de jubilación deberán ser los 67, 68, 69 o 70 años (teniendo en cuanta, como horizonte, que en la judicatura y en la enseñanza universitaria el tope actual, con carácter voluntario, está en los 72 años).

Aunque se trate de una decisión difícil, pudiera ser necesario ir elevando  progresivamente la edad de jubilación, empezando por retrasarla hasta los 67 años, aunque garantizando, en los términos que se propone por la Comisión, que según la naturaleza de la profesión habitual o de las propias circunstancias de salud de cada persona, puedan establecerse jubilaciones en edades anteriores a la fijada como mínima o supuestos de incapacidad permanente total por razón de edad. Esta edad podría ir revisándose cada cinco años a medida que se actualice el Pacto de Toledo, bien para mantenerla, bien para continuar retrasándola en función de cómo evolucione la esperanza de vida de los españoles y las circunstancias económicas o demográficas en las que ha de desenvolverse el sistema).

En cualquier caso, más importante que lo anterior es a mi juicio conseguir que la edad real de jubilación se acerque a la edad máxima, favoreciendo la empleabilidad de la población activa de más edad con mayor intensidad de cómo hasta ahora se ha venido haciendo, en ese sentido cabria sugerir que, al igual que se hace con otros colectivos desfavorecidos (discapacitados, mujeres), se introdujeran medidas de discriminación positiva a favor de trabajadores mayores de determinada edad.

lunes, 20 de diciembre de 2010

Desengañémonos, solo somos hombres corrientes.

Algunos de los amigos que han leído mis entradas en el blog me cuentan en mensajes privados que el título engaña, pues desde su punto de vista, el autor no es un hombre corriente. Yo lo agradezco pues entiendo que la apreciación se debe a la estima que me tienen y, en cierto modo, de la que se tienen a si mismos. Sin embargo, a pesar de que durante mucho tiempo hemos tendido a pensar que, por nuestra formación, educación o trayectoria, éramos en alguna medida distintos del resto, me temo que estuvimos equivocados.

Efectivamente, a pesar de nuestras carreras universitarias, nuestros éxitos profesionales y los muchos libros leídos (o incluso escritos), somos uno más, como tantos otros, que están dándose cuenta de lo poco que pueden influir en su entorno. Qué, a pesar de nuestro esfuerzo vital durante muchos años, vemos como la situación actual anuncia un futuro lleno de incertidumbres que en modo alguno controlamos. En definitiva unos hombres, sobradamente preparados, pero corrientes.

Pertenecemos, la inmensa mayoría de los que me leéis y yo, a esa genérica clase media que mientras el estado de bienestar ha ido prosperando, ha podido desarrollarse personal y profesionalmente. Hemos vivido en paz, hemos disfrutado de una formación superior y una estabilidad laboral. Eso nos ha permitido formar una familia (o varias), disfrutar de nuestros hijos, del arte, la cultura, de los viajes, del ocio…; disfrutamos de una casa más o menos confortable; cuando nos ponemos enfermos sabemos que nos van a atender razonablemente y, de momento, si nos vemos en una situación de necesidad tenemos la confianza de que el sistema va a cuidar para que, por lo menos, tengamos un mínimo vital.

En general, nos afectan a todos los mismos problemas: esa hipoteca (o ese préstamo) que nunca terminamos de pagar porque cuando uno concluye ya estamos pensando en el siguiente; en como llegar, a veces, a fin de mes; cuestiones familiares y emocionales, nuestras pequeñas ambiciones, etc. Da lo mismo si se trata de un funcionario de grupo A, de un jefe de producto en una multinacional, del dueño de una pequeña o mediana empresa, de un  consultor, de un  autónomo o de un encofrador. Andamos todos en la misma pomada. Unos sabremos más de contratación administrativa, otros de cómo cuadrar unas cuentas, de cómo escribir un artículo periodístico o de cómo arreglar unas cañerías, pero en la sociedad de hoy en día todos pertenecemos a esa genérica clase media que entre asombrada y asustada se está despertando y, aún frotándose los ojos, se ve a si misma dentro de una piragua que, en medio de un río de aguas aparentemente placidas, se acerca irreversiblemente a lo que parece una enorme catarata.

Así vistas, mis entradas en este blog, podrían no ser sino unos patéticos esfuerzos por intentar acercar la piragua a la orilla antes de que sea demasiado tarde.

miércoles, 15 de diciembre de 2010

El conflicto con los controladores: Imposición legal vs. negociación colectiva

Los acontecimientos acaecidos el pasado viernes, 4 de diciembre, pocas fechas antes de que nuestra Constitución celebrara su trigésimo segundo aniversario, han tenido una singular trascendencia, no solo desde el punto de vista económico sino, también, desde un enfoque jurídico.

Mucho se ha hablado del antijurídico abandono por parte de los controladores aéreos  de sus puestos de trabajo, de los daños que dicho abandono ha ocasionado, y de lo más o menos justificado que estuvo adoptar una medida tan extraordinaria como la declaración del estado de alarma.

Sin embargo, se ha hablado menos de lo que, en realidad, constituyó el detonante de la situación, la medida introducida por la Disposición adicional segunda  del Real Decreto Ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo, que bajo el epígrafeActividad aeronáutica en el control del tránsito aéreo”, establece entre otras cosas que “En el cómputo de este límite anual de actividad aeronáutica no se tendrán en cuenta otras actividades laborales de carácter no aeronáutico, tales como imaginarias y periodos de formación no computables como actividad aeronáutica, permisos sindicales, licencias y ausencias por incapacidad laboral”. Lo excepcional de esta medida radica en que, por medio de diversas normas, la última, el citado Real Decreto Ley se ha entrado a regular una materia, la jornada laboral, que normalmente se encuentra recogida por el Estatuto de los Trabajadores y, en su caso, en los frutos de una negociación colectiva.

En el caso de los controladores aéreos, el Convenio colectivo suscrito había expirado el día 31 de Diciembre del 2004 y desde entonces, a pesar de haberse aprobado diversos acuerdos parciales, no ha sido posible que las partes llegaran a un acuerdo para la aprobación de otro nuevo.
Lo cierto es que la mencionada Disposición adicional segunda introduce a través del concepto de “actividad aeroportuaria” unas obligaciones concretas para los controladores que entran en contradicción con la regulación de la jornada laboral contenida en el Estatuto de los Trabajadores (arts 34 a 36) y con el régimen de descansos y permisos establecido en su artículo 37; pretendiendo forzar una situación que, dado el carácter laboral de este personal, debería haberse resuelto a través de un proceso de negociación colectiva y no de imposición por la patronal (aunque revista forma de ley) y conculcando, en cierto modo, lo señalado por el art. 37.1 de la Constitución, cuando dice “la Ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios”.

Es cierto que, a pesar de lo establecido en el art. 3.3. ET: “los conflictos originados entre los preceptos de dos o más normas laborales, tanto estatales como pactadas, que deberán respetar en todo caso los mínimos de derecho necesario, se resolverán mediante la aplicación de lo más favorable para el trabajador apreciado en su conjunto, y en cómputo anual, respecto de los conceptos cuantificables”; un Convenio no puede modificar lo establecido en las leyes, que contienen mandatos de derecho necesario absoluto o relativo. La doctrina del Tribunal constitucional (sentencias 210/1990 y 129/1994) así lo ha declarado.
Sin embargo, este lógico planteamiento quiebra cuando, tal y como es el supuesto que nos ocupa, se utiliza la ley para forzar una situación concreta e imponer un determinado criterio sin que quepa negociación alguna.

Aceptar esta posibilidad, comportaría que, al final, en el ámbito de la relación laboral entre la Administración (o sus entes empresariales) y sus empleados la negociación colectiva no sería posible; lo que contradice abiertamente los principios recogidos no solo en el Estatuto de los Trabajadores, sino también, en el Estatuto Básico del Empleado Público e incluso va en contra de lo dispuesto en el Convenio 151 de la Organización Internacional del Trabajo que, en su artículo 8, señala que “La solución de los conflictos que se planteen con motivo de la determinación de las condiciones de empleo se deberá tratar de lograr, de manera apropiada a las condiciones nacionales, por medio de la negociación entre las partes o mediante procedimientos independientes e imparciales, tales como la mediación, la conciliación y el arbitraje, establecidos de modo que inspiren la confianza de los interesados”.

Parece que, antes de decidir resolver los posibles conflictos mediante los mecanismos laborales previstos en los tratados internacionales suscritos por España y en las disposiciones nacionales que los desarrollan, se ha optado por el recurso fácil al Decreto-Ley, rabuleando con la mencionada doctrina constitucional de prevalencia de la Ley respecto del Convenio colectivo. 

Últimamente, este recurso a la Ley para superar situaciones de conflicto o simplemente, imponer determinadas medidas a los empleados públicos “por las bravas” se está empezando a utilizar con cierta alegría (por ejemplo, la reciente rebaja en los sueldos de los empleados públicos en porcentajes arbitrarios en función de sus ingresos). Es posible que en ocasiones las excepcionales circunstancias económicas por las que atraviesa el país puedan justificar la adopción de estas medidas, sin embargo, la generalización del método que parece apuntarse por la forma con que se pretendió resolver el conflicto con los controladores aéreos (en realidad, lo que provocó fue un problema mucho mayor que solo puedo solventarse mediante la primera declaración del estado de alarma desde la aprobación de la Constitución del 78), plantea nuevos interrogantes y dudas sobre cuál es el marco en el que debe desenvolverse la negociación colectiva de los empleados públicos. No debemos olvidar que hay muchos servicios públicos donde surgen conflictos difíciles de resolver en la forma de prestar los servicios (sanidad, educación, justicia…).
Podemos concluir resaltando lo paradójico que resulta la presente situación. Efectivamente, en un momento en el que, tras el Estatuto Básico del Empleado Público, se está consolidando en España un modelo tendente a la laboralización del empleo público, estemos volviendo –por la vía de los hechos- a lo más descarnado de la “especial sujeción” que siempre ha caracterizado la relación entre el funcionario y la Administración.

jueves, 9 de diciembre de 2010

La relativa estabilidad del mercado laboral en la Comunidad de Madrid.


Aparentemente, el análisis de los datos sobre desempleo en la Comunidad de Madrid viene siendo, en líneas generales, menos lastimoso que lo que resulta de estudiar esta información en el resto del Estado. Así, los últimos datos conocidos nos señalan que ha disminuido en un total de 2.309 personas el número de parados en nuestra Comunidad en el mes de noviembre de este año. En cualquier caso, a pesar de tener una gravísima tasa de paro cercana al 16%, aún quedan unos 4 puntos porcentuales por debajo de la tasa media de desempleo en España.

Sin embargo, a la hora de obtener conclusiones, no puede olvidarse el factor “capitalidad” como un elemento determinante para que exista esa relativa estabilidad. Efectivamente, en primer lugar hay que destacar el peso que tiene el personal al servicio de las diferentes Administraciones Públicas que tienen su sede en la Comunidad Autónoma, incluyendo ahí a las administraciones central, autonómica, locales y de las diversas Universidades Públicas madrileñas. Así, según los últimos datos ofrecidos por el Gobierno, estas entidades tienen en nómina un total de 427.650 empleados públicos, lo que constituye el 14,9% de la población ocupada. A éstos, habría que añadir los miles de contratados por las diversas empresas de capital público que han ido brotando en el ámbito local y autonómico (así, por ejemplo, en la EMT trabajan unas 8.000 personas, en el Metro de Madrid, más de 7.000, etc), y por sus contratistas (solo en la recogida de basuras de la ciudad de Madrid, trabajan unos 1.500 trabajadores).

Por otra parte, en la Comunidad Autónoma se encuentra la sede o principales oficinas de la mayoría de las empresas que cotizan en el IBEX, las cuales concentran un número importante de trabajadores con contratos estables. Así, por ejemplo, solo en la sede principal del Banco de Santander, en Boadilla del Monte, trabajan 6.000 personas; en los servicios centrales del BBVA, pendientes también de reagruparse en otra ciudad financiera, trabajan unos 6.500 empleados; en los de Repsol, aproximadamente, unos 4.000 trabajadores y otras empresas como Telefónica, Iberdrola, MAPFRE, etc, tienen una gran concentración de empleo. Estas corporaciones, aún viéndose sometidas a tensiones que generan una restricción en las nuevas contrataciones, sin embargo, por cuestiones de credibilidad en los mercados, son reacias a abordar abiertamente expedientes de regulación de empleo constituyendo un factor de estabilidad del mercado laboral, salvo cuando inician procesos de fusión como va a ser el caso en breve de Cajamadrid.

Asimismo, la mayor parte de las empresas multinacionales de servicios con presencia en España y, muchas de las que intentan penetrar en los mercados latinoamericanos, se establecen también en Madrid, generando un número considerable de empleos. Esa misma presencia es la que hace que, en gran medida, sea en Madrid donde se concentren otros negocios auxiliares del sector servicios, como los grandes bufetes de abogados, las empresas de auditoria o consultoría financiera o las principales consultoras de servicios informáticos, que aún viéndose afectados también por la crisis, siguen constituyendo un diferencial respecto de otras regiones.

Todo ello, genera un suelo difícil de romper que, a su vez, propicia un cierto mantenimiento del consumo lo que soporta la supervivencia de otros puestos de trabajo derivados en el comercio y otros sectores.

Por lo anterior, si descontásemos el efecto estabilizador que, como hemos visto, disfruta por su condición de capital, la diferencia de 4 puntos con la tasa media de desempleo del resto de las Comunidades Autónomas, se reduciría radicalmente o incluso puede que desapareciera, lo que acercaría la realidad del paro en Madrid a la existente en el resto de España.

lunes, 29 de noviembre de 2010

¿Un nuevo órgano de control u otro cementerio de elefantes?

Uno de los ámbitos en los que la corrupción se extiende con más facilidad, además del urbanismo y del nepotismo en el nombramiento de empleos públicos, radica en torno a la contratación pública. Las autoridades de la Unión Europea son conscientes de esa realidad y, a través de diversas directivas, han intentado que los gobiernos establezcan nuevos instrumentos que garanticen la transparencia y el control sobre los actos de los diversos poderes adjudicadores cuando licitan contratos a empresas y particulares. Sin embargo, al trasponer las normas comunitarias en la Ley de Contratos de Sector Público del año 2007, el Gobierno de España relajó incluso, respecto a la normativa anterior, la intensidad de los controles en todos aquellos contratos que no alcanzaban una dimensión comunitaria.

Por otra parte, como mecanismo de control, aplicando a regañadientes lo establecido en Bruselas, la Ley de 2007 estableció un sistema de recursos, absolutamente ineficaz para garantizar los intereses de los licitantes recurrentes, de los que debía conocer en primera instancia el propio poder licitador que había dictado el acto recurrido. Finalmente una relativamente reciente normativa comunitaria ha obligado a cambiar el modelo y, así, la Ley 34/2010, de 5 de agosto (BOE de 9 de agosto), de modificación, entre otras, de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, ha establecido un nuevo sistema de recursos de los que ha de conocer y resolver, al menos en el ámbito de la Administración General del Estado, un órgano especializado que, formalmente, actuará con plena independencia funcional en el ejercicio de sus competencias,  el  denominado Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda y que, en un principio, está compuesto por un Presidente y un mínimo de dos vocales, aunque se prevé que, reglamentariamente, podrá incrementarse el número de vocales.

En aras a garantizar esa independencia la Ley prevé que la duración del nombramiento, el cual ha ser realizado por el Consejo de Ministros, de los designados como  vocales y Presidente será de seis años, que no podrá prorrogarse y que, durante ese tiempo, no podrán ser removidos de sus puestos salvo por las causas tasadas que se concretan en la norma. Asimismo, en principio, para garantizar el rigor técnico la Ley establece que solo podrán ser designados vocales de este Tribunal los funcionarios de carrera de cuerpos y escalas a los que se acceda con título de licenciado o de grado y que hayan desempeñado su actividad profesional por tiempo superior a quince años, preferentemente en el ámbito del Derecho Administrativo relacionado directamente con la contratación pública y, que el Presidente del Tribunal deberá ser funcionario de carrera, de cuerpo o escala para cuyo acceso sea requisito necesario el título de licenciado o grado en Derecho y haber desempeñado su actividad profesional por tiempo superior a quince años, preferentemente en el ámbito del Derecho Administrativo relacionado directamente con la contratación pública.

A pesar de los “buenos” deseos del legislador, a la hora de designar a los miembros de este órgano, el Gobierno ha optado, más que por crear un órgano eficaz y ejecutivo, por constituir, en la práctica, un nuevo cementerio de elefantes, además, con un indefinido aire corporativo.

Así, tras una curiosa peripecia, por medio de una Orden de 30 de septiembre de 2010, se modificó la convocatoria inicial realizada por medio de una Orden de 10 de agosto anterior, a pesar de que ya había concluido el plazo para la presentación de solicitudes, al parecer con el objeto de incrementar las retribuciones inicialmente establecidas para cada uno de los puestos de trabajo y, ya de paso, reabrir el plazo para que pudieran presentarse nuevas solicitudes.

Al parecer, ni a la Subsecretaría del Ministerio de Hacienda ni a la Abogacía General del Estado les complacía la idea de proponer al Consejo de Ministros como candidato a Presidente, a alguno de los aspirantes que se habían presentado, los cuales, aún reuniendo los requisitos de la convocatoria, no resultaban para ellos idóneos. Forzaron, pues, la citada modificación para intentar hacer el cargo más atractivo para un candidato aceptable. Finalmente, tras esta segunda convocatoria consiguieron nombrar un presidente idoneo, perteneciente al Cuerpo de Abogados del Estado y con una larguísima trayectoria, los últimos años de ella en la Junta Consultiva de Contratación y  que, a sus 67 años, culima su carrera con este destino. Queda la duda de si el nuevo Presidente podrá, por alcanzar antes la edad forzosa de jubilación, concluir el mandato previsto.

martes, 9 de noviembre de 2010

Sobre la colaboración público-privada en la gestión de la Sanidad Pública


1.- Antecedentes.- Aunque, por regla general, la asistencia sanitaria pública ha sido una actividad gestionada directamente por la Administración, sin embargo, la utilización de medios privados para completar la oferta de servicios públicos sanitarios se ha venido utilizando con cierta frecuencia bajo distintas modalidades de contratación administrativa para la gestión de servicios públicos.
Así, determinados servicios asistenciales, como por ejemplo, las terapias respiratorias a domicilio o las diálisis, se han venido prestando de forma habitual a través de servicios concertados entre, primero el INSALUD (y luego los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas) y clínicas privadas para complementar las carencias de infraestructura en la red pública. La utilización de medios de titularidad privada ha tenido particular incidencia en ciertas Comunidades Autónomas, como por ejemplo Cataluña, donde tradicionalmente centros hospitalarios privados son, incluso, los hospitales de referencia de determinadas áreas sanitarias. También en Madrid, la Fundación Jiménez Díaz, fundación de naturaleza privada aunque participada por Administraciones públicas, ha estado al frente de un área sanitaria a través de un concierto, primero con el INSALUD y, ahora, con la Comunidad de Madrid.

Asimismo, la mayor parte de las Comunidades Autónomas, siguiendo el criterio establecido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, han previsto disposiciones reglamentarias para que los pacientes en lista de espera, cuando superen los plazos máximos establecidos para cada patología, puedan acudir a centros privados concertados.

Finalmente, como es conocido, la asistencia sanitaria del mutualismo administrativo (MUFACE, MUJEJU e ISFAS) está enteramente concertada con entidades privadas.
El hospital de Torrejon

En todos estos casos, nos encontramos con unos servicios públicos gratuitos para el ciudadano, financiados con recursos públicos y gestionados, total o parcialmente, por entidades de derecho privado a través de la figura del concierto o del tradicional contrato de gestión de servicios públicos.

En este marco debemos entender como se llega a las nuevas formas de colaboración público-privada incorporadas finalmente por la LCSP.
2.- Los contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado (CPP).-

Esta modalidad de contratación tiene numerosos antecedentes en el derecho español y fue utilizada sobretodo a lo largo del siglo XIX para poder realizar las primeras grandes infraestructuras de ferrocarril realizadas en España.
En la actualidad, se trata de una modalidad que se está extendiendo en Europa bajo diferentes formas (Francia, Irlanda, etc), lo que ha provocado una cierta voluntad armonizadora en el seno de la Unión europea que está recogida en el “Libro Verde sobre colaboración publico-privada y el Derecho comunitario en materia de contratación pública y concesiones” aprobado por la Comisión Europea el 30 de abril de 2004.
En cualquier caso, la aparición del CPP en nuestro país no ha sido consecuencia directa de la transposición de la citada Directiva, sino más bien de la voluntad de nuestro Gobierno manifestada a través de la Resolución de 1 de abril de 2005, de la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros, de 25 de febrero de 2005, por el que se adoptan mandatos para poner en marcha medidas de impulso a la productividad, cuyo mandato nº 44 establece concretamente: “El Ministerio de Economía y Hacienda incorporará en el anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público por el que se transpondrá la Directiva 2004/18/CE, además de las normas necesarias para la completa y correcta transposición de la directiva al derecho interno, una regulación de los contratos de colaboración entre el sector público y el privado…”
La regulación española de la cuestión se encuentra, pues, recogida en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), que define este contrato en su art. 11 señalando que son contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado aquellos en que una Administración Pública encarga a una entidad de derecho privado, por un período determinado en función de la duración de la amortización de las inversiones o de las fórmulas de financiación que se prevean, la realización de una actuación global e integrada que, además de la financiación de inversiones inmateriales, de obras o de suministros necesarios para el cumplimiento de determinados objetivos de servicio público o relacionados con actuaciones de interés general, comprenda alguna de las siguientes prestaciones:
a.       La construcción, instalación o transformación de obras, equipos, sistemas, y productos o bienes complejos, así como su mantenimiento, actualización o renovación, su explotación o su gestión.
b.      La gestión integral del mantenimiento de instalaciones complejas.
c.       La fabricación de bienes y la prestación de servicios que incorporen tecnología específicamente desarrollada con el propósito de aportar soluciones más avanzadas y económicamente más ventajosas que las existentes en el mercado.
d.      Otras prestaciones de servicios ligadas al desarrollo por la Administración del servicio público o actuación de interés general que le haya sido encomendado.

Por otro lado, continúa el art. 11 de la LCSP, sólo podrán celebrarse contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado cuando previamente se haya puesto de manifiesto que otras fórmulas alternativas de contratación no permiten la satisfacción de las finalidades públicas.

Por último, según el mismo artículo, la contraprestación a percibir por el contratista colaborador consistirá en un precio que se satisfará durante toda la duración del contrato, y que podrá estar vinculado al cumplimiento de determinados objetivos de rendimiento.

En conclusión, desde un punto de vista jurídico, puede considerarse que el actual CPP no es más que la plasmación práctica de una forma de entender la contratación administrativa, que no es otra que la de implicar en todos los niveles, jurídico, económico e incluso cultural, a un socio privado capaz de impulsar proyectos ambiciosos pensados por las Administraciones Públicas para satisfacer las demandas cada vez más exigentes de los ciudadanos que estas son incapaces de realizar.

3.- Aspectos a tener en cuenta a la hora de enjuiciar un concreto proyecto de colaboración público-privada en el ámbito sanitario.-

Sentado lo anterior, debemos de partir de aceptar que, con carácter general los CPP son una modalidad jurídicamente válida, que tiene antecedentes en nuestro derecho y en el entorno europeo y, por tanto, habrá que valorar caso por caso si se dan los requisitos establecidos en la Ley para inclinarse por esta técnica contractual.

En el ámbito de la asistencia sanitaria pública, se ha recurrido a este sistema por varias Comunidades Autónomas, principalmente en Madrid y Valencia, pero también en Andalucía. Se trata de un mecanismo que permite que la sociedad pueda empezar a disfrutar de una infraestructura y de unos servicios de forma anticipada, si bien se establecen compromisos que limitarán la capacidad de maniobra de los futuros gestores.

Por regla general, este sistema contractual se utiliza cediendo a las empresas constructoras de las nuevas infraestructuras la concesión de los servicios accesorios a los puramente sanitarios (gestión y explotación del parking, las cafeterías y comedores, espacios para locales comerciales, servicios de TV en las habitaciones, lavandería catering, etc). Sin embargo, ultimamente, se comienzan a incluir como parte del contenido afectado por esta técnica contractual la gestión integral del centro sanitario y por ende, la propia realización de la asistencia sanitaria.
En el ámbito de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, a la hora de argumentar el recurso a esta técnica contractual se ha recurrido a la idea de la necesidad de construir nuevas infraestructuras sanitarias o reformar las que van quedando obsoletas para absorber la demanda creciente derivada de un crecimiento de la población fácilmente contrastable e incorporar las últimos avances en tecnología sanitaria, en unas circunstancias económicas en las que no era posible asumir su construcción o reforma con medios propios ni se puede recurrir a un endeudamiento directo para acometerlas. Se trata por tanto de una herramienta que evita tener que acudir al endeudamiento (en términos contables y a los efectos de lo previsto en el ámbito comunitario), pero cediendo al constructor la explotación económica de los espacios y servicios anexos al centro sanitario beneficiándose de la existencia de una clientela cautiva.  

Por otra parte, la inclusión de la gestión del centro sanitario o, incluso, del propio proceso asistencial dentro del contenido de los últimos expedientes de CPP implica una forma de eludir la aplicación del derecho administrativo y funcionarial en el día a día de la gestión hospitalaria y obedece, desde el punto de vista de los RR.HH., tanto a la dificultad de asumir los costes del nuevo personal con el que se han de dotar las nuevas infraestructuras en los términos pactados para el personal estatutario de los servicios de salud, como a una forma de evitar la constante combatividad de los principales sindicatos  (UGT y CC.OO.) no siempre justificada por circunstancias laborales. Asimismo, la gestión a través de este procedimiento facilitaría que, en materia de contratación administrativa, no sean de aplicación las normas que rigen la contratación de los centros sanitarios que tienen carácter de Administración Pública, al ser la entidad adjudicataria de la concesión la que ha de realizar la contratación de servicios y suministros, ni tampoco serían de aplicación los sistemas de fiscalización previa del gasto.

En muchos casos, sin embargo, puede sostenerse que ha existido una notable falta de previsión a la hora de tomar la decisión política  de construir estos centros sanitarios, atendiendo exclusivamente a la aparente necesidad inmediata y, amparándose en ella, tomar la decisión por criterios populistas o electorales, pero sin tener en cuenta ni los problemas que se producirían ante la falta de profesionales cualificados para atender los centros sanitarios recién construidos y de recursos económicos para hacer frente a los gastos estructurales que tal crecimiento de infraestructuras daría lugar.

Por otra parte, las dificultades del sector privado para acceder a la financación necesaria para hacer frente a las inversiones requeridas para acometer estas infraestructuras, hacen que estas inciativas hayan dejado de resultar atractivas para las empresas potencialmente interesadas en este modelo de negocio. 

4.- Conclusiones.-

De lo anterior se pueden deducir las siguientes conclusiones:

a)      La participación del sector privado en la gestión del Sistema Nacional de Salud no es incompatible con su esencia y, si bien la gestión directa es la principal forma de prestar al ciudadano la asistencia sanitaria pública, desde antiguo viene produciéndose, en mayor o menor medida, una colaboración del sector privado en esta materia.

b)      Los CPP constituyen una técnica contractual novedosa pero, en principio, compatible tanto con nuestro ordenamiento jurídico, al estar expresamente prevista en la vigente Ley de Contratos del Sector Público, como con el Derecho comunitario.

c)      Los acuerdos CPP que se refieren a la explotación económica de las instalaciones y servicios no vinculados directamente a la asistencia sanitaria, pueden resultar una opción razonable para hacer frente a nuevas necesidades sin incrementar de manera visible el endeudamiento público, siempre que se den los requisitos establecidos en la legislación vigente. En estos casos, habrá que prestar especial atención a que los pliegos de cláusulas administrativas particulares por los que se rigen sean exigentes al establecer los criterios mínimos de calidad en la prestación del servicio, introduzcan eficaces instrumentos de supervisión e inspección por parte de la Administración Pública responsable y prevean penalizaciones en caso de incumplimiento lo suficientemente disuasorias como para evitar que la calidad del servicio pueda verse comprometida por la búsqueda del beneficio empresarial.

d)     Los acuerdos de CPP que incluyen la gestión del centro sanitario o incluso la propia asistencia sanitaria en su contenido pueden suponer, desde mi punto de vista, una forma de eludir las garantías y cautelas que el derecho administrativo impone en la gestión de un servicio público de la importancia que tiene la asistencia sanitaria y podría llegar a crear desigualdades tanto laborales, entre los profesionales y trabajadores que presten servicios en los centros afectados por los CPP y los que se mantengan bajo el sistema de gestión directa, como en la calidad asistencial al beneficiario del Sistema.

jueves, 4 de noviembre de 2010

¡Qué poco dura la alegría en casa del pobre!

Apenas veinticuatro horas después de que el Presidente del Gobierno compareciera en el Senado para anunciar, con los datos de empleo del segundo trimestre, que nos encontrábamos ante el inicio de un cambio de tendencia en materia de contratación laboral, nos topamos con la tozuda realidad de los datos de desempleo del mes de octubre que nos dicen que el número de desempleados en España se incrementó en 68.213 personas en octubre de 2010, lo que supone una subida del 1,7% con respecto a septiembre. En términos interanuales, aumentó en 277.623 parados, un 7,3% más. Así, tras el tercer incremento mensual consecutivo, la cifra total se sitúa en el décimo mes del año en 4.085.976 personas, según los datos difundidos por el Ministerio de Trabajo e Inmigración.

El sector donde más aumentó el desempleo fue el de los servicios, con 49.056 parados más (+2,1%), consecuencia directa del fin de la campaña turística de verano y de que la renta disponible de los españoles cada vez es más pequeña y, así, el consumo en ocio y servicios disminuye en mayor medida al tratarse de áreas de actividad donde la elasticidad de la demanda es más grande.

El efecto estacional también ha incidido en los datos relativos a la agricultura, que sumó 13.861 desempleados más (+11,8%). Por otra parte, la incorporación de las nuevas generaciones a un mercado laboral con nula capacidad de absorción ha supuesto que el colectivo de personas sin empleo anterior, con 5.555 parados más (+1,6%), también sea de los más afectados por la situación. Finalmente, se comprueba que la actividad industrial no consigue repuntar, al sumar este sector 2.438 desempleados más (+0,5%).

Un dato alentador para nuestra Comunidad es que Madrid, junto con Murcia, fueron las únicas Comunidades Autónomas en la que bajó el paro, concretamente en 255 personas (-0,05%). Sin embargo, los datos son tan nimios que no puede hablarse en modo alguno de un cambio de tendencia. Seguimos con una tasa de paro en Madrid cercana al 16% y es previsible que, en un futuro cercano, si no cambia la situación económica y la tendencia de las familias a restringir sus hábitos de consumo, el sector servicios, que es el más importante de la Comunidad, puede a entrar en barrena.

Un elemento a destacar es la constatación, por otra parte previsible, de la ineficacia práctica de las reformas laborales aprobadas por el Gobierno que no impiden que la temporalidad en la contratación laboral siga primando sobre la contratación indefinida. Ni siquiera nos encontramos con un ligero repunte en la contratación indefinida tras ya varios meses de vigencia de las nuevas reformas.

Sin embargo, respecto al mismo periodo de tiempo del año anterior, lo que se está incrementando (un 2,41%) es la contratación de trabajadores a tiempo parcial, lo que parece un reflejo de que el motor de nuestra economía sigue al ralentí. Efectivamente, en muchos casos la carga de nueva actividad de las empresas es tan baja que no hace falta contratar nuevos trabajadores con jornada a tiempo completo, basta con contratos a tiempo parcial.

Finalmente, uno de los aspectos que se desprenden del informe de la EPA que más debería preocuparnos es que se ha incrementado en un 55,06% el número de parados que lleva en el paro más de un año, lo que incide en el problema de que cada vez más personas van a ir consumiendo sus prestaciones contributivas y asistenciales sin poderse incorporar al mercado laboral. Los conflictos sociales que ello puede conllevar son fácilmente imaginables.

En definitiva, la lectura de las últimas informaciones confirma las tendencias y análisis que hemos venido haciendo en ocasiones anteriores y, mientras tanto, ni desde el Gobierno de la Nación, ni desde el de la Comunidad Autónoma se toman medidas resolutivas que puedan cambiar la deriva en la que estamos.

lunes, 1 de noviembre de 2010

Un sistema de previsión social viable de cara al futuro (II).- La disyuntiva entre el modelo de reparto y el modelo de capitalización: Hacia un sistema ecléctico



La disyuntiva entre el modelo de reparto y el modelo de capitalización surge de un debate clásico acerca de cual de los dos modelos garantizan mejor la supervivencia de un Sistema de Seguridad Social. Lo cierto es que, la propia evolución histórica de estos modelos ha venido demostrado cuales son los puntos fuertes y débiles de cada uno de ellos.

El sistema de capitalización, si bien permite que las ingentes masas económicas acumuladas en los fondos de pensiones puedan dinamizar la economía nacional, sin embargo, es muy sensible a los imprevisibles procesos de elevada inflación y, además, las experiencias recientes de aplicación de este modelo en Latinoamérica demuestran que gran parte de los rendimientos terminan siendo absorbidos por las comisiones que perciben las entidades privadas que gestionan estos fondos y que, frecuentemente, dichos gestores son presionados para adquirir deuda pública de los Estados patrocinadores, en vez de inyectarse directamente en la económía productiva del país.

Por otra parte, la evolución demográfica derivada del aumento de la esperanza de vida, unida a una disminución de la natalidad hace que, salvo en un improbable entorno de crecimiento económico continuado, los sistema de reparto, tal y como hasta ahora se han contemplado en Europa, tengan difícil mantener la generalidad e intensidad del sistema de prestaciones actual.

Así, las recomendaciones de la OIT proponen un modelo ecléctico en el que se superpongan hasta cuatro ámbitos de protección, y que, parcialmente, es hacia el que tiende el sistema español:

a) Un primer ámbito mínimo para quienes cumplan unos requisitos de ingresos y/o otras circunstancias, financiado con cargo al presupuesto general vía impuestos y que tiene una naturaleza esencialmente redistributiva. Este ámbito de protección está operativo en España a través de la figura de las prestaciones no contributivas.

b) Un segundo ámbito contributivo, basado en el actual modelo de cotizaciones sociales definidas y sistema de reparto, de carácter obligatorio y gestionado directamente por el Estado, que aportaría un nivel de rentas determinado, solo en parte, por las propias cotizaciones y con el compromiso de ser actualizado con arreglo a los incrementos del coste de la vida. Esta es, precisamente, la espina dornsal de Sistema regulado por la Ley General de Seguridad Social. El objetivo debería encontrarse en que este modelo pudiera abarcar la mayor cobertura posible del nivel de rentas necesario para garantizar un adecuado nivel de vida a los pensionistas.

c) Un tercer ámbito basado en cotizaciones definidas de naturaleza obligatoria hasta un tope dado y basado en un modelo de capitalización individual y de aportes definidos y cuya gestión bien pudiera ser realizada directamente por el Estado, o bien, encomendada a gestoras privadas bajo la supervisión del Estado, debiendo establecerse un organismo regulador con fuertes capacidades inspectoras y sancionadoras. Hasta ahora este elemento del modelo aún no se ha implantado. Se han intentado favorecer desde los poderes públicos la constitución, de momento de forma voluntaria, de fondos complementarios y, de hecho, para los empleados públicos se ha constituido un Fondo de esta naturaleza en el que, de momento, solo las Administraciones Públicas, en su condición de empleador, realiza aportaciones.

d) Un cuarto ámbito de cotizaciones definidas, voluntario, sin un límite máximo y que correría igualmente a cargo de entidades privadas. Son los actuales Fondos de pensiones que cuentan con un favorable trato fiscal como medida de incentivo para su constitución.

A estos niveles de prestación referidos fundamentalmente a las prestaciones económicas consistentes en pensiones, deberían añadirse los restantes pilares del sistema de protección social español: la asistencia sanitaria, la asistencia social y la atención a la dependencia basada en prestaciones de servicios financiados por el Estado a través de los impuestos.

A mi juicio, cualquier estrategia a largo plazo que se adopte pasaría por aceptar, en mayor o menor medida, este esquema de funcionamiento recomendado por la OIT.

lunes, 25 de octubre de 2010

Un sistema de previsión social viable de cara al futuro (I). Planteamiento


En la actualidad, en España, los institutos que conforman lo que podemos denominar el Sistema de Previsión Social o de Protección Social (el Sistema de Seguridad Social, el Sistema Nacional de Salud, los Servicios Sociales y, por último, el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, aún en fase de consolidación) se han manifestado como uno de los pilares de la estabilidad política del país, garantizando de manera prácticamente universal no solo unos mínimos vitales de supervivencia, sino unas prestaciones sociales que proporcionan un efectivo bienestar social. Se trata de una inversión que no solo tiene sus retornos en las propias prestaciones de las que son beneficiarios los ciudadanos a título particular sino que, desde un punto de vista social, generan unos indudables beneficios –estabilidad económica, seguridad ciudadana, confianza en el sistema político- que facilitan una consolidación del desarrollo social y económico en el país.
Sin perjuicio de admitir la existencia de inevitables distorsiones, parece que podemos asegurar que, no solo es un eficaz mecanismo de previsión social, sino que tal y como se encuentra configurado actualmente, se ha convertido en un instrumento eficaz de redistribución de rentas, lo que garantiza la paz y la cohesión social y una mínima seguridad vital a la practica totalidad de la población residente legalmente en España.
La evolución histórica que se ha producido en estas Instituciones ha concluido con la conversión de un sistema concebido originalmente con carácter exclusivamente profesional en un sistema expansivo con componentes universales. Lógicamente, desde el punto de vista de la financiación esta evolución ha ido acompañada de un cambio en la estructura de ingresos del sistema que, de financiarse sólo por cotizaciones de naturaleza contributiva, ha pasado a tener un componente de financiación estatal vía impuesto creciente, como corresponde al crecimiento de las prestaciones universales.

Esta tendencia ampliatoria se ha observado no sólo en el ámbito subjetivo o personal, sino también en el ámbito de la acción protectora, pasando de un sistema inicialmente destinado a cubrir sólo determinadas contingencias (fundamentalmente vejez e invalidez) a un sistema de práctica cobertura completa. En paralelo a toda esta tendencia ampliatoria, el presupuesto de la Seguridad Social y su peso en la economía nacional ha crecido de forma espectacular.

En definitiva, dado el positivo balance que en líneas generales merece el modelo presente, la posición a adoptar debería ir en la línea de fortalecer los logros conseguidos, no tanto en cuanto a incrementar la intensidad de la protección ya prestada sino, sobretodo de cara a mantener su validez y eficacia para las próximas generaciones garantizando el poder adquisitivo de los pensionistas.

martes, 12 de octubre de 2010

La reciente disminución del gasto en prestaciones de desempleo: ¿una buena noticia?


En los días pasados, se han publicado los datos de los registros del Servicio Público de Empleo Estatal que verifican que el desempleo siguió incrementándose durante  el mes de Septiembre de 2010. Partiendo de la cautela con que debe acogerse esta información, que se ve afectada por los filtros que reducen el número final de desempleados registrados respecto de los datos suministrados por la Encuesta de Población Activa, pueden extraerse algunas conclusiones.

En primer lugar, los datos publicados no inducen a pensar que se esté produciendo un cambio significativo en la tendencia de destrucción neta de empleo en la que estamos inmersos aunque es posible que se haya iniciado una desaceleración en el crecimiento del desempleo, lo cual es algo relativamente comprensible si tenemos en cuenta que en torno al 20% de la población se encuentra ya sin trabajo.

Sin embargo, el dato más relevante  y merecedor de comentario lo constituye el relativo al número de percepciones de prestaciones y subsidios por desempleo.

De acuerdo con lo recogido en ese informe hay que tener en cuenta que el número de beneficiarios de prestaciones de desempleo supuso un incremento del 10,7% respecto al mismo mes del año anterior, sin embargo el gasto medio por beneficiario supuso una disminución del 10,4%, y eso a pesar que la cuantía media de las prestación contributiva percibida por beneficiario durante el mes de agosto de 2010 ha sido de 830,66 euros, lo que supuso un aumento de 10,09 euros sobre el mismo mes del año anterior (1,2%).

La explicación a esta aparente contradicción hay que buscarla en la circunstancia de que cada vez más personas están agotando por completo las prestaciones contributivas por desempleo y, al no poder incorporarse a un nuevo trabajo, se ven abocadas a continuar dentro del sistema percibiendo las prestaciones de carácter no contributivo que tienen un importe sensiblemente inferior.

Hasta ahora, nuestro sistema de previsión social está constituyendo un auténtico amortiguador que reduce en el ámbito social el impacto derivado de la crisis económica. Eso se traduce en que nos encontramos en un entorno en el que, a pesar de los datos económicos adversos constantes en el tiempo, el orden social y la seguridad ciudadana apenas se han visto alterados. Las rentas percibidas por los desempleados desde los poderes públicos hacen que ese sector de la población, aún teniendo que hacer grandes esfuerzos para poder llegar a fin de mes y viendo reducida su capacidad de consumo,  no se vean afectados de manera vital en sus necesidades más básicas.

Sin embargo, el agotamiento por amplias capas de la sociedad de sus prestaciones contributivas de desempleo para pasar a recibir tan solo prestaciones asistenciales, no solo comporta que su ya menguada capacidad adquisitiva disminuya más sino, lo que es peor, es el síntoma de que nos encontramos en una nueva dimensión del problema. Efectivamente, cada vez más gente, una vez agotadas las prestaciones y los subsidios asistenciales, se encuentra sin cobertura alguna y sin poder percibir ninguna renta, por pequeña que sea, para satisfacer sus necesidades básicas. Lo que comenzaron siendo casos aislados, en pocos meses se puede transformar en una auténtica oleada mes a mes de población sin recursos, lo que puede afectar de modo muy relevante a la estabilidad de nuestro orden social.

Es imprescindible que reaccionemos de una vez y, por fin, se adopten medidas efectivas para alterar está dinámica perversa. No basta ya la adopción de meros parches consumiendo los escasos recursos de que disponemos. Éstos no atajan la raíz del problema sino que, tan solo demora la manifestación de los síntomas en toda su intensidad. También empieza a ser necesario diseñar, por los poderes públicos, planes de contingencia para poder dar cobertura, a través de la prestación de servicios básicos (entrega de ropa y alimentos, albergues, etc) a las situaciones más graves y perentorias impidiendo que, de resultas de esta crisis, vuelvan a surgir bolsas de miseria que, en España, estaban prácticamente erradicadas.



miércoles, 18 de agosto de 2010

Desempleo: Sin luz al final del túnel

Los recientes datos ofrecidos por la última Encuesta de Población Activa, correspondientes al segundo trimestre de 2010, y a pesar de los esfuerzos de algunos analistas por intentar sacar algún dato positivo que los atemperen y, así insuflar un cierto optimismo en la opinión pública, dejan poco espacio para la duda.

El número de parados aumenta en 32. 800 personas respecto al trimestre anterior y se sitúa en 4.645.500. La tasa de paro aumenta 1,22 puntos, situándose en el 20,09%. La cifra de desempleados se ha incrementado en 602.000 personas en los últimos 12 meses.

Es cierto que crece, por primera vez en meses, el número de personas ocupadas, algo habitual en estas fechas de inicio de la temporada de verano, pero también lo es que, en este trimestre, se incorpore a la población activa la legión de personas que, al concluir en junio sus estudios, se incorporan al mercado de trabajo. Otros años, a pesar de confluir ambos factores, la cantidad de personas desempleadas disminuía en términos absolutos. Este año no ha sido así.

La población activa está incrementándose, además, pues al quedar el cabeza de familia en situación de desempleo, otros miembros de la unidad familiar, anteriormente dependientes, se ven obligados a salir al mercado de trabajo para intentar aportar recursos económicos a la familia. En conclusión, a pesar del crecimiento puntual de la oferta de trabajo, no parece que la dinámica esté cambiando aún.

En la Comunidad de Madrid, en particular, el crecimiento del paro se ha notado con mayor intensidad al tener, en relación con otras Comunidades Autónomas, un menor impacto el aumento estacional del empleo derivado del turismo. En total existen 11.200 parados más que al concluir el trimestre anterior y un total de 563.700 desempleados en la Comunidad de Madrid.

Esta situación obliga a los poderes públicos a adoptar medidas orientadas a subvertir esta tendencia. Dada la distribución competencial en esta materia, muchas de las medidas deben proceder del Estado y, en ese sentido, no parece que las reformas introducidas por la reforma laboral que, actualmente se está tramitando en el Congreso, supongan realmente un cambio de modelo, antes al contrario, la facilitación del despido por razones objetivos previsiblemente va a producir a corto plazo un incremento en las extinciones de contratos de trabajo.

En cambio, de haber sido aprobada, si que podía haber sido un auténtico revulsivo la enmienda presentada por UPyD en sede parlamentaria, consistente en la simplificación de todos los actuales modelos de contratación en un único contrato indefinido garantizado por una indemnización progresiva en función de la propia duración de la relación laboral. Desgraciadamente, no contó con apoyos suficientes.

Pero también en el ámbito de la administración autonómica madrileña, dentro del estrecho ámbito competencial que tiene conferido, es necesario actuar, introduciendo una mayor racionalización en sus políticas activas de empleo y siendo imaginativo a la hora de articular instrumentos que favorezcan la creación de microempresas y el apoyo a los trabajadores autónomos, reciclando trabajadores procedentes del sector de la construcción en otras áreas del mercado laboral, recurriendo a sus propios recursos fiscales para incentivar la creación de empleo por parte de las economías domésticas. En fin, siendo dinámicos y creativos a la hora de afrontar soluciones a estos nuevos problemas.

Nuestros gobiernos, tanto en el ámbito nacional como en el autonómico y local, han estado acostumbrados durante los últimos lustros a gestionar en la opulencia, donde cualquier problema podía solucionarse, o retrasar sus efectos, poniendo más dinero sobre la mesa. Ahora nos encontramos con que no queda dinero y hace falta administrar de verdad. Gestionar recursos escasos para asignarlos a numerosas necesidades. En materia de desempleo no es distinto y vemos como, en el ámbito de la Comunidad de Madrid, existe ahora una cierta parálisis, un no saber que hacer ante lo que está sucediendo. Amparados en que en nuestra Comunidad los efectos de la crisis retrasaron su llegada, no se hizo nada realmente efectivo para impedir que, finalmente, el desempleo se desate también con todas sus consecuencias en nuestro entorno.

Aún estamos en medio del túnel de la crisis y, al margen de algunas bombillas que pueden servirnos para seguir avanzando, no se ve ninguna luz que anuncie su final.