jueves, 27 de enero de 2011

La falacia de comparar el modelo de reparto de la Seguridad Social con las pirámides financieras

Últimamente estoy volviendo a escuchar por la radio y a leer en los periódicos, cómo prestigiosos economistas y expertos caen en la celebre falacia de calificar al modelo de reparto que rige nuestro sistema de pensiones como un mecanismo análogo a una pirámide financiera.

Tomando como bueno el concepto expuesto por Manuel Conthe en un reciente artículo en Expansión, podemos entender las pirámides financieras como aquellas en  las que “los promotores de la entidad piramidal ofrecen a quienes invierten en ella una rentabilidad muy superior a la que producen los fondos que reciben en administración. Esa diferencia entre sus rentabilidades pasivas y activas provoca en la entidad un desequilibrio patrimonial creciente, que sus promotores y contables suelen ocultar ignorando los compromisos futuros de pago, pero que aflora tan pronto los inversores intentan en masa retirar su “dinero” –incluidos sus ficticios rendimientos- o las autoridades, advertidas del fraude, intervienen la entidad para sorpresa de los estafados”.

Las pirámides financieras, que no son sino una suerte de estafa, surgen como mecanismos basados, teóricamente, en la capitalización y rentabilidad de los ingresos que en ellas se realizan y sus promotores suelen “vender” a sus suscriptores extrañas “inversiones” en bienes o negocios con presuntas rentabilidades superiores a la media. Es decir, las pirámides financieras son una perversión intrínseca de los modelos financieros basados en la capitalización de inversiones gestionadas de manera especulativa y que saca partido de la confianza que los inversores depositan en esos especuladores

Por el contrario, los sistemas de seguridad social basados en los modelos de reparto, tal y como aparecen configurados en los Estados de bienestar donde están implantados, son esencialmente mecanismos públicos de redistribución de la riqueza en los que se aúnan tanto elementos procedentes del derecho privado (principalmente del contrato de seguro del que históricamente partieron) como elementos de derecho público (en particular, tributario) que determinan que la relación entre el cotizante/pensionista y la Entidad gestora de la Seguridad Social sea una relación de derecho administrativo y que, en consecuencia, pueda ser alterada por los poderes públicos en función de las disponibilidades y necesidades de cada momento en función de los condicionantes sociales y económicos.

En los sistemas de reparto el elemento económico-financiero, aún siendo muy relevante, no es el único que debe tenerse en consideración y las simplificaciones que en este sentido formulan algunos economistas para reconducir a esta peyorativa analogía ni son casuales ni inocentes. Existen demasiados intereses en juego.

Es cierto, que el sistema debe reformarse. Es cierto que la reforma apuntada en el informe de la Comisión del Pacto de Toledo es, a mi juicio, insuficiente y que el actual sistema no puede desconocer ni el alargamiento en la esperanza de vida de los beneficiarios del sistema ni la evolución de la pirámide demográfica y que, en ese sentido, el modelo de reparto puro deber ir tendiendo hacia un modelo más ecléctico en el que se prevean mecanismos complementarios de capitalización que ayuden a paliar  eventuales insuficiencias del vigente modelo. Es necesario que el sistema evoluciones de manera pareja a como evolucionan las circunstancias económicas y sociales en las que ha de desenvolverse.

Pero también es cierto que, en aquellos países donde el modelo de reparto se está gestionando eficientemente, ha dado respuesta durante varias generaciones a las necesidades de seguridad social de la población, mientras que, a lo largo de la historia, de manera  reiterada se ha comprobado que los sistemas de capitalización puros, por unas razones o por otras, han venido quebrando regularmente y, que en un porcentaje muy alto de los casos, solo benefician a las entidades privadas que los gestionan. ¿Es extraño que ningún prestigioso economista haya apreciado en estos elementos alguna analogía de los sistemas de capitalización con las pirámides financieras?

miércoles, 19 de enero de 2011

“That makes no sense!”

Muchas veces, hasta que no intentamos explicar algo a otras personas no nos damos cuenta realmente del significado o importancia de lo que explicamos. Si, además lo haces en un idioma que no es el nativo, al tener que pensar mejor lo que se dice te da tiempo a ser más consciente de ello.

Recientemente he tenido ocasión de participar en el extranjero en un proyecto de colaboración con expertos de otros países sobre protección de datos de salud donde, en determinado momento, en una reunión de trabajo, me vi en la necesidad de explicar a mis colegas como, en España, nuestro Sistema Nacional de Salud se descompone en dieciocho subsistemas diferentes con gran autonomía de gestión (diecisiete comunidades autónomas además de la Administración del Estado para gestionar la asistencia sanitaria de Ceuta y Melilla) y que ello conduce a que existan diversos matices a la hora de regular en cada sitio el tratamiento de los datos de salud de sus pacientes. Tras preguntarme si disponíamos de un sistema informático para el tratamiento de los datos aclaré que dependía de cada comunidad autónoma, que unas estaban más avanzadas que otras y como, después de gastar cada Servicio regional de salud el dinero en aplicaciones distintas para realizar el tratamiento informatizado de las historias clínicas, se ha tenido que seguir invirtiendo en una nueva herramienta que permita que la información fluya entre los diversos subsistemas para que la asistencia sanitaria pueda seguir prestándose con independencia de donde se encuentre el paciente.

Me pareció que sus caras de estupor y sus bocas abiertas ya se convirtieron en sonrisas irónicas cuando intentaba explicar que el concepto legal de anotación subjetiva (determinadas manifestaciones que recogen los médicos en las historias clínicas de sus pacientes) era distinto según que la legislación aplicable fuera la extremeña, la gallega o la castellano-manchega y me preguntaban, ni sin cierta incredulidad, si la respectiva capacidad legislativa de las “regiones” podía extenderse a ese tipo de conceptos jurídicos. Alguien dijo algo  así como “That makes no sense!”.

Nunca pensé que podría llegar a sentirme ridículo intentando explicar algo de lo que, en principio, uno se siente orgulloso como es nuestro sistema público de asistencia sanitaria. Sin embargo la dinámica en la que, sin darnos cuenta, hemos entrado es tan absurda como insostenible, tanto en términos económicos como de eficacia en la gestión.