jueves, 24 de marzo de 2011

Un nuevo interlocutor social: FEDECA

En el reciente proceso electoral para la representación unitaria de los trabajadores en el ámbito de la Administración General del Estado, y a la espera de que se celebren elecciones en algunos organismos y Ministerios, destacan dos datos importantes. Por una parte, la victoria por primera vez desde 1987 de la CSIF en el computo final de delegados (383) y, por otro lado, la irrupción con fuerza de FEDECA, la Federación de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración General del Estado que, de momento ya acumula 135 delegados, está a punto de entrar en la Mesa General de la Administración General del Estado y se constituye, por número de delegados, en la quinta fuerza sindical dentro de la función pública.

La importancia de este resultado es particularmente relevante si tenemos en cuenta que FEFECA actúa como un auténtico sindicato de cuadros medios y superiores, al agrupar en su seno a las asociaciones profesionales de treinta y cinco Cuerpos de funcionarios del grupo A1 de la Administración pública (funcionarios que desempeñan los puestos de trabajo de nivel 24 en adelante) por lo que, por vez primera, este colectivo podría llegar a tener voz en un escenario de negociación del que tradicionalmente ha estado ausente lo que ha generado una progresiva pérdida de influencia y, en la práctica, de derechos laborales.

No lo han tenido fácil. En la anterior convocatoria los sindicatos mayoritarios (incluyendo la CSIF), con  la connivencia de los gestores de RR.HH. de diversas dependencias ministeriales excluyeron ilegalmente las candidaturas presentadas por FEDECA en algunos de los procesos electorales y fue necesario que el Tribunal Constitucional en sentencias 152/2008, de 17 de noviembre y 96/2009, de 20 de abril de 2009 confirmaran que  FEDECA no es sólo una agrupación de índole asociativa, sino una “entidad asociativa con relevancia constitucional al estar su actuación encaminada a la promoción y defensa de los intereses económicos y sociales de los funcionarios” pertenecientes a las distintas Asociaciones que la componen, no existiendo “ningún impedimento constitucional o legal para constituir sindicatos en los que la afiliación atienda a las cualificaciones profesionales, especialidades laborales o profesionales de los trabajadores”.

Así pues, ha sido el Tribunal Constitucional quien ha reconocido que esas asociaciones profesionales pueden utilizar medios de acción sindical, como la constitución de secciones sindicales, el nombramiento de delegados sindicales, participar en la negociación colectiva de las condiciones de trabajo, adoptar medidas de conflicto colectivo y, lógicamente, presentar candidaturas en los procesos de elección de representantes del personal para velar por los intereses profesionales de sus representados ante la Administración pública por medio de delegados y de presencia en las juntas de personal.

El actual éxito electoral de FEDECA está relacionado con la novedosa movilización sindical de los funcionarios de los Cuerpos superiores que si bien surge como un intento de reivindicar su papel como profesionales independientes de la función pública ajenos al clientelismo partidista, en los último tiempos se ha visto reforzada por las últimas decisiones del Gobierno en materia retributiva, en las que resultan particularmente agraviados al convertirles en los principales perjudicados de la reducción salarial impuesta el año pasado. Efectivamente, dado el carácter progresivo de la reducción, acordado con el objetivo de calmar la reacción de las centrales sindicales mayoritarias, mientras al personal que presta servicios en los escalones más bajos de la administración se les minoraba el sueldo en porcentajes cercanos al 1% o al 2%, los funcionarios de los Cuerpos Superiores, que en realidad son la columna vertebral del sistema, veían su nómina reducida en más de un 7%, porcentaje que incidía en su capacidad real de gasto y que agravaba la pérdida de poder adquisitivo heredada de años anteriores.

Estas circunstancias han provocado que, superando viejas rencillas corporativas, los funcionarios de los Cuerpos Superiores se hayan coordinado para actuar con una unidad de acción de la que ahora se ven los primeros resultados positivos. Esperemos que la nueva situación favorezca una negociación colectiva más equilibrada y una mejora en las políticas de recursos humanos de las Administraciones Públicas.

(artículo publicado en la sección de opinión de la página web de Gestiona Radio)

martes, 22 de marzo de 2011

Sobre las autoridades autonómicas de protección de datos personales

Es difícil discutir que el derecho a la autodeterminación informativa de los individuos constituye un derecho fundamental que merece una protección cualificada, más aún en este mundo tecnológicamente avanzado donde el uso descontrolado de la información de las personas puede incidir, no solo en el ámbito de su intimidad sino, incluso, en su libertad. La manera en la que, durante las últimas décadas, se ha procurado proteger este derecho sigue dos tendencias principales: la autorregulación por corporaciones y administraciones supervisada por los tribunales ordinarios que prima en EE.UU., y la existencia de un corpus normativo específico y autoridades públicas de protección propia de la Unión Europea.

Lo relativamente novedoso de la incorporación al ordenamiento jurídico español de este derecho, si bien en España,  como ha confirmado el Tribunal Constitucional en su conocida sentencia 292/2000, de 30 de noviembre de 2000, ya encontraba su arraigo en el art. 18.4 de la Constitución de 1978, ha tenido como consecuencia que el derecho europeo haya influido en la constitución de unos mecanismos de protección específicos de este derecho que lo singularizan respecto del resto de los derechos fundamentales que encuentran su salvaguardia, en primer término, en los tribunales ordinarios y, finalmente, en el Tribunal Constitucional.

Así, como consecuencia de la normativa comunitaria -actualmente la Directiva Comunitaria 95/46/CEE de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos-, existen en cada Estado miembro de la Unión Europea unas estructuras administrativas específicas dedicadas en exclusiva a la protección de los datos de las personas física frente a otros particulares o, en determinados casos, frente a las administraciones públicas.

En España, existe la Agencia Española de Protección de Datos con la función principal de velar por el cumplimiento de la legislación sobre protección de datos y controlar su aplicación, en especial en lo relativo a los derechos de información, acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos. Es una Agencia de reducido tamaño pero que gracias a una legislación especialmente severa, a una eficaz actuación inspectora y, al mismo tiempo, a una poderosa actuación de concienciación ciudadana, está consiguiendo poco a poco que este derecho tan desconocido como importante vaya encontrando su acomodo en nuestro ordenamiento jurídico.

Sin embargo, en una iniciativa sin parangón en otros estados europeos, al abrigo de una interpretación expansiva de las atribuciones competenciales de autoorganización, algunas Comunidades Autónomas  han iniciado la creación de autoridades autonómicas orientadas tan solo a la protección de los datos personales contenidos en los ficheros de los que la administración autonómica sea responsable.

Paradójicamente, fue la de Madrid la primera Comunidad Autónoma en crear una institución de esta naturaleza, por medio de la Ley 8/2001, de 13 de julio, de Protección de Datos de Carácter Personal en la Comunidad de Madrid. Cómo es lógico pensar, dada la dinámica en la que estamos inmersos, este impulso fue rápidamente seguido por Cataluña con su Ley 5/2002, de 19 de abril, de la Agencia Catalana de Protección de Datos y por el País Vasco con la ley 2/2004, de 25 de febrero. En Galicia llegó a presentarse a su Parlamento una propuesta de Ley que también preveía la creación de una autoridad de protección de datos, sin embargo, su tramitación fue interrumpida por una convocatoria electoral y, de momento, el proyecto se ha abandonado

En realidad, se trata de entidades con un ámbito competencial tan reducido que dedican más recursos a actividades divulgativas que en actuaciones de inspección propiamente dichas y, en ocasiones, reiterando sus esfuerzos de manera concurrente con la AEPD en una competencia un tanto estéril. Así, por ejemplo, ha surgido la trascendente cuestión jurídica de cuál debe ser la autoridad de protección competente para supervisar las entidades de derecho privado creadas por las Comunidades Autónomas (Fundaciones, Empresas públicas, etc) con Agencias de protección de datos propias.

Por otra parte, la eficacia de estos organismos autonómicos en la consolidación del derecho a la protección de datos de los ciudadanos frente a los poderes públicos es dudosa. Por poner solo un ejemplo, en Madrid y a pesar de su flamante Agencia y de sus múltiples resoluciones en ese sentido, es prácticamente imposible que un  hospital público entregue a un paciente su historia clínica completa sin tener que pasar por un auténtico calvario de reclamaciones y recursos.

Uno se pregunta si no sería más interesante concentrar los escasos recursos disponibles potenciando un único organismo nacional para impulsar y garantizar este derecho en todos los ámbitos donde la legislación lo permite, en vez de difuminar la inversión, y el indudable talento de muchos de quienes allí trabajan, en pequeñas entidades. Como suele decirse, la unión hace la fuerza.

jueves, 10 de marzo de 2011

Roberto In Memoriam

En estos tiempos en los que los iconos que inspiran el interés del público suelen ser fútiles estrellas mediáticas con poco más que una cara bonita que ofrecer, no sorprende que el fallecimiento de personas que, en mayor o menor medida, han desempeñado tareas de notable responsabilidad en la Administración, pasen casi totalmente desapercibidas para los medios de comunicación. Así ha sucedido con el fallecimiento prematuro, la pasada semana, de Roberto Pérez López, Letrado de la Administración de la Seguridad Social y de la Xunta de Galicia y prestigioso jurista del Derecho sanitario, del que apenas se hizo eco “La Voz de Galicia” con una breve reseña.

El gran público no lo conocía. En general, los altos funcionarios de la Administración que no tienen la condición de políticos de partido pasan bastante desapercibidos al estar los “focos de la noticia” centrados en los cargos representativos. Sin embargo, su función ha sido y, en la medida en que subsisten sigue siendo, esencial para que el Estado de Bienestar pueda prestar los servicios que aún proporciona. Sirvan estas líneas para reivindicar su trabajo y su memoria.

Roberto Pérez López comenzó su andadura profesional en enero de 1978, tras aprobar las oposiciones al Cuerpo Técnico de la Administración de la Seguridad Social y, al poco, empezó a ejercer también como abogado fundando con otros compañeros, a primeros de los años 80, un bufete laboralista. Más tarde, tras haber desempeñado el puesto de Subdirector Provincial en La Coruña de Servicios Generales del INSALUD, y tras una breve etapa como Administrador del servicio especial de urgencias del INSALUD entre 1984 y 1985,ante la falta de funcionarios del Cuerpo de Letrados, fue nombrado Letrado de la Seguridad Social habilitado. La abogacía era su auténtica vocación pero, a diferencia de otros habilitados que intentaron perpetuar su condición aprovechándose de sus contactos e influencias, él decidió preparar, compaginándolo con su trabajo y con la dedicación a su familia, las duras oposiciones de ingreso al Cuerpo de Letrados de la Administración de la Seguridad Social con sus más de trescientos temas y sus exámenes orales y escritos. Superó con éxito la prueba y dio inicio a una nueva etapa como Letrado de carrera.

Cuando se verificó la transferencia de las funciones y servicios del INSALUD a la Comunidad Autónoma, se incorporó a la administración autonómica gallega, integrándose en la Escala de Letrados de la Xunta de Galicia. Fue uno de los responsables de organizar la asistencia jurídica al nuevo organismo autónomo que surgió para sustituir al INSALUD, el SERGAS. Allí, desde 1993, ocupó la plaza de Letrado Jefe de la Asesoría Jurídica en La Coruña (donde coincidiríamos durante algo más de dos años) y, más tarde la Vicesecretaría General.

Cuando en 1996 Romay Beccaría fue nombrado Ministro de Sanidad y Consumo y Núñez Feijoo, Presidente del INSALUD, incorporaron a su equipo a Roberto Pérez como Director General de Recursos Humanos del INSALUD, donde hubo de lidiar, entre otros, con el grave problema de la precariedad en el empleo del personal al servicio del Sistema Nacional de Salud, consecuencia de que durante casi diez años no se hubieran convocado oposiciones de ingreso para personal sanitario; también dio un fuerte impulso a la tarea de redactar un Estatuto Marco del Personal Sanitario, que sin embargo, no vio la luz hasta casi el fin de la siguiente legislatura.

En el año 2000 retorna a La Coruña, para volver a ejercer como Letrado primero en el SERGAS y luego en el servicio jurídico provincial del INSS, lo que compatibilizaría con una incipiente actividad como miembro del Comité de Justicia Deportiva de Galicia, del que llegaría a ser Presidente a partir de enero de 2008 y, finalmente, en  el año 2009 fue nombrado Secretario General de la Consellería de Sanidade, puesto que desempeñó hasta julio de 2010, al hacerse patente la enfermedad que terminaría causando su muerte con apenas 57 años.

En paralelo, como especialista pionero en Derecho sanitario, fue miembro fundador de la Asociación de Juristas de la Salud, a cuya Junta directiva aún pertenecía. En 1997, publicó junto con otros compañeros, uno de los primeros Códigos donde se recopilaba y concordaba la siempre compleja normativa en materia sanitaria (Código Sanitario de Galicia, Ed. Fundación Novoa Santos, el Ferrol, 1997), del que se publicaría una Addenda en el año 2000; también a lo largo de su trayectoria realizó otras aportaciones doctrinales sobre, por ejemplo, el régimen jurídico del personal estatutario del Sistema Nacional de Salud, la responsabilidad patrimonial de la administración sanitaria o diversas cuestiones en materia de función pública, etc…, tanto en libros colectivos como en revistas especializadas.

Sin embargo la mera mención de sus cargos y publicaciones no hace justicia a la labor de este hombre honesto y trabajador, generoso pero también exigente con sus subordinados, competente y, sobretodo, leal para con sus compañeros y superiores. Fue un gran creador de equipos, constituyéndose, para muchos de los que alguna vez trabajamos a sus órdenes, en un auténtico referente que luego hemos intentado emular cuando hemos tenido que hacer frente a responsabilidades de gestión. Un ejemplo de esa función pública profesional, cualificada técnicamente, que sabe combinar una razonable independencia personal y política con la imprescindible lealtad para con los responsables políticos que los nombran.

Durante éstas últimas décadas, gran parte de lo que se ha conseguido avanzar en este país en todos los órdenes (educativo, sanitario, etc)  ha sido gracias a la labor discreta y tenaz de hombres como Roberto Pérez que aunaron capacidad de trabajo y entrega al servicio público con una sana ambición que, en su caso, le hacía siempre intentar hacer un buen trabajo allá donde estuviera. Su marcha deja un vacío importante, pero su recuerdo deberá servir de acicate para continuar su ejemplo y seguir intentando, a los que somos profesionales de la función pública, dar cada día lo mejor de nosotros mismos. No siempre resulta fácil.

jueves, 3 de marzo de 2011

The Ocean's ERE's

(Colaboración publicada incialmente en el blog "Hay Derecho"?

En este país de Lazarillos y Buscones ya no debiera sorprendernos la aparición de una nueva forma de hacer dinero fácil a costa de los demás, sin embargo en ocasiones la realidad deja atrás cualquier ingeniosa trama de ficción. No se por qué extraña asociación de ideas (pues la cosa no tiene la menor gracia) me viene a la cabeza la simpática película protagonizada por George Clooney cuando releo las noticias acerca de los fraudes que, presuntamente, parece que se han cometido con ocasión de la tramitación de determinados expedientes de regulación de empleo (ERE’s).

En un principio, los ERE’s son un procedimiento administrativo-laboral de carácter especial dirigido a obtener, de la Autoridad Laboral competente, una autorización para suspender o extinguir las relaciones laborales cuando concurran determinadas causas y garantizando los derechos de los trabajadores. Se trata de un procedimiento instituido como una garantía a favor de los que prestan servicios en una empresa que atraviesa una situación económica delicada y cuando, como consecuencia de esas circunstancias, se planifique un despido colectivo fundado en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción; una suspensión o extinción de la relación laboral por fuerza mayor; una suspensión de la relación laboral fundada en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción y reducción de jornada por las mismas causas o; por último, una extinción de la relación laboral por extinción de la personalidad jurídica del contratante.

En caso de extinguirse los contratos de trabajo, se establece una indemnización para los trabajadores equivalente a 20 días de salario por año trabajado y se garantiza que, en caso de insolvencia empresarial, el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) anticipe el pago.

La tramitación de este procedimiento es relativamente compleja. La legitimación para iniciarlo la tienen tanto la empresa como los representantes legales de los trabajadores cuando se presuma que la no incoación del mismo por el empresario pudiera ocasionarles un perjuicio de imposible o difícil reparación; y su tramitación corresponde, tras los traspasos de competencias a las Comunidades Autónomas, a la Administración autonómica competente, si bien en ciertos casos, la Administración General del Estado (AGE) sigue actuando como autoridad laboral. Durante su tramitación es preciso abrir un periodo de consultas que, en la práctica, es un proceso de negociación entre la empresa y los representantes de los trabajadores.
Así, en el caso andaluz (que es el que suscita el presente comentario), de acuerdo con lo previsto en el  Real Decreto 1034/1984, de 9 de mayo, por el que se aprueba la transferencia de funciones y servicios a la Comunidad de Andalucía en materia de expedientes de regulación de empleo, solo deberá actuar la AGE cuando el ERE se refiera a determinadas empresas como sociedades estatales, empresas pertenecientes al Patrimonio del Estado, empresas relacionadas directamente con la defensa nacional, etc. La Administración del Estado también deberá informar preceptivamente el expediente cuando afecte a empresas con una plantilla superior a 500 trabajadores.

Cuando la autorización afecta a los centros de trabajo o trabajadores radicados en dos o más Comunidades Autónomas, conocerá el expediente de regulación de empleo la Dirección General de Trabajo (DGT) del Ministerio de Trabajo e Inmigración; igualmente, le corresponderá la competencia para resolver si el 85 por 100, como mínimo, de la plantilla de la empresa radica en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, pero en este supuesto el registro e instrucción de la solicitud de expediente se realizará ante la autoridad laboral autonómica, quien remitirá su propuesta a la DGT para la resolución del expediente que, si bien en principio, podría oponerse a la propuesta justificando los motivos de dicha oposición, en la práctica al no estar prevista la tramitación de un nuevo expediente redundante y en base al principio de confianza legítima derivada del carácter de Administración Pública de la entidad proponente, puede adoptar el acuerdo de resolución de manera automática.

Por otra parte, la norma de traspaso de competencias establecía que en aquellos expedientes en que se proponga la jubilación anticipada de trabajadores, y cuya competencia resida en la Comunidad Autónoma de Andalucía, será preciso que ésta cuente con fondos suficientes para su financiación. En todo caso, la Comunidad Autónoma deberá respetar y cumplir las normas sobre financiación, garantías y sistemas de cómputo establecido para el sistema de jubilaciones anticipadas.

Por lo tanto, en el caso que ahora comentamos, nos encontramos con un proceso en el que deben intervenir, por regla general, como mínimo tres instituciones (empresa, sindicatos y administración) pero, cómo hemos visto, la natural pluralidad en la representación de los trabajadores y la concurrencia de varias Administraciones pueden multiplicar el número de agentes implicados. Además, al incluir una proposición de jubilaciones anticipadas el procedimiento debería incorporar las cautelas propias de los procedimientos de concesión de subvenciones.

Uno no puede dejar de preguntarse cómo es posible que en un procedimiento tan complejo y en el que intervienen tantos actores pudiera alguien animarse a emprender una operación de inclusión masiva de intrusos en los expedientes de regulación de empleo, es decir de personas que no cumplen los requisitos legales para ser incluidos en el expediente. Si ya parece difícil que una persona pudiera colarse, resulta absolutamente inverosímil que 30 o 40 personas pudieran pasar desapercibidas. Para ello sería necesario, primero que el empresario accediese a incluirlos fraudulentamente en la relación de trabajadores afectados; segundo, que los representantes de los trabajadores (tanto la representación sindical como la unitaria) diesen por buena esa inclusión y; tercero, que las Autoridades laborales que han de instruir y, finalmente, aprobar el expediente y la Administración que ha de conceder las subvenciones aceptasen sin reservas esa decisión sin comprobar si los interesados cumplían o no con los requisitos.

Sólo caben dos respuestas a esa pregunta (y no son respuestas basadas en el conocimiento jurídico, sino en el sentido común), o se trata de unos (muchos) torpes metidos en un tinglado que les queda grande y a los que se les ha “pillado con las manos en la masa” o, estaban tan confiados en la corrupta complicidad del entorno y/o en la negligencia de los que deberían ejercer la vigilancia sobre este tipo de tramitaciones, que se sentían impunes para hacer semejante tropelía.

Que cada cual se quede con la respuesta que mejor le cuadre. En cualquier caso, solo queda alegrarse de que, al menos en este caso, las trampas hayan salido a la luz y la justicia ya esté tomando cartas en el asunto. Los ERE’s, institución jurídica que supone el último baluarte de los derechos económicos de los trabajadores en los casos de insolvencia empresarial, no merecen convertirse en un instrumento para que ventajistas sin escrúpulos se procuren una renta vitalicia.