jueves, 26 de mayo de 2011

Incompatibilidad entre la pensión de jubilación y el ejercicio de actividad de los profesionales colegiados

En el Boletín Oficial del Estado de hoy ha salido publicada la Orden TIN/1362/2011, de 23 de mayo, sobre régimen de incompatibilidad de la percepción de la pensión de jubilación del sistema de la Seguridad Social con la actividad desarrollada por cuenta propia por los profesionales colegiados.

Con esta disposición se acaba con la práctica administrativa de mantener la compatibilidad entre el percibo de la pensión de jubilación y el ejercicio de aquellas actividades profesionales en régimen de colegiación, en las que sus titulares no se encuentren encuadrados en el RETA por haber optado por su inclusión en una mutualidad reprevisión social.

Efectivamente, durante los últimos años, se había mantenido pacíficamente el criterio administrativo de que la actividad del profesional colegiado no daba necesariamente lugar a la inclusión, de quien la llevara a cabo, en el campo de aplicación de alguno de los regímenes de la Seguridad Social, lo que hubiera comportado la obligación de quedar encuadrado en el mismo; sino que la cuestión quedaba a la elección del interesado y se respetaba su derecho de optar libremente entre quedar en el campo de aplicación de uno (público) u otro (privado) mecanismo de protección.

Como señala la exposición de motivos de la Orden recién publicada, este criterio perdió su base a partir de la entrada en vigor de la nueva redacción de  disposición adicional decimoquinta de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de ordenación y supervisión de los seguros privados, dada por el artículo 33 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social. El párrafo primero de esa Disposición adicional estableció que:

“Quienes ejerzan una actividad por cuenta propia, en las condiciones establecidas por el Decreto 2530/1970, de 20 de agosto, que requiera la incorporación a un Colegio Profesional cuyo colectivo no hubiera sido integrado en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, se entenderán incluidos en el campo de aplicación del mismo, debiendo solicitar, en su caso, la afiliación y, en todo caso, el alta en dicho Régimen en los términos reglamentariamente establecidos”.

Esa obligación de alta en el repetido régimen queda exonerada, no obstante, en aquellos casos en que el interesado opte por incorporarse alternativamente a la correspondiente mutualidad de previsión social, en la hipótesis de que exista tal mutualidad y que la misma reúna los requisitos que en la propia disposición se exigen para actuar como alternativa al RETA.

La Orden que comentamos constituye un nuevo paso que entra en concordancia con la pretensión de hacer del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos no tanto un régimen especial sino el segundo gran régimen de referencia del sistema junto con el Régimen General

Así pues, a partir de su entrada en vigor, tras la vacatio legis de dos meses recogida en la Orden, el régimen de incompatibilidad entre pensión de jubilación y el trabajo del pensionista previsto con carácter general será también aplicable con respecto al ejercicio de la actividad por cuenta propia de los profesionales colegiados que, al amparo de lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, en la redacción dada por el artículo 33 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, se hallen exonerados de la obligación de causar alta en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, con independencia de que queden o no integrados en una de las mutualidades de previsión social a las que la indicada disposición legal posibilita su actuación como alternativas al alta en el expresado régimen especial

Únicamente se establece como excepción, a fin de respetar el principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, reconocido en materia de prestaciones de Seguridad social, entre otras, por la Sentencia del Tribunal constitucional 188/1988, de 17 octubre, a los supuestos en los que la correspondiente pensión de jubilación viniera compatibilizándose con el ejercicio de la actividad por cuenta propia del profesional colegiado con anterioridad a la entrada en vigor de esta orden. Nos encontramos pues que esta Orden es una norma con proyección pro futuro y no afecta a los derechos ya consolidados a la prestación.

Desde un punto de vista jurídico, la disposición es irreprochable y coherente con la doctrina de los Tribunales Superiores de Justicia de interpretar que el legislador hace de la incompatibilidad de las pensiones de seguridad social con el trabajo, la regla general (Sentencia núm. 247/2005 de 14 abril, del TSJ de Madrid, AS 2005\837). Sin embargo, en su rotundidad, parece desechar la posibilidad de que en el ámbito del ejercicio profesional pudiera plantearse algo semejante a una jubilación parcial.

Lo cierto es que, con la edad, las posibilidades de ejercer una profesión en plenitud disminuyen muchísimo y, salvo honrosas excepciones, la disminución en la capacidad para el trabajo y de los asuntos o proyectos que pueden ir llegando a los abogados, arquitectos y otros profesionales que ejercen sus profesiones liberales a esa edad hacen que, en muchos casos, se trate de una actividad residual que supone más una ocasión para seguir manteniéndose activos que para realizar una actividad económica que constituya su principal fuente de ingresos. Tal vez fuera conveniente de cara a futuro, hacer un análisis más profundo de esta realidad y ver de qué manera la aplicación práctica de esta nueva incompatibilidad redunda en un beneficio proporcional para las arcas de nuestra Seguridad Social. Tal vez, fuera posible introducir alguna reforma tendente a que la jubilación parcial pudiera hacerse extensiva a estos colectivos.

En ese sentido, no podemos sino recordar el apartado 4º de la Disposición adicional   de la LGSS, en la redacción dada recientemente por la Ley 39/2010, de 22 de diciembre de presupuestos generales del Estado para 2011, cuando dispone que la jubilación parcial resultará de aplicación también a los trabajadores por cuenta propia incluidos en los Regímenes Especiales de Trabajadores del Mar, Agrario y de Trabajadores Autónomos, en los términos y condiciones que se establezcan reglamentariamente. Dado que no ha tenido lugar este desarrollo reglamentario, estos trabajadores en la actualidad no pueden acogerse este tipo de jubilación.

Resulta paradójico que se regule con mayor rigor las incompatibilidades antes de desarrollar, siguiendo el mandato legal, las normas que permitirían la posibilidad de poder realizar una jubilación parcial y, así, poder hacer disminuir la percepción de su prestación de jubilación de manera proporcional a los ingresos previstos con el desempeño de su profesión.

Encontrándose pendientes ambas reformas, hubiera parecido más oportuno haberlas abordado de manera simultánea.

Post Scriptum: Tras las críticas recibidas por gran parte de la doctrina y de los colectivos afectados, el gobierno ha dado marcha atrás y finalmente, la Disposición Adicional Trigesimoséptima de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, de actualización, adecuación y modernización del sistema de la seguridad social, deroga en la práctica esta efimera Orden volviendo a dejar en vigor el criterio precedente, estableciendo que

"El Gobierno presentará un proyecto de ley que regule la compatibilidad entre pensión y trabajo, garantizando el relevo generacional y la prolongación de la vida laboral, así como el tratamiento en condiciones de igualdad de las diferentes actividades. Mientras no se produzca esta regulación, se mantendrá el criterio que se venía aplicando con anterioridad a la entrada en vigor de la orden TIN/1362/2011, de 23 de mayo."

viernes, 20 de mayo de 2011

Al Movimiento del 15 de mayo se le ve el plumero

Somos muchos los que, de un tiempo a esta parte, estamos desencantados por cómo van las cosas en nuestro sistema político y pensamos que es necesario desarrollar reformas que corrijan el rumbo que está tomando nuestra sociedad. Por eso intentamos colaborar en diversas iniciativas para ayudar a hacerlo. Así ha surgido el Foro de la Sociedad civil, blogs como “Nada es gratis”, “¿Hay Derecho?” o, en su modestia, éste mismo. Incluso, ciertos partidos políticos como Ciudadanos o UPyD han iniciado su andadura como movimientos sociales de respuesta a la actual decadencia de nuestro sistema democrático. Todos estamos preocupados por la deriva en la que estamos y hemos decidido dar un paso al frente y, en la medida de nuestras posibilidades, intentar corregir las cosas. Por eso, la primera reacción ante movimientos como “Democracia Real Ya” o el “Movimiento 15 de mayo”, no puede ser sino de simpatía y cierta complicidad.

J.M.Pérez: La Puerta del Sol en Mayo de 12011
Sin embargo, una vez vistas las primeras propuestas surgidas de las Asambleas, uno se percata de su superficialidad  e inconsistencia y de una cierta contradicción interna. Así, de una parte, piden democracia real, pero al mismo tiempo plantean no votar, es decir renunciar voluntariamente a un derecho por el que se ha luchado durante generaciones. En si mismo, plantear como propuesta principal no votar (justo antes de que se celebren unas elecciones) implica negar legitimidad al sistema democrático vigente e, implícitamente, abre la puerta a pretender la toma del poder por otras vías ¿Eso es democracia?. Por otra parte, se quejan de que el sistema actual impide la igualdad de oportunidades en la concurrencia a las elecciones, pero al mismo tiempo, ellos también presionan, provocando que los partidos que concurren a las elecciones tengan que cambiar de lugar para realizar sus actos electorales. Finalmente, su reacción ante las resoluciones de la Junta Electoral Central revela una cierta falta de respeto por la legalidad y, la tendencia de algunos de sus lemas deja entrever la influencia de las mismas ideas y “valores” que subyacían en muchas de las propuestas iniciales del actual gobierno Zapatero.

Lo cierto es que, por lo visto hasta ahora, todo apunta a que nos encontramos ante un movimiento de corte asambleario y anticapitalista que, con el banderín de enganche del desencanto y la regeneración democrática, pretende aprovechar el descontento reinante para colarnos toda la morralla ideológica del chavismo venezolano (nacionalización de bancos, expropiación de viviendas, subidas de impuestos…).  

Veremos como evolucionan los acontecimientos, pero si se encastillan en posiciones radicales, este movimiento terminará por convertirse en una parte del problema y no en una solución.

lunes, 16 de mayo de 2011

Votar, un derecho, una suerte y…una responsabilidad.

Artículo publicado en la sección de opinión de "Gestiona Radio"

Han pasado más de treinta años y el recuerdo se va difuminando con el tiempo. Yo debía de estar en segundo o tercero de BUP. No fue algo premeditado, al menos por mi parte. Salimos del colegio y Miguel, uno de los chicos con los que habitualmente volvía a casa propuso que en vez de regresar en el autobús podríamos volver andando y a todos nos pareció bien. Sabíamos que había una manifestación a mitad de recorrido organizada por un sindicato de estudiantes o algo así, no recuerdo cuál era el motivo de la protesta pero todos sentíamos mucha curiosidad.

Tampoco recuerdo si la Constitución se había aprobado poco antes o si todavía andaban en ello, lo que si tengo grabado en la memoria es que cuando llegamos a la calle Santa Engracia (que por aquel entonces aún se llamaba del General García Morato) esquina con Ríos Rosas, los policías antidisturbios con sus trajes grises, sus cascos y sus escudos estaban formados tranquilamente enfrente de la muchachada, aunque alguien por medio de un altavoz y en un tono apremiante solicitaba al personal que se disolviera. Nosotros nos metimos entre las filas de la manifestación con la idea de recorrerla hasta Cuatro Caminos y luego torcer por Reina Victoria para, así, volver a casa. Mirábamos alrededor excitados e incrédulos. Apenas llevábamos unos minutos entre el gentío cuando de repente empezamos a ver como nos adelantaban y algunos empezaban a correr. Nos giramos para ver que la policía había empezado a cargar. Nos miramos, alguien dijo algo y empezamos primero a andar más rápido pero, luego, cuando al volver a mirar otra vez yo vi como a lo lejos un policía blandía su porra con determinación y le arreaba a un rezagado, me puse a correr como todos los demás. Solo recuerdo que en aquel momento pensaba que jamás volvería a una manifestación… con botas camperas. Afortunadamente todo quedó ahí. Llegamos a la Glorieta de Cuatro Caminos, giramos por Reina Victoria y seguimos andando hasta nuestra casa más asustados que otra cosa, pero al mismo tiempo divertidos por la emoción y la aventura. Casi inconscientes de los riesgos que corrimos, consideramos que se trató de una travesura que mejor no contar en casa.

Estas imágenes del pasado me han vuelto a la memoria al asistir el otro día a uno de los actos de apertura de la campaña electoral que acaba de iniciarse. Toda mi vida adulta la he vivido en democracia y, para mi, los esfuerzos de la lucha por su implantación en España son poco más que recuerdos adolescentes. Sin embargo, y cuando veo los reportajes sobre lo que acontece ahora en los países árabes donde la gente está dispuesta a morir por poder elegir a sus gobernantes, comprendo que no podemos olvidar los esfuerzos y peligros que nuestros antepasados hubieron de sufrir y la suerte que tenemos por poder elegir cada pocos años a las personas que luego han de gestionar los poderes públicos. Una suerte y un derecho conquistado pero, al mismo tiempo, una responsabilidad que no debe utilizarse en vano.

Sin embargo, como sucede con todo aquello de lo que se disfruta desde que uno tiene memoria, se tiende a minimizar su valor, a dar las cosas por supuestas, a frivolizar y a dejarse llevar por lo banal. Así, en la campaña que ahora empieza, podemos ver como los mensajes propagandísticos de la mayoría de las opciones políticas tienden a incidir en lo emocional y lo sentimental apelando a nuestros instintos más primarios, siempre en un tono facilón y superficial que apenas resiste un pequeño análisis. Se trata de discursos que pretender conseguir nuestro voto por impulso.

El votante de una sociedad madura debiera no caer en estas trampas y al igual que, cuando va a cambiar de coche o a comprarse un vestido nuevo, dedica un tiempo a visitar concesionarios, cotejar catálogos o visitar tiendas para ver las distintas ofertas, también ha de destinar un mínimo de tiempo para informarse de las propuestas que cada partido ofrece en los temas que más nos importan a cada uno, contrastarlo con las respectivas trayectorias y, luego, decidir el voto utilizando la razón. Votar de manera acrítica, como si en vez de partidos políticos, eligiéramos a nuestro equipo de fútbol, resulta una irresponsabilidad en la que muchos incurren de modo infantil.

Cuando uno tiene quince años puede tener sentido meterse en una manifestación sin conocer el por qué y el cómo, pero a estas alturas de nuestra mayoría de edad y con el bagaje democrático que tenemos a nuestras espaldas, votar con semejante inconsciencia nos inhabilita para poder quejarnos después de los políticos que hemos elegido con nuestro voto. Si votamos de manera infantil, impulsiva y estúpida nos mereceremos unos gobernantes que nos tomen por estúpidos.

(Publicado en la sección de opinión de la página web de Gestiona Radio)

martes, 10 de mayo de 2011

El ocaso de la Función Pública en España

Post publicado previamente en el blog ¿Hay Derecho?

En 1995, Iñigo Martinez de Pisón eligió la frase que ahora utilizo para encabezar este post como título de un estudio sobre las entonces recientes reformas del régimen jurídico de la función pública. Hoy día, tras algunos años de efectividad del nuevo Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), pudiéramos calificar ese título como premonitorio.

La fuerza de las palabras está en su significado y, por eso, la nueva denominación de la Ley refleja la transformación del modelo que estamos ahora experimentando en el que, primero de hecho y luego de derecho, se esta pasando de un sistema tradicional de función pública, es decir, en el que sus miembros ejercen una función pública vinculados al Estado mediante un régimen de especial sujeción, a un régimen de empleo público, en el que sus miembros son simples trabajadores que prestan sus servicios por cuenta ajena a las diferentes administraciones públicas que les contratan.

La diferencia no es baladí y responde a la configuración actual de cómo se estructura el poder. En el marco de una partitocracia, el político que desempeña cargos de ésta índole no soporta bien la existencia de una burocracia neutral y técnicamente más cualificada que, si bien es un colaborador imprescindible para llevar a cabo los objetivos políticos marcados, sin embargo, al mismo tiempo, también puede constituir un límite en el ejercicio del poder al pretender someterlo a la Ley y al Derecho aplicable en cada momento. Se trata, utilizando la sistemática weberiana, de una manifestación de la tradicional pugna entre un modelo de dominación legal y un modelo de dominación carismática, en el que el rol anteriormente ejercido por la dinastía o la religión, ahora parece desempeñarlo la legitimación otorgada por los procesos de elección democrática.

Esta confrontación constante, en estos momentos y en nuestro país, está terminando por decantarse del lado del poder político, y una de sus manifestaciones se proyecta sobre como se organiza la Administración, de manera que los servidores públicos, progresivamente, van dejando de ser funcionarios públicos que acceden a sus puestos solo después de superar complejas pruebas objetivas y que gozan de gran estabilidad en sus destinos y carreras, para tender a convertirse en empleados vinculados al poder político que gestiona la Administración que los nombra, “relajándose” en extremo la aplicación de los principios de mérito y capacidad en los nuevos procesos de selección e introduciendo, como criterio para la promoción profesional de los funcionarios preexistentes, el criterio de “idoneidad” como un subterfugio para eludir la aplicación de los anteriores.

Según el Registro de Personal del Ministerio de Presidencia en julio de 2010 había unos 2.750.000  empleados públicos. Pues bien, de esa cantidad, casi un 1.100.000 se trata de empleados vinculados en régimen laboral, interinos o eventuales. A estos hay que añadir, según la encuesta de población activa, otros 450.000 trabajadores que prestan servicios en régimen laboral a empresas o entidades que, aún teniendo una personalidad jurídico privada, pertenecen al sector público por ser su capital social o fundacional procedente de alguna administración pública. Tras la aprobación del EBEP ya no solo los puestos de inferior categoría son ocupados por contratados laborales, sino que gracias a los denominados “contratados laborales fuera de convenio” aceptados en los últimos convenios colectivos aprobados, determinados puestos de carácter técnico, tradicionalmente desempeñados por funcionarios públicos, también se están ocupando a través de contratos laborales.

En definitiva, podemos afirmar que en estos momentos, la mitad del personal al servicio de las administraciones públicas ya no tiene la condición de funcionario de carrera. Se está produciendo un proceso de laboralización del empleo público que va en aumento.

Esta dinámica no es exclusiva de nuestro país. Anteriormente se ha vivido en Italia. Allí, como en España, se partió de un modelo de función pública semejante al francés, pero en 1997 se aprobaron leyes que lo laboralizaron, manteniendo el sistema original únicamente para el funcionariado superior, magistrados y asimilados, abogados y procuradores del Estado, personal militar, fuerzas de policía, diplomático y carrera prefectoral. A partir del año 2002, nuevas leyes sobre la función directiva implantaron lo que, a juicio de algunos autores como Parada Vázquez, no es más que un simple spoil system. También en los Estados Unidos, el sistema de provisión de puestos de trabajo públicos ha estado determinado de manera muy relevante por las afinidades políticas o de otro orden, si bien, al menos desde 1978, se ha tendido a introducir mecanismos que garantizan una mayor estabilidad de los gestores que han de desempeñar determinados puestos directivos.

En ese entorno, cada vez será más difícil para las Administraciones públicas atraer a personas brillantes para servir en ellas. Ya en los años 50, C. Wright Mills, al analizar en “Las Elites del Poder”, la organización de la Administración norteamericana señalaba que en una situación de inseguridad política, “no será posible encontrar personal intelectualmente preparado para formar parte de una burocracia auténtica (…) pues así solo se atraen mediocridades que se avienen a una conformidad ciega. No se puede contar con personas moralmente capacitadas si han de trabajar en una atmósfera de desconfianza, endurecida por las sospechas y el miedo”.

J.M.Pérez: "Ocaso"
En cualquier caso, se trata de un proceso lento y que a mi juicio, aún no es irreversible, pero la sociedad corre el riesgo de que, si no se toman medidas que vuelvan a consolidar los principios de mérito y capacidad como prioritarios a la hora de seleccionar a los servidores públicos, al final de este proceso, nos encontremos con que se ha sustituido una auténtica administración profesional leal al interés general por una pseudo-burocracia formada principalmente por intrusos políticos y asalariados de los partidos políticos cuya objetividad se encuentra viciada por sus lealtades personales o partidarias, en la que el cumplimiento del mandato constitucional del artículo 103 de nuestra Constitución termine siendo meramente nominal y vacío de contenido.

La existencia de una administración eficaz, neutral y preparada constituye un instrumento indispensable para garantizar el mantenimiento de los servicios públicos en una sociedad socialdemócrata como la actual. El ocaso de una administración de estas características podría comportar también el crepúsculo de nuestro modelo de Estado social.