martes, 15 de noviembre de 2011

Un último “regalo” del Gobierno a costa de la clase media española

Artículo publicado en el blog ¿Hay Derecho? (Ver aquí)

En el Consejo de Ministros celebrado el pasado viernes 11 de noviembre, se ha aprobado Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la reglación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar. Se trata del cumplimiento de un mandato realizado por la Disposición adicional trigésima novena de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del Sistema de Seguridad Social, a la que ya hicimos referencia en nuestro blog en su momento (ver aqui).

Ambas reformas son consecuencia del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y las organizaciones sindicales, CCOO y UGT, para la regulación de la relación laboral  especial del empleo en el hogar familiar que reforma la hasta ahora vigente regulación de 1985. Se pretende así, homologar los derechos y deberes de quienes trabajan al servicio del hogar familiar con el resto de los trabajadores por cuenta ajena. Sin embargo, la reforma olvida equiparar la posición de las familias empleadoras respecto a la de las empresas que tienen la condición de empleadores en el mundo laboral ordinario. Familias que, por otro lado, fueron absolutamente ignoradas durante el proceso negociador citado.

La nueva regulación mantiene, al menos de manera formal en su Expposición de Motivos, que esta relación laboral descansa en dos aspectos característicos, como son el ámbito donde se presta la actividad (el hogar familiar) y el vínculo personal basado en una especial relación de confianza entre el titular del hogar familiar y las personas empleadas de hogar. Sin embargo, a continuación introduce numerosas modificaciones que comportarán no solo un coste económico añadido para las familias que pretendan realizar o mantener una contratación de este tipo, sino también establecen novedades en la forma de entender el tiempo de trabajo y la disponibilidad de los tiempos de descanso y el disfrute de las vacaciones que  abren la puerta a que puedan surgir conflictos laborales en la forma de realizar la prestación que, tal y como están resueltos, desvirtúan la propia finalidad de este tipo de relación laboral. En este post intentaremos analizarlas sucintamente:

En primer lugar, en cuanto a su forma, se exige (art. 5º) que el contrato siempre que su duración sea igual o superior a cuatro semanas, se formalice por escrito, frente a la regulación anterior que permitía el contrato verbal, lo que implicará la necesidad de que, a pesar de la puesta a disposición de la familias de modelos de contrato de trabajo por parte del Ministerio de Trabajo, en muchos casos, las familias tengan en contratar o requerir un asesoramiento jurídico para otorgar este contrato de manera segura. Se exige pues al cabeza de familia una diligencia cualificada más propia de un profesional que de un particular.

Entrando ya en los aspectos económicos de la reforma y obviando la necesidad que se establece de que se abone en metálico, en todo caso, al menos el salario mínimo interprofesional (lo que en la práctica en la mayoría de los casos no tendrá incidencia práctica pues el propio funcionamiento del mercado hace que, normalmente, los salarios del servicio doméstico estén por encima de esos mínimos), la nueva regulación (en su artículo 8º) prevé duplicar el coste anterior de las pagas extraordinarias al señalarse que en vez de dos medias pagas (como hasta ahora), las personas empleadas de hogar tendrán derecho a dos pagas extraordinarias completas. En cualquier caso, esta disposición,respecto a los contratos en vigor, debe entenderse sin perjuicio de lo establecido en materia de compensación y absorción de salarios en los artículos 26.5 y 27.1 del Estatuto de los Trabajadores. También se incrementa el coste del despido al establecerse que la indemnización en caso de desistimiento unilateral por parte del empleador pasa de 7 a 12 de días por año trabajado, con un máximo de 6 mensualidades (art. 11.3).

Pero desde este punto de vista económico, lo más gravoso para las familias empleadores a medio plazo, va a ser la incorporación de este personal al Régimen General de la Seguridad Social. Tal impacto va a tener que el legislador para minimizarlo utiliza la técnica de la graduación, de manera que se aplicará paulatinamente durante un período transitorio de seis años. Así entre 2012 y 2018 se plantea una base de cotización tarifada en 15 tramos según salario percibido pero a partir de 2019 se cotizará por salarios reales y las bases de cotización por contingencias comunes y profesionales se determinarán conforme a lo establecido en el artículo 109 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, sin que la cotización pueda ser inferior a la base mínima que se establezca legalmente.

Así pues, en el año 2012, el tipo de cotización será el 22 por ciento, siendo el 18,30 por ciento a cargo del empleador y el 3,70 por ciento a cargo del empleado. Desde el año 2013 hasta el año 2018, el tipo de cotización se incrementará anualmente en 0,90 puntos porcentuales, fijándose su cuantía y distribución entre empleador y empleado en la respectiva Ley de Presupuestos Generales del Estado. A partir del año 2019, el tipo de cotización y su distribución entre empleador y empleado serán los que se establezcan con carácter general, en la respectiva Ley de Presupuestos Generales del Estado, para el Régimen General de la Seguridad Social.

Además, para la cotización por contingencias profesionales, sobre la base de cotización que corresponda se aplicará el tipo de cotización previsto en la tarifa de primas aprobada por la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, siendo la cuota resultante a cargo exclusivo del empleador.

Existen otras modificaciones no estrictamente económicas pero que afectan a la propia finalidad que en la mayoría de los casos tiene el servicio doméstico y que consiste en permitir que los dos cabezas de familia puedan tener una actividad laboral a tiempo completo sin que quede desatendido el cuidado del hogar familiar y, en su caso, de los hijos. Así, al unificar el régimen de incapacidad temporal con el régimen general es bastante probable que el absentismo en este sector se incremente exponencialmente. Asimismo, el artículo 9.7 establece que este personal pudiera disfrutar sus 30 días natuales de vacaciones, de los cuales 15 días naturales podrá elegirlos el trabajador libremente y con independencia de cuando disfrute sus vacaciones la familia, con ello se permite que este personal pueda forzar la posibilidad de disfrutar más días libres retribuidos, aprovechando que el centro de trabajo pueda permanecer cerrado “por cierre patronal” cuando la familia no esté en casa disfrutando a su vez de las vacaciones familiares. Me atrevo a augurar un incremento de la conflictividad laboral por este motivo.

A la vista de lo anterior, puede afirmarse que la aplicación de esta reforma, una vez que concluya el periodo transitorio descrito va a suponer para las familias, entre unas cosas y otras, un incremento del coste  laboral entre el 20 y el 30%, además de comportar una mayor dificultad para los cabezas de familiar a la hora de gestionar la prestación de este servicio dentro del hogar incrementando las posibilidades de que aumente la conflictividad laboral.

A mi juicio, resulta evidente que esta nueva regulación se realiza a espaldas de la realidad social que en estos tiempos subyace tras este tipo de contratos. En la actualidad, el servicio doméstico ya no solo constituye un lujo que es disfrutado por los “ricos”, sino que, en la mayor parte de los casos, se trata de un instrumento al que la mayoría de las familias de clase media recurren para que ambos progenitores puedan salir de casa a realizar actividades laborales o profesionales, ayudándoles a conciliar su vida laboral y familiar. Se trata, por tanto, de un gasto necesario para poder obtener los recursos económicos que la familia necesita para el sostenimiento de las cargas familiares.
Si se equipara el coste laboral del servicio doméstico al del resto de trabajadores, resulta imprescindible realizar también una equiparación fiscal de ese mismo coste, de manera que, al igual que sucede con las empresas con sus costes laborales, se deduzcan de la base imponible del impuesto sobre la renta de las personas físicas las cantidades abonadas por estos conceptos, al menos cuando se trate de contribuyentes que reúnan los requisitos de formar una unidad familiar en la que los dos progenitores sean trabajadores, por cuanta propia o por cuenta ajena, a tiempo completo y tengan a cargo dos o más hijos menores o alguna persona en situación de discapacidad; o en su caso, formen una unidad familiar monoparental en la que el progenitor sea trabajador a tiempo completo y tenga a su cargo dos o más hijos menores o alguna persona en situación de discapacidad.
En el actual entorno de crisis esta reforma, constituye una dificultad añadida para la incorporación de la mujer al trabajo y comporta un nuevo ataque a las familias de clase media, especialmente a las familias numerosas, con el consecuente impacto en la natalidad.

En cuanto a sus efectos sobre el empleo, es probable esta nueva regulación provoque a corto plazo, una disminución de la contratación directa de estos servicios por parte de las familias siendo, en cierto  modo, una invitación a que esta rama de actividad engrose aún más las filas de la economía sumergida y, a medio plazo, favorecerá la aparición de empresas intermediarias, a las que la norma hace una específica mención denominándolas “agencias de colocación debidamente autorizadas”, que se especializarán en prestar a domicilio estos servicios asumiendo directamente la relación laboral con los trabajadores del servicio doméstico gestionándolos de una manera profesional. ¿Redundará todo ello en un beneficio para las personas que trabajen en el servicio doméstico? El tiempo lo dirá. Personalmente, no lo veo.

Post escriptum: A mayor abundamiento, en fecha 2 de diciembre ha sido publicado en el BOE  el Real Decreto 1596/2011, de 4 de noviembre, por el que se desarrolla la disposición adicional quincuagésima tercera de la Ley General de la Seguridad Social, texto refundido aprobado por el Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, en relación con la extensión de la acción protectora por contingencias profesionales a los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Empleados de Hogar (ver aquí). Es importante tener esta disposición presente, pues si una empleada de hogar que prestase servicios para una sola familia no tiene cubierta esta contingencia y tiene un accidente de trabajo que pueda suponer una declaración de incapacidad permanente, el cabeza de familia deberá responder ante la TGSS del ingreso del "capital-coste" correspondiente a la prestación que resulte, lo que en muchos casos, puede llegar a suponer la ruina de esa familia.

jueves, 10 de noviembre de 2011

Termina la legislatura de los neo-arbitristas

Articulo publicado en "Diario Finaciero" (ver aquí)

En un número reciente de la revista “La aventura de la historia” aparece un interesante artículo de Julio Sierra titulado “Los arbitristas: Locas recetas para la crisis”. Cuando la expansión imperial de España en los siglos XVI y XVII generó numerosos desequilibrios que mantenían a la Monarquía Hispánica en una crisis permanente, pendiente de guerras, bancarrotas, pestes y otras catástrofes prácticamente inabordables con la tecnología y las primitivas técnicas organizativas de la época, surgió el fenómeno de los arbitristas.

Los arbitristas inicialmente eran autores, más o menos formados, al servicio de la Corona que, a través de extensos memoriales, intentaban resolver los nuevos problemas que surgían ante la necesidad de gestionar tan extensos dominios. Sin embargo, en la estela de éstos, empezaron a surgir personas que a través de sus escritos y memoriales planteaban a la Corona planes disparatados o empíricos para aliviar la Hacienda Pública, remediar males políticos o problemas económicos.

En cierto modo, pudiera decirse que el primer arbitrista exitoso fue Cristobal Colón, que con su insistencia en la aventura de atravesar el océano en busca de una nueva ruta marítima para abrir el comercio con China, se encontró con un continente nuevo que sirvió, por una parte, a la monarquía española para expandirse y asentar una hegemonía durante los siguientes dos siglos, y a él y a sus herederos, para conseguir una fortuna de la que algunos de sus sucesores aún disfrutan en nuestros días.

En el citado artículo se mencionan varios ejemplos que, en muchos casos, terminaban reconduciéndose al establecimiento de nuevos impuestos, arbitrios o monopolios que, tangencialmente, además de resolver los problemas de la Corona, al mismo tiempo tendían a enriquecer a sus promotores. Así, por ejemplo, se cita el caso del “arbitrio del vino” en el que un arbitrista solicitó al Rey la concesión de un monopolio sobre el comercio del vino en los territorios del Reino de Castilla por un periodo de 12 años a cambio de 100.000 ducados anuales. La idea no llegó a prosperar.

Leyendo estas historias no he podido evitar asociarlas con la forma en la que se han gestionado los intereses públicos de nuestro país durante las dos últimas legislaturas. Parece como si nos hubiéramos encontrado con un nuevo resurgir de este fenómeno.

Ante la incapacidad política para programar y sacar adelante los grandes proyectos de reforma que son necesarios en las distintas áreas económicas, energéticas, laborales, jurídicas, etc. y que requieren una visión a largo plazo, un consenso real entre las principales fuerzas de ámbito nacional y una férrea voluntad política para vencer las resistencias que, inevitablemente, surgirán en determinados centros de poder territorial y económico, nos hemos encontrado con que al calor de este Gobierno que ahora da sus últimos estertores, unos neo-arbitristas con ideas “brillantes” han encontrado un terreno fértil donde sembrarlas.

Así, de la noche a la mañana se realizó una “apuesta” por el desarrollo de las energías renovables que, dada la falta de estudio y de planificación con la que se llevó a cabo, ha tenido unos efectos colaterales que provocaron la necesidad de corregirlo al poco tiempo y que, como si estuviéramos en un casino, se ha quedado en eso, una apuesta fallida.

En paralelo, gracias a una ocurrencia para potenciar el papel de España en el mundo, nos embarcamos en una pretendida Alianza de civilizaciones, que solo ha servido para que determinadas personas, obtuvieran pingues beneficios.

También la “inesperada” crisis se ha pretendido resolver por el Gobierno saliente,  primero mediante un mágico Plan Ñ cuyo resultado es de todos conocido y, más adelante, por una atropellada sucesión de disposiciones (solo en este año ya llevamos diecisiete Reales Decretos-Leyes) de muy dudosa efectividad y en lo que parece una improvisada dinámica de ensayo y error, como resulta a la vista de la sucesión de reformas y contrarreformas en materia laboral, o por la casi fantasmal declaración de incompatibilidad entre la percepción de la pensión de jubilación y el ejercicio profesional que resultó derogada pocos días más tarde. Los ejemplos concretos serían innumerables.

Paradójicamente, mientras en el aspecto sociológico si ha existido una cuidadosa estrategia para introducir medidas que han transformado algunas instituciones tradicionales de la sociedad española para convertirla en algo más afín a la concepción que tienen sus promotores; en lo económico ni ha existido una adecuada planificación ni una estrategia global en las medidas iniciadas  Eso sí, detrás de cada ocurrencia, suele existir un grupo de presión o algún beneficiario (particular o empresarial) que, sea cual sea el resultado final para la sociedad, se lleva un suculento beneficio para el bolsillo, en consonancia con la mejor tradición de los arbitristas.