martes, 4 de diciembre de 2012

"Negociación y Conclusión del Convenio Colectivo: Cuestiones varias" (Esquema)


La presente entrada de nuevo tiene por objeto facilitar el estudio del tema correspondiente a mis alumnos de tutoria. Esta materia se ha visto reformada de manera importante por las recientes reformas laborales, en particular por el Real Decreto Ley 7/2011, de 20 de agosot y por la Ley 3/2012, de 6 de julio, lo que hace que las ediciones anteriores del manual de profesor Borrajo Dacruz hayan quedado obsoletas. Se recomienda encarecidamente que se estudie la asignatura por la vigesimo primera edición correspondiente al año 2012 del citado manual. Si por cualquier causa no pudiera usarse una edición actualizada, puede seguirse el presente esquema y completarlo con la edición disponible y una versión actualizada de los preceptos correspondientes del Estauto de los Trabajadores.

Cómo última advertencia, se señala que el presente esquema tan solo es un intrumento de apoyo al estudio que, en ningún caso, sustituye a los textos y manuales básicos de la asignatura
 
 
NEGOCIACIÓN Y CONCLUSIÓN DEL CONVENIOS COLECTIVOS: CUESTIONES VARIAS

(Esquema derivado del Manual del Prof. Borrajo Dacruz)

 

I)                   PARTES LEGITIMADAS Y PROCEDIMIENTOS.

 1.- Legitimación Negocial (art. 87 ET)

  1.1. Convenios de empresa y de ámbito inferior.
      1.1.1. Por el lado social
           1.1.1.1. Al comité de empresa o delegados de personal.
           1.1.1.2. A las secciones sindicales que sumen la mayoría de los miembros del comité.
               1.1.1.2.1. Está legitimación puede excluir a la del comité de empresa.
           1.1.1.3. Convenios de pluralidad de empresas
               1.1.1.3.1. Mismas reglas que para convenios sectoriales.
     1.1.2. Por el lado económico
         1.1.2.1 la dirección de la empresa.
         1.1.2.2. En caso de varias de empresas: la representación de las afectadas.

 1.2. Convenios sectoriales.
    1.2.1 Por el lado social: sindicatos representativos.
         1.2.1.1. Sindicatos más representativos a nivel nacional.
         1.2.1.2. Sindicatos más representativos a nivel de CC.AA.
         1.2.1.3. Sindicatos con 10% de miembros de comités de empresa o delegados de personal
                      en el ámbito geográfico y personal del convenio.
    1.2.2. Por el lado económico: asociaciones representativas.
         1.2.2.1. Que en ámbito geográfico y funcional cuenten con:
             1.2.2.1.1. el 10% de los empresarios que den ocupación a igual porcentaje
                             de trabajadores.
             1.2.2.1.2. que den trabajo al 15% de los trabajadores afectados.
         1.2.2.2. Si no existen asociaciones en el ámbito respectivo:
             1.2.2.2.1 Asociaciones representativas a nivel estatal:
                                               - que cuenten con un 10% de empresas o trabajadores.
            1.2.2.2.2. Asociaciones representativas a nivel de CC.AA.
                                               - que cuenten con un 15% de empresas o trabajadores.
  1.3. Convenios a nivel estatal
     1.3.1 Posibilidad de que en ellos puedan participar sindicatos y asociaciones de
              empresarios más  representativas a nivel de CC.AA.
2.- Comisión negociadora (art. 88 ET).
  2.1. Composición
     2.1.1. Número máximo de miembros por cada lado
           2.1.1.1. Quince miembros para convenios sectoriales
           2.1.1.2. Trece miembros para todos los demás.
     2.1.2. Reglas de composición
           2.1.2.1. Respeto por el derecho de participación de todas las partes
           2.1.2.2. Representación en función de la representatividad.
           2.1.2.3. Presidente externo: solo en caso de acuerdo.
           2.1.2.4. Asesores: solo en caso de acuerdo.
           2.1.2.5. Los entes sindicales han de representar la mayoría absoluta del comité de empresa.
 
2.2. Plazo de constitución: un mes desde la recepción de la comunicación.

3.- Comisión paritaria.
 
  3.1. Concepto: es un órgano colegiado designado en representación de las partes negociadoras que tiene la finalidad de entender de aquellas cuestiones que establezcan al efecto las leyes, así como cuantas otras le sean atribuidas en por Acuerdos intersectoriales o por el propio convenio colectivo.
 
  3.2. Principales funciones:
     3.2.1 Intervienen en la interpretación y aplicación del convenio.
     3.2.2 Conciliación y arbitraje en caso de conflicto o dudas.

4.- Vigencia, renovación y ultraactividad  (Ley 3/2012).
 
  4.1 Vigencia y Renovación (art. 86.1 ET)
     4.1.1 corresponde a las partes fijar la duración del convenio.
     4.1.2. Posibilidad de renegociar el CC por los sujetos legitimados en los artículos 87 y 88 ET.
     4.1.3. Posibilidad de adoptar acuerdos parciales que modifiquen parcialmente el convenio.
     4.1.4 Salvo pacto en contrario, los CC se prorrogarán de año en año si no mediara denuncia
              expresa de las partes.
     4.1.5. Durante la negociación para la renovación se mantiene la vigencia de lo convenio salvo
               pacto en contrario.

  4.2. Ultraactividad: Efectos de la denuncia del convenio.
     4.2.1. Concluida su vigencia el convenio puede ser denunciado por  cualquiera de las partes.
     4.2.2. Transcurrido un año desde la denuncia del convenio colectivo sin que se haya
               acordado un  nuevo convenio o dictado un laudo arbitral, aquél perderá, salvo
               pacto en contrario, vigencia y se aplicará, si lo hubiere, el convenio colectivo
               de ámbito superior que fuera de aplicación.

 4.3. Supuesto de desacuerdos en la negociación
     4.3.1 Acuerdos interprofesionales de ámbito estatal o autonómico, establecerán
              procedimientos de aplicación general y directa para solventar de manera
              efectiva las discrepancias existentes tras el transcurso del procedimiento
              de negociación sin alcanzarse un acuerdo,
           4.3.1.1 incluido el compromiso previo de someter las discrepancias a un arbitraje,
           4.3.1.2. el laudo arbitral tendrá la misma eficacia jurídica que los convenios colectivos
                        y sólo será recurrible conforme al mismo procedimiento.

5.- Acuerdo de inaplicación del convenio colectivo (art. 82.3 ET tras la Ley 3/2012).

  5.1. Presupuestos objetivos que deben ser acreditados
     5.1.1. Causas económicas.
     5.1.2. Causas técnicas
     5.1.3. Causas organizativas
     5.1.4. Causas derivadas de la producción.

 5.2. Materias sobre las que puede versar
    5.2.1. Jornada de trabajo
    5.2.2. Horario y distribución del tiempo de trabajo.
    5.2.3. Régimen del trabajo a turnos.
    5.2.4. Sistemas de remuneración y cuantía salarial.
    5.2.5. Sistemas de trabajo y rendimiento.
    5.2.6. Funciones cuando exceden de los límites legales para la movilidad funcional.
    5.2.7.  Mejoras voluntarias de la acción protectora de la Seguridad Social.

5.3. Procedimiento.
   5.3.1. Establecimiento de un periodo de consultas con los representantes de los trabajadores.
         5.3.1.1. Alcanzado un acuerdo firme, solo puede impugnarse ante la jurisdicción social.
   5.3.2 En caso de desacuerdo:
         5.3.2.1 La comisión del convenio conocerá de la discrepancia.
         5.3.2.2. Si no hay acuerdo debe acudirse a los procedimientos resolutivos establecidos en los
                      acuerdos interprofesionales.
         5.3.2.3. Si esos procedimientos no fueran aplicables cualquier parte puede someter la
                      discrepancia ante la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos (CCNCC)
                      o sus homólogos en las CC.AA.
  5.3.3. El resultado de los procedimientos o del acuerdo debe comunicarse a la Autoridad Laboral
            para su depósito y registro.

II)                REGISTRO, PUBLICACIÓN Y CONTROL.

1.- Presentación del convenio ante la autoridad laboral

  1.1. En el plazo de 15 días desde la firma

  1.2. Funciones de registro, depósito y publicación en el B.O. correspondiente.

2. Eficacia del convenio publicado

  2.1 Presunción de legitimidad y validez del convenio durante su vigencia que solo
        puede ser destruida por sentencia que declare su nulidad e ineficiencia.
3.- Impugnación del convenio

  3.1. Por la autoridad laboral  (AL)
      3.1.1 En caso de que la AL considere que conculca la legalidad vigente o lesione
               gravemente los intereses de terceros, procederá a:
            3.1.1.1 Se dirigirá al órgano competente de la jurisdicción social para que adopte
                        las medidas que procedan.
            3.1.1.2. Podrá detener el trámite de publicación, o realizar dicha publicación
                        dejando constancia en la Resolución publicada del incidente de su impugnación.

  3.2. También podrán impugnarlo:
      3.2.1 Representantes legales o sindicales de los trabajadores.
      3.2.2 Empresarios que sostengan su ilegalidad.
      3.2.3. Terceros lesionados de resultas de la aplicación del convenio.
 
  3.3. Prescripción de la acción de impugnación: 1 año desde que puede ejercitarse.

  3.4. Procedimiento específico regulado en la Ley de la Jurisdicción Social.

  3.5. La carga de la prueba recae sobre quien alega la nulidad.

  3.6. La sentencia que anula un CC debe publicarse también en el B.O. correspondiente

 III)             EXTENSIÓN Y ADHESIÓN DE CONVENIOS COLECTIVOS

 1.- Extensión (art. 92.2 ET).

  1.1 Por el acuerdo de extensión la vigencia de un CC alcanza a aquellos ámbitos
       (territorial, sectorial o empresarial) incluidos expresamente en el acuerdo de extensión.

  1.2. Órganos competentes:
      1.2.1. Ministerio de Empleo y Seguridad Social
      1.2.2 Departamentos competentes de las CC.AA.

  1.3. Causa del acuerdo de extensión:
     1.3.1.“por los perjuicios derivados para los mismos de la imposibilidad de suscribir en
               dicho ámbito un convenio colectivo” regular, debida a la ausencia de partes legitimadas
               para ello.
  1.4. Legitimados para iniciar el procedimiento:
     1.4.1. quienes estén legitimados para promover la negociación colectiva en ese ámbito.

  1.5. Procedimiento: RD 718/2005, de 20 de junio
      1.5.1. Plazo para resolver: tres meses. El silencio tiene efecto negativo.
      1.5.2. Se inicia siempre a instancia de parte.
      1.5.3. Informe preceptivo de la CCNCC o de su homólogo autonómico.
      1.5.4. La extensión se agota con la extinción del CC de referencia.
      1.5.5. A la resolución administrativa de extensión le son de aplicación las reglas
                sobre registro depósito y publicación para los CC regulares.

2.- Adhesión de convenios colectivos

  2.1 Las partes legitimadas para negociar un CC también pueden acordar adherirse a la
        totalidad de un CC en vigor.
      2.1.1. Se trata de una negociación colectiva abreviada.
      2.1.2. Deben respetarse las reglas relativas a la legitimación para negociar y
                a la unidad apropiada de negociación.
      2.1.3 Lo normal es adherirse a un convenio de ámbito igual o superior al que
               por si solas podrían alcanzar.

  2.2. Alcanzado el acuerdo lo comunicaran a la AL para su registro, depósito y publicación.

viernes, 23 de noviembre de 2012

Reflexiones sobre la nueva regulación de las tasas judiciales


(Artículo también publicado en el blog "Hay Derecho")
Hace pocos días compartí mesa y mantel con algunos de los eminentes juristas que participan en las actividades del Foro de la Sociedad Civil y la opinión, matices aparte, sobre la situación de la Justicia en España era unánime. Resulta descorazonador para quienes aún creemos algo en aquello de la “constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi” que según pasan los años en vez de mejorar, se va a peor y que cada reforma que se acomete o bien esta abocada desde un principio a ser inefectiva o, directamente, tiende –por activa o por pasiva- a restringir los derechos de los más vulnerables a padecer injusticias.

Ahora, tras aceptar que la justicia está colapsada, en vez de acudir a instrumentos o soluciones que satisfagan esa demanda de justicia, se decide abordar el problema recurriendo a mecanismos –basados exclusivamente en criterios economicistas- tendentes a reducirla introduciendo dificultades en su acceso. Al fin y al cabo, como señala con frialdad la exposición de motivos, “el derecho a la tutela judicial efectiva no debe ser confundido con el derecho a la justicia gratuita. Se trata de dos realidades jurídicas diferentes”. En definitiva, el que quiera justicia que la pague, tal y cómo diría un castizo.

La reciente aprobación por las Cortes General de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulandeterminadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y delInstituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (BOE de 21 de noviembre), que reinstaura para las personas físicas las tasas judiciales en la mayoría de las instancias judiciales, supone echar un bidón de gasolina al incendio ya descontrolado que asola la administración de la Justicia en España y disminuye aún más la, cada vez más insólita posibilidad, de que el ciudadano de a pie pueda alcanzar una tutela judicial efectiva de sus derechos. Se trata de un elemento añadido que contribuye a menoscabar lo que constituye uno de los principios básicos de nuestro ordenamiento jurídico, según dice el artículo 1.1. de nuestra Constitución.

Resulta además paradójico que instituciones cuyo encaje constitucional se encuentra en el Capítulo III del Título I de la Constitución, dedicado a los principios rectores de la política social y económica (algunos tan importantes como la universalización de la asistencia sanitaria o las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social, pero otros menos vitales como el derecho del acceso a la cultura por los ciudadanos), resulten un pozo sin fondo para los recursos públicos a base subsidios y subvenciones y, sin embargo, la financiación de la actividad administrativa para garantizar el cumplimiento de un derecho calificado como fundamental deba ser cofinanciada por los usuarios a través de unas tasas que, en algunos casos, resultan desproporcionadas.


El agravante de la imposición de la tasa para las personas físicas o de su incremento para las personas jurídicas viene a unirse a otros problemas seculares como es la interminable duración de los procesos judiciales -extendido ya a todos los órdenes jurisdiccionales y a casi todas las instancias-, la cada vez más deficiente calidad de muchas resoluciones judiciales o el problema de la politización de determinadas instancias judiciales y del propio CGPJ. Si se me permite la comparación, ¿alguien aceptaría que la solución para resolver los problemas del transito por una carretera atestada que, sin señalización y llena de baches, es la única vía disponible para poder llegar de un sitio a otro, puede ser el establecimiento de un peaje para su uso?.

El ansia de justicia por parte del hombre es un impulso primario y si las estructuras del Estado se vuelven ineficaces en su consecución, terminarán siendo sustituidas en la sociedad por otros medios. Algunos de estos instrumentos pueden ser impulsados y controlados por el propio Estado, así, podemos prever a medio plazo un considerable incremento del recurso a la mediación y al arbitraje privados que, a la vista de los costes introducidos ahora para la justicia ordinaria pueden llegar a ser más competitivos si se atiende a un cálculo global de coste/beneficio.

Los juzgados de la Plaza de Castilla
Foto by Chemapego
Sin embargo, la inaccesibilidad para muchos de conseguir la tutela efectiva de sus derechos puede también afectar a la propia legitimidad de las instituciones oficiales, favoreciendo la aparición de sistemas marginales de resolución de conflictos basados en el uso de la fuerza y que, la historia nos lo ha mostrado muchas veces, pueden terminar consolidando estructuras paralelas de poder que escapan al ámbito de actuación del Estado pero resultan ser tan peligrosas para el orden establecido como aceptadas por una parte de la sociedad.

Es cierto que este parche que supone la reforma incrementará de alguna manera los ingresos fiscales; es posible también que reduzca en algo el número de determinado tipo de litigios y, finalmente, es probable que contribuya a aumentar el volumen de negocio en el sector de la mediación y del arbitraje. Sin embargo es muy dudoso que esta reforma sea positiva para la percepción entre la ciudadanía de que tenemos una sistema judicial fiable y para la consecución final de un ideal de justicia en nuestro país. Eso solo podrá conseguirse si se abordan con valentía los auténticos retos que tiene nuestro sistema: resolver la fragmentación de la administración de justicia ahora repartida entre diecinueve administraciones distintas, abordar la revolución tecnológica pendiente, incrementar sustancialmente el número de magistrados, jueces y secretarios judiciales y, por supuesto, reforzar su independencia respecto del poder, tanto político como económico.


miércoles, 21 de noviembre de 2012

Esquema del tema "Convenios colectivos regulares"



La presente entrada tiene por objeto facilitar el estudio del tema correspondiente a mis alumnos de tutoria. Esta materia se ha visto reformada de manera importante por las recientes reformas laborales lo que hace que las ediciones anteriores del manual de profesor Borrajo Dacruz hayan quedado obsoletas. Se recomienda encarecidamente que se estudie la asignatura por la vigesima edición correspondiente al año 2012del citado manual. Si por cualquier causa no pudiera usarse una edición actualizada, puede seguirse el presente esquema y completarlo con la edición disponible y una versión actualizada de los preceptos correspondientes del Estauto de los Trabajadores.

Cómo última advertencia, se señala que el presente esquema tan solo es un intrumento de apoyo al estudio que, en ningún caso, sustituye a los textos y manuales básicos de la asignatura.


CONVENIOS COLECTIVOS REGULARES
(Esquema derivado de la 20ª edición del manual del Prof. Borrajo Dacruz)

I)                   DEFINICIÓN LEGAL Y ELEMENTOS.

1.- Concepto. (Art. 82.1 ET): Los convenios colectivos (CC) regulares son el resultado de la negociación desarrollada por los representantes de los trabajadores y de los empresarios, en virtud de su autonomía colectiva, y se formalizan como un acuerdo libremente adoptado para regular las condiciones de trabajo y de productividad en un ámbito determinado
 1.1. Rasgos definitorios:
    1.1.1. Es un pacto, contrato o acuerdo.
    1.1.2. Una y otra parte son representaciones (excepción en los acuerdos de empresa).
    1.1.3. Efectos normativos:
      1.1.3.1 Obligan a las partes y a las empresas y trabajadores individualmente considerados.
          1.1.4 Su objeto es la regulación de las condiciones de trabajo y de productividad.
       1.2. Fundamento: la “autonomía colectiva normativa” del art. 37.1 CE

II)                CLASES

1.- Convenios ordinarios y convenios marco
 1.1. Convenios ordinarios son de aplicación directa e inmediata a las relaciones de trabajo y materias conexas; sus destinatarios son los empleadores y los prestadores del servicio
 1.2. Convenios marco, establecen el cuadro dentro del cual se desenvolverán ulteriores convenios ordinarios.

2. Según sus ámbitos de vigencia
  2.1. Por su ámbito territorial
     2.1.1 un convenio puede ser local, comarcal, provincial, interprovincial, del ámbito territorial de una comunidad autónoma, nacional o  internacional.
  2.2. Por su ámbito funcional:
    2.2.1. De ámbito empresarial: La reforma del RD Ley 7/2011, reforzó la presencia de los sindicatos.
       2.2.1.1. Las secciones sindicales pueden excluir a la representación unitaria si en conjunto suman la mayoría del comité de empresa.
    2.2.2. De ámbito supraempresarial: Existen diversas modalidades:
        2.2.2.1 (sectoriales, subsectoriales, de grupos de empresas, etc).
    2.2.3.- De ámbito intraempresarial: el denominado CC de grupo profesional o CC franja).
  2.3. Por su ámbito personal:
     2.2.1 puede realizarse en función de su categoría profesional.
     2.2.2. Distinguir entre trabajadores fijos y temporales es inconstitucional.
     2.2.3 Figuras del contratado “fuera de convenio”.

III)             EFICACIA JURÍDICA Y ÁMBITO PERSONAL DE APLICACIÓN

1.- Regla general: El CC regular es el CC normativo de eficacia personal general.
    1.1 Obliga a todos los comprendidos en su ámbito.
          1.1.1. Tanto si están o no de acuerdo individualmente (STCT de 1 de marzo de 1985).
   1.2. Art. 82.3 ET Ley 3/2012: “Los CC regulados en esta Ley obligan a todos los empresarios y trabajadores incluidos dentro de su ámbito de aplicación y durante todo el tiempo de su vigencia.
    1.3. Vinculan a las empresas que no estén afiliadas a las organizaciones pactantes.
    1.4. Su eficacia deriva de representación colectiva institucional (STS 23-11-92).
    1.5. Vinculan a los trabajadores de nuevo ingreso.
   1.6. Vincula a pensionistas beneficiados con planes de mejora cuyos beneficios pueden verse afectados por modificaciones en convenios colectivos posteriores (STS 18 de julio de 2003 y otras).

2. Acuerdo de inaplicación (antigua cláusula de descuelgue).
      2.1. Excepción por las recientes reformas legales (Ley 3/2012).
          2.1.2. Se analiza en el siguiente tema del programa.
      2.2. Necesidad de cumplir determinados requisitos para su validez.

3.- Potenciación del CC de empresa tras la reforma de Ley 3/2012
      3.1. Se podrá negociar en cualquier momento de la vigencia de los CC de ámbito superior.
      3.2. Tendrá prioridad aplicativa respecto a éste en determinadas materias.
      3.3. Extensión de esta eficacia a los CC de grupos de empresas.
           2.3.1 Pero estos no puede priorizarse respecto de los CC de empresa.

4.- Flexibilización de la intangibilidad de la vigencia del convenio colectivo:
      4.1. Art. 86.1 ET (Ley 3/2012): Durante la vigencia del CC, los sujetos que reúnan los requisitos de legitimación previstos en los arts. 87 y 88 ET, podrán negociar su revisión.

IV)             CONTENIDO FORMAL Y MATERIAL

1.- Contenido normativo:
      1.1. Regla general: libertad de pactos con respeto a las leyes:
1.2. Pueden regular las distintas materias que afecten a las condiciones de trabajo y al ámbito de las relaciones den los trabajadores y sus organizaciones asociativas con el empresario y las asociaciones empresariales.
1.3. Aspectos económicos: fijación del salario, tanto base como complementos.
1.4. Aspectos laborales: clasificación profesional, antigüedad, promoción profesional, etc
1.5. Aspectos sindicales: cláusulas de consolidación sindical créditos horarios suplementarios, etc.
1.6. Mejoras en materia de protección social: Complementos retributivos a la IT

2.- Contenido formal mínimo (art. 85.3 Ley 2/2012):
   2.1. Determinación de las partes que lo acuerdan.
   2.2. Ámbito personal, funcional, territorial y temporal.
   2.3. Procedimiento para solventar discrepancias en los procesos para acordar la inaplicación del CC.
   2.4. Forma y condiciones de denuncia del convenio y plazo mínimo para ello.
   2.5.Designación de una comisión paritaria de las partes para entender de las cuestiones previstas legalmente y de aquellas otras previstas en el propio CC y el establecimiento de un procedimiento para la resolución extrajudicial de las discrepancias que surjan en su seno.

3.- Otros requisitos de forma
      3.1 Forma escrita.
      3.2. Publicación en el B.O. correspondiente según su ámbito territorial.
     
V)           CONTENIDO OBLIGACIONAL: EL DEBER DE PAZ SOCIAL

1.- El acuerdo de un CC implica un contenido obligacional que vincula a las partes negociadoras y signatarias:
      1.1.- Deber de ejecución del convenio.
      1.2.- Deber de influencia sobre los obligados por el contenido normativo.
      1.3.- Deber de paz social: las partes se comprometen a no suscitar conflictos durante la vigencia del convenio.
2.- Especial mención al deber de paz social.
   2.1. Los sindicatos asumen el compromiso de este deber y deja en suspenso el ejercicio colectivo del derecho de huelga mientras esté vigente el CC.
   2.2. Dos tipos de deber
     2.2.1. Un deber relativo, pues se refiere solo a las materias reguladas por el CC.
     2.2.2. Un deber absoluto pues alcanza a todo conflicto que pretenda alterar lo establecido en el CC.

VI)             LAS CLÁUSULAS DE PROTECCION SINDICAL

            1.- El descuento de las cuotas sindicales.
                        1.1. Paso de ser un elemento de los CC., a ser una obligación legal.
            2. La cláusula de agencia o canon de negociación
                        2.1. Declarada inconstitucional por la jurisprudencia española.



Madrid noviembre 2012.

miércoles, 14 de noviembre de 2012

Acerca de los desahucios y del derecho a una vivienda digna.



La magnitud que está adquiriendo el número de desahucios ha convertido esta cuestión en un asunto de interés nacional que, al parecer, ya merece la atención de los principales partidos políticos. Así PP y PSOE llevan días valorando y negociando la adopción de posibles soluciones que hace solo un par de años rechazaban desdeñosamente cuando eran propuestas por otros partidos minoritarios como UPyD. Esperemos que la rivalidad política no impida que surja una solución de consenso que beneficie en cierta medida a todos, tal y como exige la sociedad española. 

Que la gravedad de la situación haya alcanzado la dimensión actual se debe a la confluencia de diversos factores, principalmente la pérdida de ingresos de una gran parte de las familias -en muchos casos de manera drástica al persistir una situación de desempleo crónico que ya hace que en muchas casas no entre ningún sueldo- y un excesivo –y a veces imprudente- endeudamiento privado al adquirir viviendas a un valor desproporcionado con la aquiescencia de una bancos prestatarios excesivamente laxos en la gestión de riesgos.

Efectivamente, sin descartar que en muchos casos los compradores se han podido hipotecar obviando "la diligencia propia de un buen padre de familia", lo cierto es que el incremento en los precios de compra-venta de los inmuebles tras concluir los efectos del "boom" demográfico y del crecimiento de la población debido a la inmigración y, en particular, a partir de mediados de la pasada década -cuando ya superaba ampliamente el valor real del bien- continuó siendo inflado artificialmente por la propia operativa bancaria y por unas pocas empresas de tasación vinculadas a los bancos en una suerte de huida hacia adelante que también debería generar que, con independencia de las responsabilidades personales exigibles, compartan con los deudores una parte de los costes derivados de esa locura colectiva que fue la burbuja inmobiliaria. No es aceptable que siempre pierdan los mismos.
 

Circunstancias extraordinarias requieren medidas de la misma naturaleza y, de igual forma que se están adoptando medidas específicas y novedosas para rescatar al sector bancario de una crisis que contribuyeron a crear parece necesario articular instrumentos que vayan más allá de la legislación vigente para salvaguardar el derecho a una vivienda digna que tienen los ciudadanos y que, no olvidemos, se trata de un derecho recogido en la Constitución. Así, el artículo 47 de nuestra Carta Magna establece que “todos los  españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada” y que “los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”. Se trata de un derecho que constitucionalmente tiene el mismo rango que, por ejemplo, el derecho a la salud o el derecho a un sistema público de seguridad social. Sin embargo, mientras que en el desarrollo normativo que posibilita la prestación de los servicios públicos derivados de estos derechos se ha restringido al máximo la posibilidad de que sean gestionados favoreciendo la participación con ánimo de lucro de entidades privadas, en el ámbito de la vivienda, al contrario, el ánimo de lucro de los operadores económicos del sector (constructores, bancos, tasadoras, etc…) ha sido especialmente amparado desde los poderes públicos y eso tiene mucho que ver con la realidad que ahora padecemos. 

En cualquier caso, no es tampoco ahora el momento de adoptar medidas drásticas que perjudiquen la credibilidad internacional de nuestro país ni de establecer medidas retroactivas generalizadas que, primando los impagos, terminen perjudicando tanto a los bancos como a los “buenos pagadores” y, por ende, dificulten una futura recuperación económica. Pero es necesario adoptar medidas que eviten que miles de familias carezcan de una vivienda digna. Una utilización razonable de la figura de la dación en pago, el recurso a la institución jurídica del comodato durante periodos de carencia pactados entre deudores y acreedores, la conversión de los prestamos hipotecarios ejecutados en contratos de alquiler, la utilización de una parte de los inmuebles del denominado “banco malo” en viviendas destinadas al alquiler social, son diversas opciones que pueden permitir abordar una estrategia con diversos tipos de soluciones en función de la naturaleza del problema concreto a resolver.

La invocación a la sensatez y a la cordura, siendo también necesaria, no debe tampoco servir de coartada para no hacer nada o para adoptar solo medidas cosméticas. Tampoco parece que haya sido una solución efectiva el reconducir este problema al ámbito de la responsabilidad social corporativa del sector bancario mediante el recurso a un Código ético de buenas prácticas.

En este sentido, si bien la legislación hipotecaria española nos ha dado seguridad jurídica y ha sido útil durante muchos años, también es cierto que la evolución de las circunstancias socio-económicas súbitamente ha cambiado tanto como para requerir su modificación. No debemos rasgarnos las vestiduras por ello. Tan demagógico es pretender su total transformación en aras de una cierta colectivización del derecho de propiedad como defender a ultranza su mantenimiento en defensa de una seguridad jurídica y de una liquidez crediticia que, a la postre, solo beneficiaría a un determinado sector económico.

Es más, no olvidemos que la realidad siempre termina superando las barreras legales que la quieren constreñir. Si el acceso de los ciudadanos a la vivienda vuelve a ser un problema social relevante que afecte a un sector numeroso de la población nos volveremos a reencontrar con fenómenos como la ocupación irregular de viviendas o, aún peor, con el resurgimiento de fenómenos como el chabolismo, casi olvidado en nuestro país y que tanto esfuerzo ha costado erradicar. Los problemas de inseguridad, insalubridad y marginalidad a lo que ello nos podría llevar fácilmente nos puede hacer retroceder décadas en nuestros niveles de desarrollo. El problema al que nos enfrentamos, señores, no es baladí.


Post Scriptum: Tras la publicación de este artículo el gobierno ha aprobado el

Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, donde, aun sin el apoyo del PSOE adelanta algunas medidas que tendentes a hacer frente a esta situación. Es un primer paso que merece una valoración positiva, sin perjuicio de que estas soluciones puedan ser mejoradas a lo largo de la tramitación del proyecto de Ley que se va a presentar a las Cortes a continuación.

domingo, 11 de noviembre de 2012

Reflexiones al hilo del nacimiento de un nuevo hijo.


Pocas cosas tan emocionantes e intensas para un padre como abrazar por vez primera a su hijo recién nacido. Da igual que se haya vivido esa experiencia en otras ocasiones. El nacimiento de cada uno de ellos es un acontecimiento único.
 
Son muchas las sensaciones que se agolpan en un instante: el alivio tras comprobar que el bebe tiene todo lo que tiene que tener y parece bien formado; la alegría al ver que el parto ha concluido y la madre descansa por fin sana y salva después del descomunal esfuerzo; la felicidad compartida de ese fruto en común junto con un indefinible sentimiento de orgullo; la satisfactoria sensación, nada más oler al bebe, de que entre nosotros ya existe un vínculo indestructible; la esperanza de poder llegar a verlo convertido en un hombre hecho, derecho y de provecho…; pero, al mismo tiempo, una inevitable y difusa preocupación por lo que el futuro le deparará a ese niño que ahora se tiene entre los brazos y el incipiente peso por la responsabilidad de tener que hacer todo lo posible para sacarlo adelante. En definitiva un cóctel complejo de emociones, que tal vez pueda resumirse en una palabra: amor. 
 
Junto a estas reflexiones más intimas también cabe señalar una más de agradecimiento a todo el personal sanitario que en los servicios correspondientes del Hospital de Torrejón nos han atendido durante el parto y otra más general de satisfacción por el buen funcionamiento y la calidad de la asistencia que hemos recibido durante este proceso por parte de la asistencia sanitaria pública de la Comunidad de Madrid, incluyendo las facilidades para la libre elección de centro.
 
Casi desde el primer momento nuestra opción fue la de acudir al sistema público de salud. Inicialmente, nos correspondía dar a luz en “La Paz”, cuya fama en neonatología inspira mucha confianza, sin embargo mi mujer tenía particular interés por dar a luz, si las circunstancias lo permitían, siguiendo un protocolo de parto poco instrumentalizado. Después de informarnos comprobamos que era una opción que a pesar de ser muy minoritaria (no más del 15% de las madres optan por esta forma de dar a luz y en muchos casos las circunstancias concurrentes lo impiden), se ofrece como posible en algunos centros sanitarios a los que nos era posible acudir tras realizar una solicitud de cambio de centro que, según pudimos comprobar más tarde, se resolvió sin problemas antes del día previsto para la salida de cuentas. También nos enteramos de que en los hospitales de la Comunidad de Madrid se realizan sesiones informativas donde se explican a las futuras madres cual va a ser el procedimiento a seguir, te muestran las instalaciones y aclaran dudas e inquietudes.
 
Tras acudir a varias de esas sesiones, elegimos ir al Hospital de Torrejón, un centro de reciente inauguración donde un equipo joven e ilusionado nos transmitió en esa sesión informativa un gran entusiasmo por su trabajo y nos mostró unos paritorios amplios y bien dotados, uno de ellos, incluso con la bañera de partos donde finalmente nacería nuestro hijo. La tramitación administrativa del cambio fue sencilla y llegado el día señalado todo estaba preparado. La totalidad del personal fue atento y respetuoso con nuestras decisiones durante el proceso asistencial, que resultó un poco más largo de lo esperado, pero en todo momento nos sentimos asistidos y apoyados. Tras el parto, nos trasladaron a una habitación individual donde permanecimos las siguientes 48 horas.
 
Aunque el usuario no lo percibe pues existe una uniformidad de imagen con el resto de los centros sanitarios del SNS en Madrid, el Hospital de Torrejón, es uno de esos centros fruto de la colaboración publico-privada que en alguna ocasión hemos tratado en este blog. Un claro ejemplo de que existen muchas maneras de prestar satisfactoriamente al ciudadano un mismo servicio público.
 
En estos días en que existe bastante polémica acerca de la forma en la que se gestionan los centros sanitarios del Sistema Nacional de Salud, no estaría de más que por parte de los poderes públicos se hiciera un esfuerzo por explicar mejor que lo que se pretende privatizar no es la sanidad pública como servicio público en si mismo, sino tan solo la manera de gestionarla y, al mismo tiempo, que quienes defienden sus, por otra parte legítimos derechos laborales, no pretendan confundir a la opinión pública generando alarmismos tan innecesarios como interesados.
 
En mi opinión, si queremos que nuestros hijos puedan disfrutar en el futuro de unas prestaciones como las que disponemos actualmente, va a ser necesario innovar y cambiar la gestión de los servicios para reducir los costes con el menor impacto en la calidad de la asistencia. Si no lo hacemos así, probablemente el sistema decaerá como ha sucedido en otros países previamente.

viernes, 19 de octubre de 2012

Elogio de un candidato


En las elecciones, lo normal es que solo conozcamos a los candidatos que lideran las listas electorales por la imagen que de ellos proyectan los medios de comunicación, convenientemente filtrada por asesores de imagen y expertos en hacer que se muestren de manera más favorecedora  y nos cuenten justo aquello que su público objetivo queremos escuchar. Rara es la vez que uno tiene ocasión de conocer personalmente a un candidato y de tratarlo ya sea por motivos profesionales o personales. 

Tanto por mis inquietudes como por mi trabajo, he tenido la oportunidad de conocer a algunos/as y casi siempre me han terminado decepcionando. Pueden llegar a ser grandes seductores que en un primer momento te deslumbran y dan una cierta sensación de brillantez pero, al menos en mi caso el efecto de esa seducción tiende a desvanecerse pronto.

Siempre existen excepciones, y la que ahora me viene a la cabeza me produce cierta contrariedad pues para una vez que conozco bien la valía de uno de los candidatos a la Presidencia de la Comunidad Autónoma de Galicia y he tenido ocasión de participar de su estilo de gestión directiva, resulta que ya no estoy empadronado allí y no puedo votarle.

Coincidí con Alberto Núñez cuando yo era un funcionario casi recién ingresado y él estaba comenzando su carrera directiva, aun antes de iniciar su carrera política. Él era un joven y brillante Secretario General del SERGAS y quería reforzar sus servicios jurídicos para lo cual, favoreció que Letrados de la Administración de la Seguridad Social pudieran integrarse en la Administración gallega. Varios compañeros aprovechamos esa oportunidad que suponía una promoción profesional. También volvimos a coincidir cuando reingresé en Madrid como Letrado en la Asesoría Jurídica del INSALUD, siendo él Presidente de ese organismo. Más tarde, cuando le nombraron Presidente de Correos  y a mí me nombraron Director del Servicio Jurídico de la Seguridad Social, nuestras carreras se separaron y ya no han vuelto a coincidir.

Si bien, nunca llegué a ser un colaborador directo sino un letrado más dentro de las asesorías jurídicas de los organismos que Alberto dirigía, si que pude percibir y apreciar su estilo de dirección y, las veces que despachamos juntos, su cercanía para con la gente de su entorno. Uno tenía la tranquilidad de poder desempeñar su trabajo, que no pocas veces comportaba la realización de tareas de control de legalidad, sin temor a recibir presiones que en otras ocasiones han sido tan frecuentes. Respetaba nuestra opinión  y la profesionalidad de los técnicos y funcionarios. Existía en su equipo de entonces una ausencia de sectarismo que hacía que gente de muy diversas procedencias ideológicas colaborará lealmente con él en la gestión de los asuntos públicos que lideraba. Muchos de los que entonces ya participaban en su equipo han seguido desempeñando diversos puestos de carácter directivo en la Xunta de Galicia durante esta legislatura: Nestor, José Mª, Cristina, Alfredo, José Ramón, el añorado Roberto…
 
Tanto por lo que he seguido por la prensa como por alguna conversación que he mantenido con alguno de ellos parece que están luchando muy duro para gestionar estos tiempos difíciles con eficacia y poder seguir adelante. Conociendo su talento y su capacidad de trabajo me consta que harán todo lo que esté en su mano por mantener el barco a flote. Mis circunstancias personales me impiden retornar a Galicia pero saben que, como antiguos compañeros, tienen todo mi apoyo moral desde la distancia.

Gestionar en estos momentos complicados es tan expuesto como difícil, pues es sabido que es más fácil solucionar problemas con el lubricante de los fondos públicos, sin embargo parece que en Galicia se está haciendo y es significativo que sea una de las pocas comunidades autónomas que no hayan tenido de acudir al fondo de rescate previsto desde el Gobierno de España.

Siempre existen ámbitos que pueden ser mejorados y, como puede verse en la prensa cada poco, Galicia tampoco es una isla ajena a las dinámicas perversas que afectan a toda España en estos tiempos, pero teniendo en cuenta las circunstancias y las alternativas, en mi fuero interno deseo que Alberto Núñez tenga oportunidad de seguir dirigiendo la Xunta durante la siguiente legislatura. Seguro que a Galicia le va mejor así que con un nuevo gobierno de aluvión.

martes, 18 de septiembre de 2012

Algunas reflexiones no jurídicas sobre una posible secesión catalana


La cuestión catalana resurge con fuerza como otro factor de la gravísima crisis institucional que atravesamos y uno no puede sino asombrase por la capacidad autodestructiva de la que, a veces, hacemos gala. Seguramente este proceso será objeto de estudio por las universidades del futuro como un ejemplo exitoso de ingeniería social.  

Y ello a pesar de que la integración de lo catalán en lo español ha sido durante siglos una evidencia tan obvia que, sin conocer la evolución de los últimos años, resultaría inexplicable que pueda haberse manipulado y alterado una realidad social e histórica en la forma en la que los nacionalistas han conseguido hacerlo. Máxime si tenemos en cuenta el peso demográfico que en Cataluña tienen los descendientes de los emigrantes llegados desde otros puntos de España durante la segunda mitad del siglo veinte, la participación determinante que han tenido los catalanes en el desarrollo económico y social de España y su influencia en la consolidación de una verdadera clase media española. Una modesta anécdota familiar podría bastar para explicar, a mi modo de ver, la manera en la que lo catalán está inmerso en lo español.

Desde finales del siglo XVIII y hasta mediados del XIX, se produjo en Galicia un importante flujo de inmigración de capitanes, mercaderes, industriales y artesanos catalanes, que ya desde la época de Cornide ha sido tratado por diversos historiadores que han llegado a cifrarla en unas 15.000 personas y a los que se denomina genéricamente “fomentadores catalanes”. Allí, no sin cierta resistencia inicial de las fuerzas vivas (lo que diera lugar a numerosos pleitos) y haciendo honor a su fama de industriosos y trabajadores, introdujeron nuevas artes de pesca e incorporaron técnicas industriales para conservar la sardina lo que abrió la posibilidad de entrar en nuevos mercados y supuso un notable impulso a la pesca gallega al tiempo que trastocaba la estructura social de la región, favoreciendo la aparición de un nuevo tipo de burguesía.

Entre estos inmigrantes catalanes se encontraban los antepasados directos de mi abuela Celia Vidal. Sus descendientes se asentaron allí y sucesivamente participaron en la sociedad gallega y española. Así, algunas generaciones más tarde, mi tatarabuelo Manuel Vidal Boullosa fue un próspero empresario que promovió obra pública y privada en Galicia y, entre otras iniciativas, participó en 1900 en la sociedad que promovió la construcción de una de las primeras fábricas de luz de Galicia. Por su parte, mi bisabuelo, Manuel Vidal Valente, accedió a la Administración civil como funcionario del Cuerpo General de Administración de Hacienda Pública, donde, ya en Madrid, llegó a ser Jefe de Personal del Ministerio de Hacienda y vocal del entonces recién creado Tribunal Económico Administrativo Central, iniciando una tradición de abogados y funcionarios públicos que continuaron su hijo Atilano Vidal Adán, registrador de la propiedad, su nieto Manuel Vidal Estévez, mi padre José Mª Pérez Vidal y que, aunque ya se haya perdido el apellido, en cierto modo continúa conmigo.

El resultado es una familia española de clase media como tantas otras, con múltiples orígenes, gallegos, leoneses, asturianos, catalanes…, a la que cada vez le cuesta más entender la deriva secesionista que, a buen seguro, solo beneficiará a unos pocos si llega a consumarse.

Sin embargo, no nos queda sino reconocer que los últimos acontecimientos han roto todos los tabúes que restaban por saltar acerca de una posible secesión catalana. Es imposible ignorar las masas congregadas en la pasada celebración de la Diada pidiendo la independencia, ni el nuevo chantaje del Presidente Más reclamando un régimen fiscal inaceptable para el resto de las regiones españolas.

Ahora, prestigiosos economistas presentan informes calculando los costes y beneficios que tendría tal secesión y catedráticos en distintas áreas del Derecho (constitucional, administrativo, internacional público), valoran las posibles vías jurídicas para articular este proceso. Pero aunque casi todos los análisis advierten que el resultado sería una enorme pérdida para todo el mundo, excepto para algunos privilegiados miembros de la oligarquía económica y política catalana; solo unos pocos plantean alternativas para una continuidad nacional en un régimen de igualdad, que pasan desde algunas posturas tan razonables como la adopción de una ley como la canadiense, bien resumida en los artículos de Fernando Rodriguez Prieto, a otras tan radicales como difíciles de llevar a la práctica, como pudiera ser una imposición por la fuerza militar de la legalidad vigente en Cataluña.

En cualquier caso, lo que resulta evidente es que estamos en medio de un Rubicón, en el que si no remamos todos en la misma dirección –incluidos los catalanes-, llegado cierto punto puede no haber marcha atrás. La historia nos enseña que este tipo de dinámicas autodestructivas, una vez que se inician es difícil prever como terminan y la deriva nacionalista y la eventual secesión de Cataluña podría llegar a suponer también un peligro real para la continuidad de nuestro actual sistema constitucional en el resto de la Nación. S.M. el Rey, consciente de esta amenaza y ejerciendo como poder moderador, ya ha expuesto su posición rotunda por la unidad y la concordia en la carta que ha publicado en su página web.

España y la Europa de la que formamos parte, se encuentran en medio de una crisis tanto económica como institucional en la que la cooperación leal entre todos es imprescindible para poder superarla. Pero cuando la lealtad solo alcanza hasta donde llega la conveniencia, entonces no merece tal nombre, y la elección por los nacionalistas de este preciso momento para profundizar en su aspiración independentista es percibida por muchos –dentro y fuera de nuestras fronteras- como una profunda deslealtad de los dirigentes catalanes que recuerda a otras anteriores como la tan bien reflejada por J.H. Elliot en su obra “La rebelión de los catalanes: un estudio sobre la decadencia de España (1598-1640)”.

Entonces, como recuerda Elliot, al final de la guerra de los treinta años, la monarquía hispánica se encontraba al límite de su resistencia económica, las guerras europeas comenzaron a amenazar las propias fronteras de la península y en 1638 los franceses del cardenal Richelieu sitiaron Fuenterrabía. En ese momento, sobre la base de la proclamada Unión de Armas, gente de todos los dominios peninsulares de Felipe IV acudieron en ayuda de dicha población vasca, aprobándose en las respectivas Cortes las correspondientes levas excepto en Cataluña, cuyas Cortes rechazaron repetidamente aportar hombres para ninguna campaña. Incluso cuando en 1640 los franceses probaron a atacar la propia Cataluña, tampoco se alistaron tropas locales para la defensa, lo que obligó a traer soldados reclutados en otros lugares, tropas que al no ser adecuadamente mantenidas por la autoridades tuvieron que buscarse el sustento sobre el terreno, lo que dio origen a los roces y desmanes que prendieron en un descontento popular latente, redundaron en la celebre insurrección de los “segadors”, tuvieron su punto culminante con el célebre Corpus de sangre, el asesinato del Virrey de Cataluña y, por último, en la traición de las Cortes catalanas que, tras una efímera república de siete días juraron lealtad al enemigo, el Rey de Francia, provocando una guerra que asolaría el norte de Aragón y la propia Cataluña.

Sin embargo, esas historias lejanas ahora parecían quedar lejos y la mayoría no terminamos de entender como, después de una andadura tan exitosa como la que hemos compartido juntos durante los últimos tiempos, puede haber quienes prefieran restar a seguir sumando. Lo que hemos conseguido en el plano de las libertades, del bienestar social, del orden público y en tantas otras áreas del saber, la cultura etc…, difícilmente lo hubiera conseguido Cataluña por separado. Basta contemplar en que se ha quedado Portugal a pesar que al independizarse disponía de las riquezas de todo un imperio colonial. España es lo que es, en lo bueno y en lo malo, por la conjunción de todas sus partes y viendo lo que hay por esos mundos, podemos estar orgullosos de lo conseguido hasta ahora, sin perjuicio de que todo podría ser manifiestamente mejorado.

Pero efectivamente, la rivalidad y los agravios recíprocos -unas veces reales, otras ficticios- nos han llevado a tal punto que si no hacemos pronto algo que lo remedie, la “fatiga mutua” en esta convivencia de la que hablaba el Presidente de la Generalitat en su anterior visita a Madrid, puede que comience a ser real y que cada vez sea mayor el número de españoles residentes fuera de Cataluña que duden acerca de la bondad de mantener una unión tan complicada.

Llegados a ese extremo, que nadie se llame a engaño. Si la ruptura se llegara  producir, Dios no lo quiera, aunque sea en los mejores términos, dejaremos de ser socios para ser competidores y en la correspondiente negociación habrá que regatear hasta la última peseta –nunca mejor dicho-, pues como dicen en las diversas tierras de mis mayores: “Roto el cesto, se acabó el parentesco” y “Amiguiños, moito, pero a vaquiña polo que vale”.

jueves, 23 de agosto de 2012

Ceuta 1987: un post veraniego de batallitas en la mili


El otro día ordenando armarios, aparecieron como salidas de un túnel del tiempo varias prendas de mi viejo uniforme del ejército. Resulta increíble que después de tantos años y mudanzas aún las conserve pero ahí estaban: camisetas, camisas y la chupita verde oliva con la bandera española en la manga y la galleta con mi apellido, los galones de cabo y el escudo del arma de intendencia. No intenté probármelas, han pasado veinticinco años y casi otros tantos kilos desde entonces, pero he comenzado a recordar situaciones y momentos de aquellos días. Yo tenía 24 años y la carrera de Derecho terminada. Corría el año 1987 y aún faltaba una década para que se suprimiera el servicio militar obligatorio.

Cuando después del periodo de instrucción en Campo Soto, llegamos a Ceuta en el trasbordador y vimos que la banda de música de la Legión nos recibía en el muelle al ritmo de una marcha militar, ya tendríamos que habernos hecho a la idea de que la cosa iba en serio.

Teóricamente, mi destino, por mediación de un conocido de mi familia, era la Jefatura de Intendencia, que se suponía un lugar tranquilo y cómodo. Como universitario lo normal sería pasar un aburrido año metido en una oficina. Sin embargo una reorganización de los efectivos de la plaza había transformado esa jefatura en la Unidad de abastecimiento y servicios generales I/23, una especie de cajón de sastre donde, además de las tareas organizativas y de intendencia propias (almacén, panadería militar, etc) teníamos encomendadas tareas de seguridad en la custodia de varias instalaciones. Éramos pocos, no más de cuarenta y, aunque en teoría yo estaba destinado a oficinas, unos días pasaba la mañana con un capitán de oficinas militares escribiendo a máquina pero otros tocaba descargar un barco o vaciar y reordenar un almacén. Por si eso fuera poco, pronto nos encomendarían la tarea más agobiante de todas.

La vigilancia de los polvorines de la plaza estaba encomendada a la gente del Tercio, pero en aquellos días, por alguna razón desconocida (las malas lenguas decían que se había descubierto la desaparición de armas y municiones) se decidió que debíamos realizar ese servicio.  Correspondió a nuestra unidad la custodia del polvorín del Pintor, una antigua batería en cuyos búnkers y galerías subterráneas se almacenaba munición para armas ligeras, granadas de mano y los antiguos pepinos de las viejas piezas de artillería de la batería original ya inutilizadas. Durante el día un pelotón formado por un suboficial, dos cabos y ocho soldados manteníamos la guardia, y de noche, llegaba un refuerzo con cuatro soldados más del Tabor de Regulares. Dos o tres días a la semana nos tocaba quedarnos allí en turnos de 24 horas. No había descanso. Se salía de la guardia a las ocho de la mañana y había que incorporarse al servicio diurno que tocara con normalidad. Esta misión también provocó que cuando la actividad lo permitía, realizaramos ejercicios de instrucción y de tiro con cierta regularidad.

Nuestro cuartel estaba dentro del casco urbano de Ceuta, en la calle Brull, lo cual no dejaba de ser una ventaja, pero el estado de las instalaciones era lamentable. Se trataba de unos barracones construidos en los tiempos de la guerra de Africa y desde entonces, en el mejor de los casos se fueron reformando, con más voluntad que acierto, por los propios soldados con oficios que allí eran destinados y algunos peones civiles. En algunas partes los edificios ya estaban en ruinas y el sistema eléctrico no hubiera superado la más leve inspección. Afortunadamente, había un pabellón reformado que al llegar nosotros empezó a utilizarse como el alojamiento de la “compañía”. Al menos las paredes estaban bien encaladas y la puerta cerraba bien, pero en él estaban dispuestas, sin solución de continuidad, las literas y taquillas para los cuarenta chavales que andábamos por allí. Más tarde los cuatro cabos ocupamos un pequeño cuarto anexo. Las letrinas –cubículos con un simple agujero en el suelo- y las duchas se encontraban al otro lado de un patio empedrado y llegar a ellas, durante un tiempo, tuvo su peligro, pues de noche era el territorio de una enorme rata que vivía en el desagüe y a la que nos llevo varios días conseguir dar caza. En una de las esquinas del patio se encontraba la cantina, que era “gestionada” cada tres meses por uno de los  suboficiales destinados en la unidad y en otra, junto a la parte semiderruida, estaba el “teleclub”, donde echábamos las horas cuando andábamos libres de servicio. La antigua “compañía” hacía las veces de comedor donde, al no existir una cocina, dábamos cuenta de las raciones que traían del cercano “Parque de Artillería”, sede principal de la Agrupación de Apoyo Logístico 23 (AALOG 23) a la que pertenecíamos.

Los acontecimientos del año anterior en Melilla con los incidentes promovidos por un tal Mohamed Dudú seguían estando recientes y mantenían un aire enrarecido en el ambiente. Por ese motivo, nadie podía salir de Ceuta salvo durante los escasos permisos concedidos para ir a la península. Es más, para la tropa de reemplazo que no fuera ceutí no solo era imposible obtener pases de “pernocta” ni siquiera en fin de semana, sino que teníamos órdenes de salir a la calle siempre vestidos de uniforme, incluso cuando estuviéramos libres de servicio.

En ese entorno, es lógico que el ambiente en el cuartel no fuera demasiado bueno. Al ser un lugar pequeño, los miembros de los diferentes reemplazos eran poco numerosos y, por ello, las tradicionales novatadas a los guripas por parte de los veteranos “abuelos” y “bisas” –“no me quedan meses me quedan días”- que en otros cuarteles eran tremendas, aquí se limitaban a bromas más o menos divertidas; pero, en cualquier caso, se mantenía una jerarquía informal que, por la ausencia e inhibición de los mandos, llegaba a prevalecer sobre la de los cabos pertenecientes a reemplazos más recientes, lo que generaba conflictos. Además, el consumo de drogas en las propias instalaciones y durante el servicio por un grupo pequeño, pero recalcitrante, encabezado por un par de auténticos delincuentes (uno de ellos fue detenido algunos meses después de licenciarse por atraco a mano armada) dio lugar a momentos de tensión y a que, incluso, se llegara a las manos en alguna ocasión. El stress acumulado por la lejanía del hogar, el exceso de trabajo, el poco sueño y las cada vez más frecuentes guardias, provocaba que todos solieramos estar de un pésimo humor.

Por la noche, en aquel cuartel no permanecía ningún oficial ni suboficial quedando como único responsable el “cabo del día” una vez que, a eso de las seis de la tarde, se marchara el último mando. La consecuencia inevitable era que la retreta no se cumplía y la guardía nocturna era un paripé. De hecho, era un run run conocido en la plaza que la cantina de nuestro cuartel era la última en cerrar en todo Ceuta y no era extraño ver de madrugada entre los clientes, a los integrantes de una patrulla nocturna de la policía militar.

Así, a pesar del cansancio, muchas noches se convertían en fiestas interminables donde el “costo”, el whisky y el coñac eran consumidos a ritmo de flamenco, rumba y rock duro. En el colmo del despropósito y del despelote, una noche –el día de la patrona del arma de intendencia para más rechifla- y bajo el auspicio de un sargento, se hizo una colecta para llevar un par de putas al cuartel que atendieron con sorprendente entusiasmo a media guarnición, mientras la otra mitad asistía entre asqueda y atónita al espectáculo. Algunos hartos de emborracharse siempre en el mismo sitio se escapaban del cuartel para ir de discoteca y volvían en un estado lamentable o escoltados por la PM a la mañana siguiente. 

Eran farras salvajes, patéticas y sin medida que, no pocas veces, terminaban en bronca. Aún recuerdo aquella noche en que uno de los soldados al que apodaban “el sevillano”, bastante bebido, había intentado ligar de forma grosera con una chica ceutí en una disco cercana. Varios amigos de la ofendida le echaron de malas maneras del local y a él, tan indignado como ebrio y magullado, no se le ocurrió otra cosa que subirse al cuartel, meterse en el cuarto de guardia, agarrar un CETME cargado y marchar de vuelta con la intención de ajustar cuentas vociferando como un energúmeno. Podía no ser una fanfarronada, pocos días antes habiamos conocido la noticia de que un legionario había ametrallado un bar en la barriada del Principe, también por un asunto de faldas. El cabo de guardia, que estaba en la cantina medio borracho, salio corriendo detrás de él, bajando por la calle y gritando con los brazos extendidos “¡Sevillano! ¡Sevillano! ¡Vuelve que te pierdes!”. Su cara desencajada era todo un poema. Al final, entre varios, consiguieron que soltara el arma y que regresara sin que el asunto pasara a mayores.

El fortín del Desnarigado
No todos los compañeros estábamos cómodos en medio de esa espiral autodestructiva y unos pocos optamos por intentar mantener un espíritu algo más saludable y deportivo. Por mi parte, conseguí un permiso vespertino para acudir todas las tardes a un curso de programación en Basic, lo que me alejaba aunque fuera momentáneamente del sórdido ambiente cuartelero. Varios compañeros, a los que me unía cuando podía, iniciaron la costumbre de salir a correr varias tardes a la semana, haciendo un recorrido de varios kilómetros rodeando la península de la Almina por la carretera que rodea al monte Hacho; y en verano, también bajábamos a bañarnos en una cala junto al fuerte del “Desnarigado”. En el día a día, cambiamos el whisky por la cerveza y, de vez en cuando, empezamos a organizar en el comedor unas meriendas con el pan que sobraba en la panadería militar y las latas de conserva de las raciones de campaña que quedaban pasadas de fecha y se suponía que había que destruir aunque, en su mayor parte, estaban en perfecto estado. Todo ello, junto con la lectura y el video, ayudaba a hacer más llevadero el interminable paso de los días.

En esas condiciones los accidentes "laborales" eran relativamente frecuentes. Durante mi periodo de servicio en Ceuta tres soldados fallecieron en accidentes, uno más se suicidó y, en mi entorno cercano, al menos tres personas volvieron a casa con lesiones permanentes de cierta consideración aunque no invalidantes. Afortunadamente, yo casi no tuve percances -apenas un par de cicatrices- y lo que me viene ahora a la memoria son las anécdotas más amables: el día que comenzamos el curso de cabos y nos hicieron barrer el helipuerto militar…, justo antes de que aterrizaran los helicópteros y volvieran de dejar todas las pistas llenas de polvo y tierra; la historia del soldado artista que convirtió una torre en ruinas del recinto en su estudio de pintura particular; la madrugada en que nos despertaron porque un centinela había sorprendido y disparado a un extraño intentando penetrar en el recinto de uno de los polvorines; la policía militar bajando del camión y entrando con sus porras en el “Tokio” para resolver una pelea al más puro estilo de película americana; la noche en que me ordenaron escoltar al comandante de día en su inspección por los cuarteles cercanos a la frontera; el día que un pobre desgraciado empezó a amontonar cajas junto al murallón del polvorín y lo eché de malas maneras con el arma en ristre; las veces en que también yo me escapé del cuartel para ir de juerga nocturna…

Fue un año intenso, difícil y lleno de experiencias, unas más duras que otras, algunas realmente absurdas; que aunque en su mayor parte preferiría no tener que repetir, si es cierto que, de otro modo, no hubiera tenido ocasión de vivir.

Experiencia de vida que, visto con la perspectiva que dan los años transcurridos, de una manera u otra, además de contribuir a forjar mi carácter y mi forma de ser, también me enseñaron a saber distinguir entre lo que, al menos para mi, es correcto e incorrecto, a comprobar lo difícil que, en determinadas circunstancias, resulta elegir entre una cosa y otra, y el coste personal que puede llegar a suponer hacer lo que uno considera correcto en medio de un ambiente hostil. Vivencias que, en cualquier caso, me prepararon para afrontar mejor algunas de las dificultades con las que todos nos vamos topando por la vida.