viernes, 23 de noviembre de 2012

Reflexiones sobre la nueva regulación de las tasas judiciales


(Artículo también publicado en el blog "Hay Derecho")
Hace pocos días compartí mesa y mantel con algunos de los eminentes juristas que participan en las actividades del Foro de la Sociedad Civil y la opinión, matices aparte, sobre la situación de la Justicia en España era unánime. Resulta descorazonador para quienes aún creemos algo en aquello de la “constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi” que según pasan los años en vez de mejorar, se va a peor y que cada reforma que se acomete o bien esta abocada desde un principio a ser inefectiva o, directamente, tiende –por activa o por pasiva- a restringir los derechos de los más vulnerables a padecer injusticias.

Ahora, tras aceptar que la justicia está colapsada, en vez de acudir a instrumentos o soluciones que satisfagan esa demanda de justicia, se decide abordar el problema recurriendo a mecanismos –basados exclusivamente en criterios economicistas- tendentes a reducirla introduciendo dificultades en su acceso. Al fin y al cabo, como señala con frialdad la exposición de motivos, “el derecho a la tutela judicial efectiva no debe ser confundido con el derecho a la justicia gratuita. Se trata de dos realidades jurídicas diferentes”. En definitiva, el que quiera justicia que la pague, tal y cómo diría un castizo.

La reciente aprobación por las Cortes General de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulandeterminadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y delInstituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (BOE de 21 de noviembre), que reinstaura para las personas físicas las tasas judiciales en la mayoría de las instancias judiciales, supone echar un bidón de gasolina al incendio ya descontrolado que asola la administración de la Justicia en España y disminuye aún más la, cada vez más insólita posibilidad, de que el ciudadano de a pie pueda alcanzar una tutela judicial efectiva de sus derechos. Se trata de un elemento añadido que contribuye a menoscabar lo que constituye uno de los principios básicos de nuestro ordenamiento jurídico, según dice el artículo 1.1. de nuestra Constitución.

Resulta además paradójico que instituciones cuyo encaje constitucional se encuentra en el Capítulo III del Título I de la Constitución, dedicado a los principios rectores de la política social y económica (algunos tan importantes como la universalización de la asistencia sanitaria o las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social, pero otros menos vitales como el derecho del acceso a la cultura por los ciudadanos), resulten un pozo sin fondo para los recursos públicos a base subsidios y subvenciones y, sin embargo, la financiación de la actividad administrativa para garantizar el cumplimiento de un derecho calificado como fundamental deba ser cofinanciada por los usuarios a través de unas tasas que, en algunos casos, resultan desproporcionadas.


El agravante de la imposición de la tasa para las personas físicas o de su incremento para las personas jurídicas viene a unirse a otros problemas seculares como es la interminable duración de los procesos judiciales -extendido ya a todos los órdenes jurisdiccionales y a casi todas las instancias-, la cada vez más deficiente calidad de muchas resoluciones judiciales o el problema de la politización de determinadas instancias judiciales y del propio CGPJ. Si se me permite la comparación, ¿alguien aceptaría que la solución para resolver los problemas del transito por una carretera atestada que, sin señalización y llena de baches, es la única vía disponible para poder llegar de un sitio a otro, puede ser el establecimiento de un peaje para su uso?.

El ansia de justicia por parte del hombre es un impulso primario y si las estructuras del Estado se vuelven ineficaces en su consecución, terminarán siendo sustituidas en la sociedad por otros medios. Algunos de estos instrumentos pueden ser impulsados y controlados por el propio Estado, así, podemos prever a medio plazo un considerable incremento del recurso a la mediación y al arbitraje privados que, a la vista de los costes introducidos ahora para la justicia ordinaria pueden llegar a ser más competitivos si se atiende a un cálculo global de coste/beneficio.

Los juzgados de la Plaza de Castilla
Foto by Chemapego
Sin embargo, la inaccesibilidad para muchos de conseguir la tutela efectiva de sus derechos puede también afectar a la propia legitimidad de las instituciones oficiales, favoreciendo la aparición de sistemas marginales de resolución de conflictos basados en el uso de la fuerza y que, la historia nos lo ha mostrado muchas veces, pueden terminar consolidando estructuras paralelas de poder que escapan al ámbito de actuación del Estado pero resultan ser tan peligrosas para el orden establecido como aceptadas por una parte de la sociedad.

Es cierto que este parche que supone la reforma incrementará de alguna manera los ingresos fiscales; es posible también que reduzca en algo el número de determinado tipo de litigios y, finalmente, es probable que contribuya a aumentar el volumen de negocio en el sector de la mediación y del arbitraje. Sin embargo es muy dudoso que esta reforma sea positiva para la percepción entre la ciudadanía de que tenemos una sistema judicial fiable y para la consecución final de un ideal de justicia en nuestro país. Eso solo podrá conseguirse si se abordan con valentía los auténticos retos que tiene nuestro sistema: resolver la fragmentación de la administración de justicia ahora repartida entre diecinueve administraciones distintas, abordar la revolución tecnológica pendiente, incrementar sustancialmente el número de magistrados, jueces y secretarios judiciales y, por supuesto, reforzar su independencia respecto del poder, tanto político como económico.


miércoles, 21 de noviembre de 2012

Esquema del tema "Convenios colectivos regulares"



La presente entrada tiene por objeto facilitar el estudio del tema correspondiente a mis alumnos de tutoria. Esta materia se ha visto reformada de manera importante por las recientes reformas laborales lo que hace que las ediciones anteriores del manual de profesor Borrajo Dacruz hayan quedado obsoletas. Se recomienda encarecidamente que se estudie la asignatura por la vigesima edición correspondiente al año 2012del citado manual. Si por cualquier causa no pudiera usarse una edición actualizada, puede seguirse el presente esquema y completarlo con la edición disponible y una versión actualizada de los preceptos correspondientes del Estauto de los Trabajadores.

Cómo última advertencia, se señala que el presente esquema tan solo es un intrumento de apoyo al estudio que, en ningún caso, sustituye a los textos y manuales básicos de la asignatura.


CONVENIOS COLECTIVOS REGULARES
(Esquema derivado de la 20ª edición del manual del Prof. Borrajo Dacruz)

I)                   DEFINICIÓN LEGAL Y ELEMENTOS.

1.- Concepto. (Art. 82.1 ET): Los convenios colectivos (CC) regulares son el resultado de la negociación desarrollada por los representantes de los trabajadores y de los empresarios, en virtud de su autonomía colectiva, y se formalizan como un acuerdo libremente adoptado para regular las condiciones de trabajo y de productividad en un ámbito determinado
 1.1. Rasgos definitorios:
    1.1.1. Es un pacto, contrato o acuerdo.
    1.1.2. Una y otra parte son representaciones (excepción en los acuerdos de empresa).
    1.1.3. Efectos normativos:
      1.1.3.1 Obligan a las partes y a las empresas y trabajadores individualmente considerados.
          1.1.4 Su objeto es la regulación de las condiciones de trabajo y de productividad.
       1.2. Fundamento: la “autonomía colectiva normativa” del art. 37.1 CE

II)                CLASES

1.- Convenios ordinarios y convenios marco
 1.1. Convenios ordinarios son de aplicación directa e inmediata a las relaciones de trabajo y materias conexas; sus destinatarios son los empleadores y los prestadores del servicio
 1.2. Convenios marco, establecen el cuadro dentro del cual se desenvolverán ulteriores convenios ordinarios.

2. Según sus ámbitos de vigencia
  2.1. Por su ámbito territorial
     2.1.1 un convenio puede ser local, comarcal, provincial, interprovincial, del ámbito territorial de una comunidad autónoma, nacional o  internacional.
  2.2. Por su ámbito funcional:
    2.2.1. De ámbito empresarial: La reforma del RD Ley 7/2011, reforzó la presencia de los sindicatos.
       2.2.1.1. Las secciones sindicales pueden excluir a la representación unitaria si en conjunto suman la mayoría del comité de empresa.
    2.2.2. De ámbito supraempresarial: Existen diversas modalidades:
        2.2.2.1 (sectoriales, subsectoriales, de grupos de empresas, etc).
    2.2.3.- De ámbito intraempresarial: el denominado CC de grupo profesional o CC franja).
  2.3. Por su ámbito personal:
     2.2.1 puede realizarse en función de su categoría profesional.
     2.2.2. Distinguir entre trabajadores fijos y temporales es inconstitucional.
     2.2.3 Figuras del contratado “fuera de convenio”.

III)             EFICACIA JURÍDICA Y ÁMBITO PERSONAL DE APLICACIÓN

1.- Regla general: El CC regular es el CC normativo de eficacia personal general.
    1.1 Obliga a todos los comprendidos en su ámbito.
          1.1.1. Tanto si están o no de acuerdo individualmente (STCT de 1 de marzo de 1985).
   1.2. Art. 82.3 ET Ley 3/2012: “Los CC regulados en esta Ley obligan a todos los empresarios y trabajadores incluidos dentro de su ámbito de aplicación y durante todo el tiempo de su vigencia.
    1.3. Vinculan a las empresas que no estén afiliadas a las organizaciones pactantes.
    1.4. Su eficacia deriva de representación colectiva institucional (STS 23-11-92).
    1.5. Vinculan a los trabajadores de nuevo ingreso.
   1.6. Vincula a pensionistas beneficiados con planes de mejora cuyos beneficios pueden verse afectados por modificaciones en convenios colectivos posteriores (STS 18 de julio de 2003 y otras).

2. Acuerdo de inaplicación (antigua cláusula de descuelgue).
      2.1. Excepción por las recientes reformas legales (Ley 3/2012).
          2.1.2. Se analiza en el siguiente tema del programa.
      2.2. Necesidad de cumplir determinados requisitos para su validez.

3.- Potenciación del CC de empresa tras la reforma de Ley 3/2012
      3.1. Se podrá negociar en cualquier momento de la vigencia de los CC de ámbito superior.
      3.2. Tendrá prioridad aplicativa respecto a éste en determinadas materias.
      3.3. Extensión de esta eficacia a los CC de grupos de empresas.
           2.3.1 Pero estos no puede priorizarse respecto de los CC de empresa.

4.- Flexibilización de la intangibilidad de la vigencia del convenio colectivo:
      4.1. Art. 86.1 ET (Ley 3/2012): Durante la vigencia del CC, los sujetos que reúnan los requisitos de legitimación previstos en los arts. 87 y 88 ET, podrán negociar su revisión.

IV)             CONTENIDO FORMAL Y MATERIAL

1.- Contenido normativo:
      1.1. Regla general: libertad de pactos con respeto a las leyes:
1.2. Pueden regular las distintas materias que afecten a las condiciones de trabajo y al ámbito de las relaciones den los trabajadores y sus organizaciones asociativas con el empresario y las asociaciones empresariales.
1.3. Aspectos económicos: fijación del salario, tanto base como complementos.
1.4. Aspectos laborales: clasificación profesional, antigüedad, promoción profesional, etc
1.5. Aspectos sindicales: cláusulas de consolidación sindical créditos horarios suplementarios, etc.
1.6. Mejoras en materia de protección social: Complementos retributivos a la IT

2.- Contenido formal mínimo (art. 85.3 Ley 2/2012):
   2.1. Determinación de las partes que lo acuerdan.
   2.2. Ámbito personal, funcional, territorial y temporal.
   2.3. Procedimiento para solventar discrepancias en los procesos para acordar la inaplicación del CC.
   2.4. Forma y condiciones de denuncia del convenio y plazo mínimo para ello.
   2.5.Designación de una comisión paritaria de las partes para entender de las cuestiones previstas legalmente y de aquellas otras previstas en el propio CC y el establecimiento de un procedimiento para la resolución extrajudicial de las discrepancias que surjan en su seno.

3.- Otros requisitos de forma
      3.1 Forma escrita.
      3.2. Publicación en el B.O. correspondiente según su ámbito territorial.
     
V)           CONTENIDO OBLIGACIONAL: EL DEBER DE PAZ SOCIAL

1.- El acuerdo de un CC implica un contenido obligacional que vincula a las partes negociadoras y signatarias:
      1.1.- Deber de ejecución del convenio.
      1.2.- Deber de influencia sobre los obligados por el contenido normativo.
      1.3.- Deber de paz social: las partes se comprometen a no suscitar conflictos durante la vigencia del convenio.
2.- Especial mención al deber de paz social.
   2.1. Los sindicatos asumen el compromiso de este deber y deja en suspenso el ejercicio colectivo del derecho de huelga mientras esté vigente el CC.
   2.2. Dos tipos de deber
     2.2.1. Un deber relativo, pues se refiere solo a las materias reguladas por el CC.
     2.2.2. Un deber absoluto pues alcanza a todo conflicto que pretenda alterar lo establecido en el CC.

VI)             LAS CLÁUSULAS DE PROTECCION SINDICAL

            1.- El descuento de las cuotas sindicales.
                        1.1. Paso de ser un elemento de los CC., a ser una obligación legal.
            2. La cláusula de agencia o canon de negociación
                        2.1. Declarada inconstitucional por la jurisprudencia española.



Madrid noviembre 2012.

miércoles, 14 de noviembre de 2012

Acerca de los desahucios y del derecho a una vivienda digna.



La magnitud que está adquiriendo el número de desahucios ha convertido esta cuestión en un asunto de interés nacional que, al parecer, ya merece la atención de los principales partidos políticos. Así PP y PSOE llevan días valorando y negociando la adopción de posibles soluciones que hace solo un par de años rechazaban desdeñosamente cuando eran propuestas por otros partidos minoritarios como UPyD. Esperemos que la rivalidad política no impida que surja una solución de consenso que beneficie en cierta medida a todos, tal y como exige la sociedad española. 

Que la gravedad de la situación haya alcanzado la dimensión actual se debe a la confluencia de diversos factores, principalmente la pérdida de ingresos de una gran parte de las familias -en muchos casos de manera drástica al persistir una situación de desempleo crónico que ya hace que en muchas casas no entre ningún sueldo- y un excesivo –y a veces imprudente- endeudamiento privado al adquirir viviendas a un valor desproporcionado con la aquiescencia de una bancos prestatarios excesivamente laxos en la gestión de riesgos.

Efectivamente, sin descartar que en muchos casos los compradores se han podido hipotecar obviando "la diligencia propia de un buen padre de familia", lo cierto es que el incremento en los precios de compra-venta de los inmuebles tras concluir los efectos del "boom" demográfico y del crecimiento de la población debido a la inmigración y, en particular, a partir de mediados de la pasada década -cuando ya superaba ampliamente el valor real del bien- continuó siendo inflado artificialmente por la propia operativa bancaria y por unas pocas empresas de tasación vinculadas a los bancos en una suerte de huida hacia adelante que también debería generar que, con independencia de las responsabilidades personales exigibles, compartan con los deudores una parte de los costes derivados de esa locura colectiva que fue la burbuja inmobiliaria. No es aceptable que siempre pierdan los mismos.
 

Circunstancias extraordinarias requieren medidas de la misma naturaleza y, de igual forma que se están adoptando medidas específicas y novedosas para rescatar al sector bancario de una crisis que contribuyeron a crear parece necesario articular instrumentos que vayan más allá de la legislación vigente para salvaguardar el derecho a una vivienda digna que tienen los ciudadanos y que, no olvidemos, se trata de un derecho recogido en la Constitución. Así, el artículo 47 de nuestra Carta Magna establece que “todos los  españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada” y que “los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”. Se trata de un derecho que constitucionalmente tiene el mismo rango que, por ejemplo, el derecho a la salud o el derecho a un sistema público de seguridad social. Sin embargo, mientras que en el desarrollo normativo que posibilita la prestación de los servicios públicos derivados de estos derechos se ha restringido al máximo la posibilidad de que sean gestionados favoreciendo la participación con ánimo de lucro de entidades privadas, en el ámbito de la vivienda, al contrario, el ánimo de lucro de los operadores económicos del sector (constructores, bancos, tasadoras, etc…) ha sido especialmente amparado desde los poderes públicos y eso tiene mucho que ver con la realidad que ahora padecemos. 

En cualquier caso, no es tampoco ahora el momento de adoptar medidas drásticas que perjudiquen la credibilidad internacional de nuestro país ni de establecer medidas retroactivas generalizadas que, primando los impagos, terminen perjudicando tanto a los bancos como a los “buenos pagadores” y, por ende, dificulten una futura recuperación económica. Pero es necesario adoptar medidas que eviten que miles de familias carezcan de una vivienda digna. Una utilización razonable de la figura de la dación en pago, el recurso a la institución jurídica del comodato durante periodos de carencia pactados entre deudores y acreedores, la conversión de los prestamos hipotecarios ejecutados en contratos de alquiler, la utilización de una parte de los inmuebles del denominado “banco malo” en viviendas destinadas al alquiler social, son diversas opciones que pueden permitir abordar una estrategia con diversos tipos de soluciones en función de la naturaleza del problema concreto a resolver.

La invocación a la sensatez y a la cordura, siendo también necesaria, no debe tampoco servir de coartada para no hacer nada o para adoptar solo medidas cosméticas. Tampoco parece que haya sido una solución efectiva el reconducir este problema al ámbito de la responsabilidad social corporativa del sector bancario mediante el recurso a un Código ético de buenas prácticas.

En este sentido, si bien la legislación hipotecaria española nos ha dado seguridad jurídica y ha sido útil durante muchos años, también es cierto que la evolución de las circunstancias socio-económicas súbitamente ha cambiado tanto como para requerir su modificación. No debemos rasgarnos las vestiduras por ello. Tan demagógico es pretender su total transformación en aras de una cierta colectivización del derecho de propiedad como defender a ultranza su mantenimiento en defensa de una seguridad jurídica y de una liquidez crediticia que, a la postre, solo beneficiaría a un determinado sector económico.

Es más, no olvidemos que la realidad siempre termina superando las barreras legales que la quieren constreñir. Si el acceso de los ciudadanos a la vivienda vuelve a ser un problema social relevante que afecte a un sector numeroso de la población nos volveremos a reencontrar con fenómenos como la ocupación irregular de viviendas o, aún peor, con el resurgimiento de fenómenos como el chabolismo, casi olvidado en nuestro país y que tanto esfuerzo ha costado erradicar. Los problemas de inseguridad, insalubridad y marginalidad a lo que ello nos podría llevar fácilmente nos puede hacer retroceder décadas en nuestros niveles de desarrollo. El problema al que nos enfrentamos, señores, no es baladí.


Post Scriptum: Tras la publicación de este artículo el gobierno ha aprobado el

Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, donde, aun sin el apoyo del PSOE adelanta algunas medidas que tendentes a hacer frente a esta situación. Es un primer paso que merece una valoración positiva, sin perjuicio de que estas soluciones puedan ser mejoradas a lo largo de la tramitación del proyecto de Ley que se va a presentar a las Cortes a continuación.

domingo, 11 de noviembre de 2012

Reflexiones al hilo del nacimiento de un nuevo hijo.


Pocas cosas tan emocionantes e intensas para un padre como abrazar por vez primera a su hijo recién nacido. Da igual que se haya vivido esa experiencia en otras ocasiones. El nacimiento de cada uno de ellos es un acontecimiento único.
 
Son muchas las sensaciones que se agolpan en un instante: el alivio tras comprobar que el bebe tiene todo lo que tiene que tener y parece bien formado; la alegría al ver que el parto ha concluido y la madre descansa por fin sana y salva después del descomunal esfuerzo; la felicidad compartida de ese fruto en común junto con un indefinible sentimiento de orgullo; la satisfactoria sensación, nada más oler al bebe, de que entre nosotros ya existe un vínculo indestructible; la esperanza de poder llegar a verlo convertido en un hombre hecho, derecho y de provecho…; pero, al mismo tiempo, una inevitable y difusa preocupación por lo que el futuro le deparará a ese niño que ahora se tiene entre los brazos y el incipiente peso por la responsabilidad de tener que hacer todo lo posible para sacarlo adelante. En definitiva un cóctel complejo de emociones, que tal vez pueda resumirse en una palabra: amor. 
 
Junto a estas reflexiones más intimas también cabe señalar una más de agradecimiento a todo el personal sanitario que en los servicios correspondientes del Hospital de Torrejón nos han atendido durante el parto y otra más general de satisfacción por el buen funcionamiento y la calidad de la asistencia que hemos recibido durante este proceso por parte de la asistencia sanitaria pública de la Comunidad de Madrid, incluyendo las facilidades para la libre elección de centro.
 
Casi desde el primer momento nuestra opción fue la de acudir al sistema público de salud. Inicialmente, nos correspondía dar a luz en “La Paz”, cuya fama en neonatología inspira mucha confianza, sin embargo mi mujer tenía particular interés por dar a luz, si las circunstancias lo permitían, siguiendo un protocolo de parto poco instrumentalizado. Después de informarnos comprobamos que era una opción que a pesar de ser muy minoritaria (no más del 15% de las madres optan por esta forma de dar a luz y en muchos casos las circunstancias concurrentes lo impiden), se ofrece como posible en algunos centros sanitarios a los que nos era posible acudir tras realizar una solicitud de cambio de centro que, según pudimos comprobar más tarde, se resolvió sin problemas antes del día previsto para la salida de cuentas. También nos enteramos de que en los hospitales de la Comunidad de Madrid se realizan sesiones informativas donde se explican a las futuras madres cual va a ser el procedimiento a seguir, te muestran las instalaciones y aclaran dudas e inquietudes.
 
Tras acudir a varias de esas sesiones, elegimos ir al Hospital de Torrejón, un centro de reciente inauguración donde un equipo joven e ilusionado nos transmitió en esa sesión informativa un gran entusiasmo por su trabajo y nos mostró unos paritorios amplios y bien dotados, uno de ellos, incluso con la bañera de partos donde finalmente nacería nuestro hijo. La tramitación administrativa del cambio fue sencilla y llegado el día señalado todo estaba preparado. La totalidad del personal fue atento y respetuoso con nuestras decisiones durante el proceso asistencial, que resultó un poco más largo de lo esperado, pero en todo momento nos sentimos asistidos y apoyados. Tras el parto, nos trasladaron a una habitación individual donde permanecimos las siguientes 48 horas.
 
Aunque el usuario no lo percibe pues existe una uniformidad de imagen con el resto de los centros sanitarios del SNS en Madrid, el Hospital de Torrejón, es uno de esos centros fruto de la colaboración publico-privada que en alguna ocasión hemos tratado en este blog. Un claro ejemplo de que existen muchas maneras de prestar satisfactoriamente al ciudadano un mismo servicio público.
 
En estos días en que existe bastante polémica acerca de la forma en la que se gestionan los centros sanitarios del Sistema Nacional de Salud, no estaría de más que por parte de los poderes públicos se hiciera un esfuerzo por explicar mejor que lo que se pretende privatizar no es la sanidad pública como servicio público en si mismo, sino tan solo la manera de gestionarla y, al mismo tiempo, que quienes defienden sus, por otra parte legítimos derechos laborales, no pretendan confundir a la opinión pública generando alarmismos tan innecesarios como interesados.
 
En mi opinión, si queremos que nuestros hijos puedan disfrutar en el futuro de unas prestaciones como las que disponemos actualmente, va a ser necesario innovar y cambiar la gestión de los servicios para reducir los costes con el menor impacto en la calidad de la asistencia. Si no lo hacemos así, probablemente el sistema decaerá como ha sucedido en otros países previamente.