martes, 10 de diciembre de 2013

Servicios mínimos y Derecho de huelga:

Hoy ha salido publicado en el periódico El País el artículo "Una guía para ponerse en huelga" firmado por Esther Tejedor en el que he tenido la ocasión de participar respondiendo a un cuestionario dando mi opinión sobre algunos aspectos de la actúal regulación de el Derecho de Huelga.

el paísLo cierto es que el artículo constituye a mi juicio una interesante aproximación al estado de la cuestión y muestra sintética y acertádamente cuales son los elementos esenciales del problema y los distintos puntos de vista desde los que se puede abordar. 

Para mi ha sido un placer colaborar con la redactora y le agradezco la mención y el enlace que figura en la versión en internet a estas "Reflexiones de un hombre corriente". A modo de ampliación para los lectores de este blog, acompaño completa la contestación al cuestionario, de donde la autora ha extraido las partes que ha considerado más relevantes:


¿La regulación de los servicios mínimos implica una nueva ley de huelga?
El derecho de huelga goza de las garantías constitucionales reservadas a los derechos fundamentales y, en consecuencia, es indudable que profundizar en la regulación de los servicios mínimos con ocasión del ejercicio del derecho de huelga tendría que hacerse por medio de una ley orgánica.
En ese sentido, debe recodarse que la dimensión de concepto de servicios mínimos fue, en su día, una de las cuestiones más polémicas de la Ley y, de hecho, objeto de una declaración parcial de inconstitucionalidad por la STC de 8 de abril de 1981. Cualquier revisión de la norma deberá tener en cuenta los límites fijados en dicha sentencia.
Dado el carácter preconstitucional de la actual regulación, lo correcto desde una perspectiva técnico-jurídica, es que cualquier reforma debería abordarse mediante la tramitación de una ley orgánica que regule esta institución en su conjunto y no limitarse a una reforma parcial
¿Qué problemas plantea la actual?,
En general, la regulación actual -junto con la doctrina constitucional y jurisprudencial que la interpreta- ha dado una respuesta razonable a la mayoría de las cuestiones que se han planteado con ocasión del ejercicio de este derecho. No puede menospreciarse que el Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo lleva vigente más de 35 años, a su amparo se convocan huelgas regularmente y solo de manera esporádica y normalmente como reacción a situaciones que se han llevado a extremo por las partes inmersas en un conflicto determinado -como el reciente de la limpieza de las calles en Madrid- nos acordamos de que se trata de una ley antigua y que convendría reformarla.
Sin embargo, si que hay cuestiones que merecerían una mejor regulación como el ejercicio de este derecho por determinados colectivos de empleados públicos o la ya mencionada regulación de los servicios mínimos
¿Responde la ley de 1977 a la situación del mercado laboral actual?

Respondía a una realidad social convulsa y de crisis económica semejante a la actual en la que coexistía un elevado desempleo, una alta inflación y unas estructuras industriales desfasadas. Sin embargo, desde el momento que el derecho de huelga es un derecho fundamental que protege el recurso final de los trabajadores para poder presionar en la defensa de sus intereses durante un conflicto colectivo de trabajo, pienso que es indiferente el momento concreto en el que se encuentre el mercado laboral. A mi entender la regulación del derecho de huelga debe enfocarse como una regulación capaz de mantenerse vigente tanto es situaciones de bonanza como de crisis.

¿Tiene lagunas la actual legislación?
Aunque el ordenamiento jurídico tiene una vocación de plenitud, toda legislación tiene lagunas y más si es antigua y parte de su articulado ha sido declarado inconstitucional. Pero también es cierto que la realidad social siempre superará cualquier previsión del legislador y que para eso están los tribunales, para cubrir con sus resoluciones los posibles vacíos de la regulación.
Es más, cuando -por los motivos que sean- las posiciones en un conflicto laboral se radicalizan es difícil que una simple ley pueda actuar como dique de contención. Siempre será necesario tener en cuenta las concretas circunstancias de cada supuesto y siempre será inevitable recurrir a la decisión última de un juez cuando surjan conflictos jurídicos o de hecho que no puedan resolverse ene el seno del comité de huelga.
En diversos momentos de la democracia, sindicatos y PSOE han pedido la modificación de esta norma. En su opinión, ¿el trabajador está adecuadamente protegido?

En mi opinión, creo que la regulación vigente ha sido hasta ahora un instrumento útil que, probablemente sin satisfacer plenamente ni a empresarios ni a trabajadores, lleva a un justo punto medio los derechos y las responsabilidades de cada una de las partes. Después de 35 años y de gobiernos de todos los colores, si no se ha reformado la Ley es porque no ha interesado y porque, salvo quejas puntuales, todos los operadores del mercado de trabajo han estado moderadamente satisfechos con ella.

¿Es pertinente modificar en algún sentido la ley?

La regulación del derecho de huelga implica legislar sobre una materia tan sensible como conflictiva que además supone el último recurso para resolver un conflicto laboral. El ejercicio del derecho de huelga supone sostener un pulso en el que el papel del legislador, para preservar su legitimidad, debe ser de absoluta neutralidad solo con el condicionante de una prudente defensa del interés general.
Partiendo de esta idea el consenso entre los distintos agentes políticos y sociales debe ser el punto de partida esencial para la aprobación de cualquier reforma sobre esta materia. Entre aprobar una ley de huelga sin consenso suficiente y aprobar una ley de huelga “contra” uno de los colectivos afectados hay muy poca diferencia.

Sin perjuicio de lo anterior, probablemente sería conveniente incorporar la actual regulación a una Ley orgánica, regular mejor los servicios mínimos en materia de servicios públicos esenciales incorporando la doctrina de los tribunales destilada durante todos estos años, aclarar mejor las diferencias entre huelga laboral y huelga política, el ejercicio del derecho de huelga de jueces y magistrados, entre otras cuestiones ninguna de ellas, cierto es, exenta de polémica.

domingo, 8 de diciembre de 2013

La formación de los trabajadores como política de empleo y su gestión externalizada.

Las noticias recientes sobre reiteradas irregularidades en la gestión final de los fondos públicos dedicados a la formación de los trabajadores pudiera dar la impresión de que nos encontramos ante una materia que se encuentra poco regulada o, al menos, en la que existen lagunas que dejarían huecos para elucubraciones interpretativas.

Sin embargo, muy al contrario, se trata de una cuestión en la que, a fin de prevenir los fradues pasados acaecidos durante la existencia del FORCEM-, las previsiones normativas detallan de manera casi exhaustiva como se ha de desarrollar y controlar esta actuación administrativa compleja en la que, desde un principio, en vez de asumir una gestión pública directa, el legislador optó por externalizar su gestión basándose casi exclusivamente en los agentes sociales (sindicatos más representativos y asociaciones de empresarios).

Esta decisión se debe, principalmente, a la consolidación en España -tras la transición- de un modelo concentrado de relaciones laborales (contrapuesto al modelo reivindicativo italiano o descentralizado anglosajón) que ha favorecido que, en aras a obtener una mayor control de los conflictos sociales, el Estado cediera parcelas de poder a las distintas organizaciones de intereses, entre ellas a los sindicatos más representativos –y a su contraparte, las asociaciones empresariales más representativas-, a cambio de que estas, ejerciendo un control sobre las bases, fueran capaces de arbitrar políticas de moderación y consenso, intercambiando poder por gobernabilidad. “Las organizaciones sindicales, han obtenido de esta manera, a cambio de moderación salarial y concesiones económico-laborales, una mayor presencia en el ámbito de lo público y un reforzamiento de su organización e influencia en la política económica” (Obdulia Taboadela, 1990).

El presente artículo tiene por objeto describir, siquiera de forma somera, la compleja regulación existente y, así, comprender mejor que la reiteración de irregularidades que han salido a la luz no puede deberse tan solo a meros errores casuales de aplicación contable.

Podemos comenzar señalando, sin ánimo de ser exhaustivos, que la formación en el empleo de los trabajadores, tanto la formación ocupacional profesional como la continua, tiene su fundamento constitucional en el artículo 40.2 de la Constitución española cuando establece que “los poderes públicos fomentarán una política que garantice la formación y readaptación profesionales” puesto en relación con el artículo 35.1 al establecer el derecho a la promoción a través del trabajo, e indirectamente, con el 41, en lo que se refiere a la protección de la situación de desempleo.

En este sentido, la definición legal del concepto “política de empleo” aparece contenida en el artículo 1 de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, reformada de manera relevante por el Real Decreto-Ley 3/2011, de 18 de febrero, donde se afirma que es el “conjunto de decisiones adoptadas por el Estado y las comunidades autónomas que tienen por finalidad el desarrollo de programas y medidas tendentes a la consecución del pleno empleo, así como la calidad en el empleo, a la adecuación cuantitativa y cualitativa de la oferta y demanda de empleo, a la reducción de las situaciones de desempleo y a la debida protección en las situaciones de desempleo”.

En este ámbito, tanto la formación ocupacional como la continua se sitúan en el centro de las políticas activas del ámbito laboral que mejor pueden contribuir a la consecución de los objetivos de empleo, por ello el legislador establece que los recursos económicos destinados a estas políticas activas de empleo serán gestionados por los Servicios Públicos de Empleo (dependientes de la Administración General del Estado y de las distintas Comunidades Autónomas), desarrollando para ello las acciones y medidas que consideren necesarias, pero abriendo la puerta a que puedan ser gestionadas por entidades privadas mediante la concesión de subvenciones públicas, contratación administrativa, suscripción de convenios, gestión directa o cualquier otra forma jurídica ajustada a derecho.

De entre estas actuaciones se recogen expresamente la “formación y recualificación: acciones y medidas de aprendizaje, formación, recualificación o reciclaje profesional incluidas en el subsistema de formación profesional para el empleo” (art. 25.1.b) y las “acciones y medidas que impliquen la realización de un trabajo efectivo en un entorno real y permitan adquirir formación o experiencia profesional dirigidas a la cualificación o inserción laboral” (art. 25.1.d).

La Ley 56/2003 también prevé un subsistema específico de formación profesional para el empleo que está constituido por un conjunto de iniciativas, medidas e instrumentos que pretenden, a través de la formación de los trabajadores y de la acreditación de su cualificación con arreglo a los criterios fijados por el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional, dar respuesta a sus necesidades personales y profesionales de inserción y reinserción en el sistema productivo y contribuir a la mejora de la competitividad de las empresas. La Ley reconoce tanto a las organizaciones empresariales como a las sindicales más representativas y, desde la reforma del Real Decreto-Ley 3/2011, a los centros y entidades de formación debidamente acreditados a través de sus organizaciones representativas del sector, derecho a participar en el diseño y planificación de este subsistema.

La regulación de este modelo de formación profesional para el empleo está desarrollado en primer término por el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, donde se da cabida a los tres elementos sobre los que pivota la realidad práctica de este mecanismo: la participación de las comunidades autónomas, la inserción de la formación en la negociación colectiva sectorial y el importante papel de los “interlocutores sociales” en el desarrollo de estrategia de formación. Y se constituye la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, como entidad perteneciente al Sector Público Estatal, que como su propio nombre indica tiene carácter tripartito y su Patronato está constituido por la Administración Pública (con representación del Ministerio competente y de las Comunidades Autónomas) y por las organizaciones empresariales y sindicales más representativas. Asimismo, en esta norma se prevé la aplicación de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones en la ejecución de las programaciones de acciones formativas con fondos públicos distintas de la ejecución de programas sometidos a una regulación específica (art. 23 del RD).

La financiación de estas actuaciones para cada año se establece mediante una disposición adicional en la Ley de Presupuestos Generales del Estado (la Disposición adicional número 85 en la LPGE para 2013), partiendo de la base de la cotización por formación profesional que, de manera conjunta con las cotizaciones de seguridad social, se recauda por la Tesorería General de la Seguridad Social. Los porcentajes pueden variar cada año, pero para este ejercicio 2013, el 50 por ciento, como mínimo, de lo así recaudado se afectará a la financiación de iniciativas en materia de formación de demanda, que abarca las acciones formativas de las empresas y los permisos individuales de formación, formación de oferta dirigida prioritariamente a trabajadores ocupados, acciones de apoyo y acompañamiento a la formación, formación en las Administraciones Públicas (un 6,165% que gestiona directamente el Instituto Nacional de la Administración Pública) y a los gastos de funcionamiento e inversión de la propia Fundación Tripartita, la cual deberá presentar anualmente y antes del 30 de abril del ejercicio siguiente ante el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE), la justificación contable de los gastos realizados con cargo a los fondos asignados para su funcionamiento. El 50 por ciento restante se destinará inicialmente a financiar las acciones formativas dirigidas prioritariamente a trabajadores desempleados.

Las Comunidades Autónomas con competencias estatutariamente asumidas en la materia recibirán del Servicio Público de Empleo Estatal las transferencias de fondos para la financiación de las subvenciones que en este ámbito les corresponda gestionar.

A estas cantidades hay que añadir las cantidades libradas por el Fondo Social Europeo, -siempre en régimen de co-financiación con administraciones nacionales-, que entre sus iniciativas incluye aquellas tendentes a aumentar y mejorar la inversión en capital humano, sobre todo mediante la mejora de los sistemas de enseñanza y formación. Es en el ámbito respectivo, Estado o Comunidad Autónoma, donde diversas disposiciones de carácter reglamentario concretan los proyectos y áreas donde esta financiación se verifica, tras haber sido aprobada en las instancias europeas.

El Real Decreto 395/2007, se desarrolló parcialmente por medio de la Orden TAS/2307/2007, de 27 de julio, en donde se concretan las actuaciones que las Administraciones Públicas han de implementar para controlar la realización de los cursos. Así, su art. 30 describe diversas actuaciones de seguimiento y control a realizar por las Administraciones Públicas, como el seguimiento in situ de la actividad formativa durante su realización, o recopilar testimonios de los responsables de formación, alumnos y formadores, sobre la ejecución de la acción formativa, contenidos de la misma, número real de participantes, instalaciones y medios pedagógicos. Por otra parte, y con posterioridad a su realización, se prevé la comprobación mediante evidencias físicas de a) la ejecución de la acción formativa; b) el número real de participantes; c) la entrega a los participantes del diploma o certificado de formación y la inclusión del emblema del Fondo Social Europeo cuando este haya participado en la financiación; d) justificantes de los costes de formación, su contabilización, así como de la materialización del pago antes del último día hábil para la presentación del boletín de cotización del mes de diciembre del ejercicio económico que corresponda, teniendo en cuenta los requisitos establecidos por la normativa española y, en su caso, la comunitaria respecto de la cofinanciación del Fondo Social Europeo; e) en las acciones ejecutadas mediante las modalidades de teleformación, a distancia convencional o mixta se realizará una comprobación adicional de las entregas de material, de los controles de seguimiento y de las pruebas que conlleve la enseñanza programada, así como la verificación de los soportes didácticos y de la asistencia tutorial. También deberá comprobarse que comprobarán las bonificaciones aplicadas por la empresas corresponden con conceptos previstos por la norma.

La gestión económica se canaliza a través de la mencionada Fundación Tripartita, y mediante las convocatorias de subvenciones que realizan las Comunidades Autónomas o el SPEE para la realización de estas actividades formativas y a las que también concurren las organizaciones sindicales y empresariales, bien de forma directa, bien por medio de sus Fundaciones filiales. Así, por ejemplo, en el caso de la UGT, el Instituto de Formación y Estudios Sociales, el Centro de Innovación Formación y Actividades Sociales (CIFAS) que gestiona la Escuela, “Arsenio Jimeno” de Aragón; la Fundación Pascual Tomás, en la Escola Formación Vicent Redolat del País Valenciano; la Fundación Canaria para el Desarrollo Social (FUNDESCAN); en Andalucía, la Escuela Largo Caballero de Córdoba; MASERCISA, de UGT-Madrid; el Institut per al Desenvolupament de la Formacio i lÓcupacio (IDFO) en distintas sedes de Cataluña; la Fundación ICARO etc...). La reforma reciente de 2011 abre acertadamente la puerta a que entidades independientes especializadas en el sector educativo y formativo puedan participar con más facilidad en estos procesos pues, hasta entonces, su participación se tenía que articular mediante subcontratas con los inicialmente adjudicatarios.

Un aspecto al que se ha venido dando poca importancia es que, dado que la mayor parte de estas actividades formativas son financiadas de una manera u otra con fondos públicos, la contrataciones de bienes y servicios que los destinatarios de estos fondos debían realizar para llevar a cabo las actuaciones formativas entraban dentro de la categoría de contratos subvencionados establecida en la Ley de Contratos del Sector Público y, de acuerdo con lo establecido en dicha normas, si no se trata de contratos que por su cuantía, deban encontrarse sujetos a regulación armonizada en cuyo caso debería aplicarse esta norma en sus propios términos, al menos es necesario que quienes así contraten lo hagan con arreglo a unas instrucciones de obligado cumplimiento en el ámbito interno de dichas organizaciones y que en ellas se regulen procedimientos de contratación de forma que el contrato sea adjudicado a quien presente la oferta económicamente más ventajosa y quede garantizada la efectividad de los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación.

Los indicios aparecidos en la prensa apuntan a que tanta parafernalia regulatoria ha resultado, una vez más, papel mojado y no ha impedido que los “errores contables” campen a sus anchas con grave detrimento de las arcas públicas y horadando la posible eficacia de las políticas activas de empleo que se han intentado desarrollar por este medio.

Rememorando el viejo y conocido refrán, tal vez haya sido la previa experiencia propia como principales gestores de este servicio público externalizado, lo que haya fundamentado la tremenda desconfianza de los principales sindicatos, ante los intentos de externalizar la gestión de otros servicios públicos como, por ejemplo, la asistencia sanitaria.

lunes, 11 de noviembre de 2013

Recensión a la obra "El Coste de la No-España"

Hace ya más de diez años que el periodista Miguel Ángel Aguilar, inspirado por el informe que Paolo Cecchini hiciera en 1988 sobre el coste de la no-Europa, postulara en un artículo publicado en “El País”, por la necesidad de que en España se redactara también un informe sobre el coste de la No-España. Entonces el objeto de preocupación se residenciaba en el País Vasco, ahora nos lo encontramos en Cataluña.

Este fin de semana he podido leer el documento sobre “El coste de la No-España: Razones para un proyecto de vida común” que fue presentado la semana pasada en el Circulo de Bellas Artes y que, salvo algunas referencias en el El Mundo, Vozpopuli o el Imparcial, apenas ha tenido reflejo en los medios de comunicación.

Aunque a título individual han surgido trabajos analizando el problema desde diversos ángulos, destacando desde mi punto de vista el “Informe sobre España” de Santiago Muñoz Machado (Ed. Critica, 2012), desde los think-tanks vinculados a los principales partidos nacionales o a las instituciones oficiales solo se ha abordado el tema de manera tangencial y, salvo error en mi búsqueda, ni FAES ni Ideas han publicado un documento con la profundidad de éste que comentamos. Lo cierto es que, esta inactividad, de una manera u otra, ha provocado que ante lo univoco del mensaje a favor de la secesión catalana, una parte muy importante de la sociedad española, dentro y fuera de Cataluña, nos planteemos ese evento como posible y que incluso, cada vez sea creciente un sentimiento de hastío dentro de lo que se denomina “resto-de-España" que incide en un desapego evidente.

Desde esta perspectiva, este trabajo adquiere su auténtica importancia y aunque la obra no esconde su carácter de documento de partido, ya que está patrocinada por la Fundación Progreso y Democracia vinculada a UPyD, y muchos de sus autores tienen la condición de cargos electos de este partido, se trata de un trabajado informe realizado con un enfoque académico y que encuentra su auténtico valor añadido en los artículos o ensayos que a lo largo de más de 200 páginas, se dedican a desmontar de manera sistemática y con apoyo en numerosas referencias bibliográficas el argumentario nacionalista.

Así, tras un prólogo firmado por Fernando Sabater, Ramón Marcos, Letrado de la Administración de la Seguridad Social y, actualmente, diputado a la Asamblea de Madrid, acomete un documentado trabajo sobre “las razones del éxito del nacionalismo disgregador” en el que combinando su experiencia vital en Cataluña y numerosas referencias, analiza desde un punto de vista sociológico y político el éxito que, hasta ahora, está tenido el experimento social que los nacionalistas están llevando a la práctica debido en parte a aciertos propios de su estrategia y, en parte, a la parálisis cómplice de los gobiernos de España.

A continuación se presenta un repaso histórico realizado por los profesores Gabriel Tortella y Clara Eugenia Núñez (“Más de 500 años juntos: síntesis de la evolución histórica de Cataluña, País Vasco en España”), donde se pone de manifiesto nuestra larga y conocida historia común llena de encuentros y de algunos desencuentros, estos últimos magnificados y tergiversados por la historiografía catalana reciente.

En el tercer artículo, de nuevo Ramón Marcos, junto con A.G. Ibañez abordan la cuestión “del contenido real del Derecho a decidir: un patrimonio común de todos, no fraccionable”, en el que de manera razonada se desmonta la falacia del pretendido derecho a decidir del pueblo catalán como un presupuesto inatacable de democracia.

El profesor barcelonés de la Universidad de Edimburgh, José V Rodríguez Mora, analiza desde un punto de vista económico, los costes transitorios de la independencia y presenta un modelo en el que, teniendo en cuenta el comercio internacional normal entre países vecinos y amigos y algunas experiencias recientes de disgregación amistosa de países, considera que lo normal sería que se produjera una disminución muy relevante de la actividad económica catalana tras la separación y la pérdida de un mercado difícil de recuperar o de compensar, desmitificando con un modelo económico cuantificable la arcadia feliz que otros expertos auguran.

El actual eurodiputado Francisco Sosa Wagner, junto con la catedrática en Derecho administrativo Mercedes Fuertes analizan los costes políticos e institucionales de la separación, entrando incluso en la política ficción del día después de la independencia.

Un enfoque psicosocial del problema es el que se ensaya en el trabajo suscrito por el catedrático de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma, José M. Fernández Dols y por el también psicólogo y concejal del ayuntamiento de Madrid Jaime Mª Berenguer.

El coste lingüístico y cultural es abordado por el filósofo Aurelio Arteta y el abogado Enrique Helguera haciendo especial hincapié en el tratamiento del castellano en Cataluña y el perverso enfoque hacia ciertos elementos culturales compartidos a lo largo de la historia que actualmente son ignorados cuando no perseguidos por las autoridades autonómicas catalanas.

Concluye la obra con breves artículos a cargo de Martínez Gorriagán, Rosa Diez y Vargas Llosa,, donde a modo de colofón desarrollan sus ya conocidos argumentos respecto a la cuestión catalana y una abundante bibliografía en donde se recogen las fuentes utilizadas en los diversos ensayos.

Prácticamente en su totalidad, el contenido de la obra rezuma sentido común y podría ser suscrito en su mayor parte tanto por quien pueda sentirse afín tanto al PP como afín al PSOE. De hecho, desde mi punto de vista, la gravedad del problema debería haber favorecido que una obra de estas caracteristicas naciera con el patrocinio común de varias fuerzas políticas y no solo de un partido político cuantitativamente menor. Sin embargo tal y como esta la situación política en este país ahora eso es como pedir peras a un olmo.

En cualquier caso, este informe, huye tanto del cómodo refugio retórico de la sacralidad de la Constitución de 1978, como de la presunta eficacia mágica de la palabra “federalismo” y sobretodo apela, como en su título se indica, por rescatar las razones que aunque siempre han estado ahí parecían olvidadas, y demuestran la existencia de una auténtica Nación española que engloba realidades sociales, históricas y culturales diversas, pero unidas por unos lazos de todo orden que solo forzando las cosas pueden llegar a romperse. Todas ellas, en realidad, son razones que perfectamente justificarían que este debate que tanto nos preocupa ahora no se hubiera abierto nunca si no fuera por los intereses de un sector minoritario muy interesado en desatar esta dinámica.

Este informe merecería tener una distribución adecuada y permitir su difusión completa, sin embargo, en la versión que me han proporcionado carece de ISBN y de depósito legal -de hecho el único copyright corresponde a la ilustración de la cubierta-, por lo que no puede calificarse como un libro propiamente dicho, por lo que esta versión dificilmente podrá llegar a las librerías. Esperemos que este error se subsane y se facilite una divulgación que vaya más allá del consumo interno dentro de un concreto partido político.

viernes, 11 de octubre de 2013

Agradecimientos al hilo de una insignia de oro

Los pasados días 4 y 5 de octubre se celebraron en Jaén las XIII Jornadas de la Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad que estuvieron dedicadas al estudio de las últimas reformas en materia de fraude a la Seguridad social y de los actuales proyectos de reforma para mejorar la viabilidad del sistema. En otro post haré referencia a alguna de las interesantes cuestiones que allí se abordaron. Ahora, empero, quisiera realizar una consideración de carácter más personal.

Acto de clausura de las Jornadas
Con ocasión de estas Jornadas, la Junta Directiva acordó honrar con la entrega de la Insignia de Oro de la Asociación a determinadas personas y decidieron incluirme entre ellas por mi pasada condición de primer Director del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social. En un momento anterior se habían entregado sendas insignias al Secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos y al Director General de la Tesorería General de la Seguridad Social, Francisco Gómez Ferreiro, sin embargo a Francisco Fuentes, anterior Presidente de la Asociación, Nieves Ciruelos, actual Directora del Servicio Jurídico y a mi, nos las entregaron aprovechando la celebración de las Jornadas. Debido a un pequeño malentendido del que en parte fui responsable, llegué in extremis al instante de la entrega y entre lo azorado y sofocado que estaba apenas puede formular un escueto “gracias” al recibir la insignia, que apenas traslucía lo que en realidad sentía. Aprovecho que dispongo de esta ventana abierta para poder manifestar aquí ese sentimiento y traer a colación algunos recuerdos y otros agradecimientos debidos que, a lo mejor en su día, no tuve ocasión de manifestar adecuadamente.

En primer lugar, agradezco mucho este honor a los compañeros que ahora componen la Junta Directiva de la Asociación y, en particular, a su Presidente Juan Carlos Lozano (ahora entiendo tanto interés porque asistiera a las Jornadas). Casi diez años han pasado desde que cesara como Director y es reconfortante un reconocimiento así. Sin embargo sería injusto pretender apropiarme del mérito de lo logrado durante aquel periodo pues fuimos muchos los que, de una manera u otra, trabajamos para conseguir, al menos parcialmente, los objetivos que nos habíamos marcado.

Lo cierto es que, como suele ocurrir, llegué a la Dirección un poco por casualidad. De aquella yo estaba destinado como Letrado en los Servicios Centrales del INSALUD y era vocal de la Junta Directiva de la Asociación. En un primer momento, estaba destinado a ser un miembro más del equipo de la persona que iba a ser inicialmente nombrada. Sin embargo, por motivos personales esta persona declinó finalmente el nombramiento y yo fui llamado para ocupar el puesto. Es justo reconocer aquí el apoyo y el estímulo que encontré en Alicia Domínguez, Pilar Ruiz Larrea, Pedro Rodríguez Serrano, Paco Gómez Ferreiro, Carmen Salvador y Ana Álvarez. Ellos, o alguno de ellos, fueron los que propusieron mi nombre al entonces Secretario de Estado, Gerardo Camps Devesa para que me llamara.

Visto con cierta perspectiva y atendiendo a su rango jerárquico dentro del Ministerio, pudiera parecer que la Dirección del Servicio Jurídico es solo un cargo de relativa importancia, pero en mi opinión, para un funcionario de nuestro Cuerpo, es posible que sea uno de los más importantes que se pueden alcanzar durante la carrera profesional. Yo, al menos así lo entendi y mi forma de corresponder a esa confianza fue “darlo todo” durante los años siguientes.

Por aquel entonces, el Servicio Jurídico como servicio común no era más que cuatro líneas en un Real Decreto y aunque ya había un proyecto de Reglamento en tramitación (redactado principalmente por las Letradas Alicia Domínguez y Mª José Alonso, ahora Secretaria General de la Dirección) estaba casi todo por hacer. Se trataba de gestionar un proceso de cambio muy importante disponiendo de pocos recursos y enfrentándonos a fuertes resistencias. Eso suponía trabajar muchísimo, tomar decisiones arriesgadas nunca exentas de polémica y ejercer funciones de gestión y directivas para lo que me vinieron muy bien las técnicas y herramientas que había aprendido en los programas de formación directiva que había seguido en el INAP.

Ese empezar casi desde cero comportó una gran ventaja poco frecuente en la Administración: la posibilidad de formar un equipo casi por completo. Nunca se reconocerá bastante el trabajo, la ilusión y la entrega de los Letrados/as que se animaron conmigo a embarcarse en aquella aventura y que formamos un auténtico equipo de alto rendimiento: Ana Álvarez, Juancho del Valle, Pilar Madrid durante el primer año y José Sánchez Robles después -Secretaria general y primeros Letrados jefe de lo Contencioso y lo Consultivo, que ejercieron durante esos años aunque nunca pudieran consolidar sus destinos-. Fundamental también el magnífico trabajo realizado por las funcionarias del Cuerpo de Gestión Carmen Eito e Isabel Álvarez para desarrollar en la práctica muchas de las ideas que se nos ocurrían. Más tarde, los Letrados/as Soraya Amaya, Paco de Miguel, José Mª Vázquez y Piedad Torres también se incorporaron y aportaron su talento al objetivo común de consolidar tanto la figura del Servicio común como a la propia Dirección. El apoyo administrativo prestado por Julián, Mª Luisa, Olga, Eduardo y los demás compañeros que vinieron con el tiempo es digno de ser mencionado.

Para desarrollar el proceso y alcanzar los objetivos que nos habiamos propuesto era necesario establecer una red de alianzas y complicidades con personas, entidades y organismos que compartieran nuestra visión del proyecto así como mantener inestables equilibrios y, en ese sentido, sería injusto no extender mi reconocimiento a Gerardo Camps y Fernando Castelló, los Secretarios de Estado que me dieron su confianza y su apoyo a la hora de tomar decisiones importantes y, al mismo tiempo, respetaron la independencia con la que desempeñé el cargo. Su respaldo y el trabajo de las personas que formaban su Gabinete como Juancho Díaz Dabán y, en los últimos tiempos de la legislatura nuestra actual Directora Nieves Ciruelos, fue determinante para poder sacar adelante proyectos en donde la colaboración de otras Entidades Gestoras o Ministerios era imprescindible. En este punto, quisiera recordar las muchas horas de trabajo codo con codo con Javier Muñoz Aizpuru, entonces Subdirector General de RR.HH de Entidades Gestoras y Organismos Autónomos en el Ministerio, que más tarde sería también mi jefe cuando recalé en el INGESA y con sus consejeros técnicos y demás personal de apoyo.

Aunque en un principio todas las entidades gestoras aportaron su granito de arena, adscribiendo funcionarios al nuevo centro directivo que se había creado, merece destacarse el importante soporte material aportado desde la TGSS, primero con la gestión realizada desde su Secretaría General, desempeñada entonces por Reyes Zataraín y, luego, con la delegación de firma del Director General de la TGSS, Paco Gómez Ferreiro, en el Director del SJSS, que nos permitió una autonomía en la gestión del presupuesto que amplió nuestra capacidad de maniobra. A su vez, Rodrigo Marés nos facilitó mucho las cosas mientras estuvimos en la calle Londres y Julio Mejía, Subdirector General de Patrimonio, colaboró de forma activa para encontrar una ubicación digna para la Dirección.

Además, muchos fueron los compañeros Letrados que aunque ya no prestaban servicios en la Administración de la Seguridad Social, contribuyeron puntualmente a superar obstáculos, franquear el acceso de puertas que se cerraban o simplemente a colaborar en los eventos o actuaciones formativas que programábamos, mereciendo destacarse, además de los ya citados, a Carmen Sampedro, Manuel Peláez, Reyes Montseny, Luis Martínez-Sicluna, Alberto Palomar o Herminio Losada, entre otros a los que, tras los diez años pasados, seguro olvidaré injustamente.

Dentro del propio Servicio Jurídico la transformación y modernización que se pretendía comportaba unos cambios en la forma tradicional de trabajar, introduciendo un nuevo centro directivo al que tener que reportar y nuevos mecanismos de control sobre el trabajo realizado por los Letrados que no siempre fueron bien aceptados. En este sentido he de agradecer la colaboración que, como Letrados Jefe de Servicios centrales, siempre me ofrecieron Toribio Malo, Juan-Manuel Saurí y Cristina Cereceda, con quienes despachaba frecuentemente, así como la buena disponibilidad de la inmensa mayoría de los Letrados Jefes de los Servicios Jurídicos delegados provinciales y casi la totalidad de los Letrados cuando se les solicitaba su colaboración para cubrir alguna comisión de servicio, paliar alguna urgencia o incluso preparar algún informe o algún documento para la Dirección. Soy un desastre para las caras y los nombres y no siempre recuerdo a todos con los que en alguna ocasión he despachado o resuelto algún asunto, mis disculpas por ello. Pero mi mala cabeza no es óbice para reconocer que la suya también fue una aportación tan discreta como importante.

Una de las intenciones que teniamos era convertir al Servicio jurídico en un autentico servicio común de la Seguridad Social, en la creencia de que realmente era necesario reformar, modernizar, potenciar y prestigiar la función de asistencia jurídica para consolidarlo como un potente instrumento destinado a garantizar la solvencia del sistema. A pesar de ello, la provisionalidad en la que nos mantuvimos durante casi toda la legislatura, sin una RPT propia apropiada, nos hacía temer que cualquier cambio en el Ministerio pudiera dar al traste con todo el trabajo hecho y que la Dirección desapareciera. Afortunamente ni fue así, pero entonces no teniamos manera de adivinarlo.

En ese orden de cosas, muchas decisiones no fueron fáciles de tomar ni siempre fueron comprendidas por los destinatarios y el resto de la organización. Así, por ejemplo, cuando vinculamos los servicios jurídicos provinciales a la Dirección del Servicio Jurídico en Madrid para una mejor coordinación de los mismos se nos tachó por muchos Directores Provinciales –que de alguna manera se sentían amenazados por el cambio-, de corporativistas e intentaron detener el proceso; cuando comenzamos a unificar servicios jurídicos de INSS y TGSS fueron algunos Letrados los que recurrieron estas instrucciones pues afectaban a su área de confort y les obligaba a realizar nuevos esfuerzos; el establecimiento de un registro propio en los servicios jurídicos generaba un trabajo suplementario para un personal administrativo escaso y en algunos sitios sobrecargado de trabajo lo que provocó malestar; y cuando postreramente decidimos que la Dirección del Servicio Jurídico, aún a medio desarrollar, no podía convertirse en un cementerio de elefantes, algunos compañeros pudieron sentirse abandonados. Es posible que nos equivocáramos al tomar alguna de ellas pero tal vez, donde  fallamos fue en la tarea de comunicar adecuadamente a la organización la necesidad de esos cambios y la conveniencia de los pasos que se estaban dando.

Cómo dice un amigo conocedor de estas lides, algunos nombramientos de libre designación son como esos romances de verano que se viven intensamente y cuando terminan uno tiene la sensación de que fueron demasiado breves. Supongo que para mí, aquel fue de esos pero, en cualquier caso, fue un periodo profesional muy intenso y, en su conjunto, satisfactorio aunque nos quedaran cosas pendientes: sobretodo la RPT de los servicios jurídicos delegados, la cual como se ha visto estos últimos nueve años, no era tan fácil de implantar.

Hace unos meses, después de un paréntesis de varios años en otra administración y de un nuevo cese algo complicado, he vuelto al Servicio Jurídico de la Seguridad Social, de nuevo como Letrado de infantería en primera línea de tribunales y me he reencontrado con la esencia de lo que me gusta de ser Letrado: la toga y el pleito. También en eso deseo expresar mi agradecimiento a la actual Dirección por su buena disposición durante mi reingreso y, sobretodo, a mis compañeros del Servicio Jurídico delegado provincial por su ayuda para volver a adaptarme al ritmo trepidante de los plazos y los señalamientos.

Llegados a este punto, imagino que muchos compañeros habrán agradecido que llegara tan precipitadamente a la entrega de la insignia y, así, ahorrarse esta “ponencia” de agradecimiento que, si se me permite la broma, solo puede compararse en extensión con el discurso de clausura de las Jornadas.

miércoles, 25 de septiembre de 2013

Así, España siempre pierde

Tal y como está planteado el perverso debate de la secesión catalana, España siempre pierde. Ese es uno de los problemas que plantea la perniciosa cuestión catalana de mantenerse las inercias actuales. Mientras que la negociación constituyente de 1978 fue afrontada entonces por todas las partes con una estrategia de negociación basada en el principio “ganar-ganar”, ahora, y desde que comenzó a tramitarse el nuevo Estatuto de Autonomía, el inevitable proceso negociador que -querámoslo o no- ya está en marcha, solo puede entenderse en términos “ganar-perder” o “perder-perder”. 

Una diferencia fundamental entre un nacionalismo disgregador como el catalán y un nacionalismo integrador como es actualmente el español (a pesar de que algunos pretendan equipararlos), radica en que mientras el segundo ha permitido, en especial durante el último medio siglo, unas relaciones y sinergias que en términos generales han aprovechado a todos basadas en una estrategia colaborativa, la negociación entre nacionalismos disgregadores solo permite adoptar estrategias de negociación basadas en el principio “ganar-perder”, de forma que solo una de las partes gane a costa de la otra y, en ese proceso, siempre cabe la posibilidad de que ambas –en términos globales-, terminen perdiendo respecto de la situación de partida.

Si como colofón a este proceso se alcanza un acuerdo por el que Cataluña adquiere una posición de mayor privilegio dentro del reparto de los recursos nacionales en detrimento del resto de las comunidades autónomas –tanto si se alcanza un nuevo acuerdo de financiación más ventajoso, como si se acepta la falaz tesis del Estado asociado, con la que conservarían todas las ventajas de pertenecer a una entidad superior de las dimensiones y relevancia de España y, por ende, de la Unión europea, pero eludiendo muchas de las cargas que ello comporta-, el resultado ¿final? sería que Cataluña gana pero que el resto de España pierde.

Si, finalmente, los separatistas triunfan en sus objetivos –un escenario cada vez más plausible- y se produce una declaración unilateral de independencia, todos perderemos. Con la secesión de aproximadamente una quinta parte de su territorio y población, España perdería peso específico dentro de Europa (tanto demográfico como económico) y haría aún más perceptible su decadencia en el contexto internacional; se agravaría la crisis institucional interna y se abriría la puerta a nuevas secesiones aunque, también es posible que, en lo económico, pueda servir de revulsivo para que en otras regiones empiecen a producirse bienes, productos y servicios para cubrir el vacío que actualmente ocupan las empresas catalanas. Pero Cataluña también perdería, como muchos economistas han puesto de manifiesto, pues al quedar en un principio fuera de la UE se encarecería el acceso de sus exportaciones a sus principales mercados, acrecentaría sus gastos al tener que hacer frente a servicios que ahora tiene cubiertos bajo el paraguas español y tendría dificultades para financiar su importante deuda pública. Difícilmente podría mantenerse el nivel de vida que ahora tienen sus ciudadanos y muy posiblemente entrará en una difícil situación económica que incrementará las tensiones y conflictos sociales. En definitiva, de una manera u otra todos pierden. Dejo que sean otros los que jueguen al estéril ejercicio de valorar quién pierde más.

Pero incluso en este escenario, los nacionalistas pretenden actuar como auténticos jugadores de ventaja y se guardan en la manga la carta de la doble nacionalidad por si surge esa previsible crisis económica que dificulte el mantenimiento de los servicios públicos en su territorio. Así, aunque Cataluña se independice, muchos catalanes podrían mantener inicialmente la doble nacionalidad. Es más, la legislación actual (artículos 17 y siguientes del Código civil) inspirada en el criterio de la estirpe más que en el de la territorialidad y que está pensada para favorecer la conservación de la españolidad en los descendientes de los emigrantes en Latinoamérica, implicaría que, aunque la secesión comportara de forma preceptiva la elección entre una nacionalidad y otra, nada impediría que, más tarde, una parte importante de la población catalana descendiente de los inmigrantes de otras regiones de España pudiera volver a recuperar su nacionalidad española y, en caso de irles mal las cosas en esa nueva Cataluña independiente, retornar a la tierra de sus ancestros para convertirse en una carga añadida. Alterar los requisitos para la adquisición de la nacionalidad por esta causa generaría un gratuito perjuicio a los descendientes de españoles en el extranjero.

Nuevamente todos pierden, pero de mantenerse las actuales reglas del juego, lo que quedara de España tras la escisión siempre perderá más. De una manera u otra –ya llegará el momento de exigir responsabilidades- nos hemos dejado arrastrar a un proceso negociador perverso en el que, salvo algunas élites extractivas catalanas y no catalanas, los españoles tanto de dentro como de fuera de Cataluña no tenemos nada que ganar. Desde este punto de vista resultaría comprensible la actitud del Gobierno de no querer jugar esta partida de poker con cartas marcadas.

Mientras reflexiono sobre estas cosas, me viene a la memoria un viaje que hice de joven. Corría el verano del año 1985 cuando un grupo de amigos nos fuimos en tren a recorrer Europa. Con nuestros sacos de dormir y tiendas de campaña fuimos acampando por distintos sitios y, durante algunos días atravesamos lo que por entonces aún era Yugoslavia. Cuando estuvimos en Zagreb conocimos un joven muy simpático que hablaba inglés y se ofreció a enseñarnos la ciudad. Pasamos una mañana muy agradable pero de sus explicaciones, cada poco, podía vislumbrarse un notable desencanto con el estado yugoslavo y al mostrarnos el edificio del Parlamento de Croacia recuerdo que se quejaba con resquemor de que allí no se decidía nada, sino que todo se resolvía en Belgrado. Más tarde, en el tren que nos llevaba a la costa dálmata, un grupo de jóvenes con los que entablamos conversación, nos preguntó con cierto resentimiento qué cómo se nos había ocurrido hacer turismo en aquel “fuck country”. 

En general, ninguno podía suponer que pocos años más tarde sucedería la sangrienta guerra civil que asoló esa región y a aunque nos llamó la atención la actitud que vimos, la interpretamos como un desencanto por la sociedad comunista entonces imperante más que con las disputas territoriales que luego salieron a la luz. En cualquier caso, existen pocas dudas de que entonces aquellos nacionalismos disgregadores yugoslavos perdieron el control de un proceso de negociación basado en la estrategia “ganar-perder” y el resultado fue catastrófico para la población de todas las partes ¿Alguien cree realmente que hubo un ganador?

Ahora, cuando veo las constantes noticias acerca de la desafección catalana y el, cada vez más maduro, proyecto de secesión no puedo evitar recordar esa breve estancia en aquella Yugoslavia, que ensimismada en sus tensiones y problemas cotidianos no podía imaginar que terminaría estallando de la manera en que lo hizo. Diríase que son situaciones completamente distintas y en muchos aspectos lo son, pero no dejan de existir puntos en común. Lo malo de las negociaciones en las que las únicas alternativas son perder y perder, es que siempre puede haber quien esté tentado a romper la baraja. Y lo malo de las revoluciones, como la historia no se cansa de demostrarnos, es que se sabe cómo comienzan pero nunca cómo pueden terminar.


miércoles, 11 de septiembre de 2013

Recordando una vez más el atentado a las Torres Gemelas


Retornando a lo cotidiano del día a día tras las vacaciones, rememoro en esta fecha un artículo pubicado hace un par de años acerca del aniversario del atentado contra las Torres Gemelas y, que a pesar del tiempo transcurrido no ha perdido actualidad: "Momentos simbólicos que cambian la historia": http://reflexionesdeunhombrecorriente.blogspot.com.es/2011/09/sobre-momentos-simbolicos-en-la.html.

Sirva como aperitivo a los nuevos artículos que iremos publicando durante este curso que comienza.

jueves, 1 de agosto de 2013

Un proyecto de cooperación al desarrollo en Turkana (Kenia)



Ayer ha vuelto a España para disfrutar de un merecido descanso mi amigo Pablo. Nada que no fuera diferente de lo que, por estas fechas veraniegas sucede a mucha de la gente que aún conserva un empleo. Sin embargo hay algo que convierte este regreso en algo digno de ser objeto central de este artículo. 

Pablo, de profesión ingeniero, es una persona comprometida y desde hace muchos años tenía como objetivo vital participar de manera relevante en un proyecto de cooperación con un país del tercer mundo. Por diversas circunstancias, aunque siempre había encontrado la manera de canalizar su vena solidaria, nunca había podido implicarse totalmente en un proyecto determinado debido a las múltiples obligaciones personales y profesionales que a todos nos afectan. Hace poco decidió que si no abordaba ya ese proyecto no lo haría nunca y se lanzó a por todas. La disminución de la carga de trabajo en su empresa, derivada de la crisis, le abrió una ventana de oportunidad al permitírsele coger una excedencia. Se marchó a Lokitaung, en Turkana, una región recóndita del norte de Kenia sin apenas carreteras ni infraestructuras poblada por tribus seminómadas que hasta hace muy poco encontraba su sustento en el pastoreo y la mera recolección.  

Allí, en el ámbito de las Comunidades Misioneras de San Pablo y de San Marcos lleva meses trabajando para poner en marcha diversas iniciativas destinadas a la creación de actividades de autosubsistencia, el fomento de la economía local, la dotación de infraestructuras básicas y a la educación. En particular, y por su experiencia como ingeniero, en un proyecto denominado CHOKAA que tiene por objeto la puesta en funcionamiento de 4 hornos para la fabricación artesanal de cal hidráulica (cemento natural) para el abaratamiento de la construcción de presas y la creación de una pequeña industria local, de los que el primero (un horno de ensayo) está a punto de finalizarse y cuando vuelva en Septiembre, si Dios quiere, podrán empezar con la producción.

La idea le surgió cuando en un primer viaje para evaluar el estado de unas presas y balsas de agua construidas hace algunos años para paliar las frecuentes sequías, pudo constatar la necesidad de acometer obras de consolidación y la tremenda dificultad para poder llevar a pie de obra los materiales necesarios para ello, en particular, el cemento. A la vez que reducir los gastos por este concepto, el proyecto tiene como objetivo dotar de un medio de vida alternativo al pastoreo que permita el asentamiento de la población, la autosuficiencia y la mejora de la economía a nivel familiar, y por extensión de la seguridad alimentaria, mediante el establecimiento de los mencionados hornos para la fabricación artesanal de cal.

Según la memoria que explica el proyecto, la iniciativa busca además, movilizar el 100% de los recursos destinados hasta ahora a la compra de cemento en beneficio de la población local mediante la generación de puestos de trabajo directo. Como suele suceder en toda iniciativa industrial, se generará también una actividad económica indirecta consistente en la recolección del material combustible necesario para la fabricación de la cal, que será llevado a cabo nuevamente por el pueblo turkano. La utilización de materiales autóctonos en todo el proceso garantiza la sostenibilidad de la iniciativa.

La producción de cal es una de las primeras industrias conocidas por el hombre, uno de los primeros procesos por los cuales se elabora un producto artificial inexistente en la naturaleza. Con los morteros de cal se consigue crear una roca artificial, modelada según las necesidades requeridas y fabricada a partir de otra roca natural, que pierde su estructura por medio del fuego y la recupera después al contacto con el agua y con el aire. Aunque el uso de la cal es conocido desde la prehistoria, sin embargo su utilización con fines constructivos no se hizo habitual en Europa hasta que con el Imperio Romano se generalizó el uso de edificios de calidad, ya que la arquitectura pre y protohistórica era básicamente de adobe y tapial y tanto la cal como el yeso se usaban casi exclusivamente en revocos y suelos. Sin embargo la introducción de esta primitiva tecnología en tan remota región del cuerno de África resulta, aun hoy, revolucionaria.   

Pablo vuelve en Septiembre para continuar con estos trabajos, pero como tantas otras buenas ideas en estos tiempos duros se encuentra con dificultades para poder continuar con el proyecto si no obtiene una suficiente financiación. Este post intenta echarle una mano en ese sentido.

El presupuesto completo necesario para abordar el proyecto CHOKAA, de acuerdo con la memoria que lo explica, alcanzaría los 10.714 €. Si alguno de mis lectores está interesado en ayudar a este proyecto puede hacerlo financiando una ó varias de las siguientes unidades de proyecto:
– Horno de ensayo para 2 tn de capacidad: 1.270 €
– 4 Hornos para 25 tn de capacidad: 2.360 €/horno
– Total proyecto: 10.710 €
Ó también bien haciendo una aportación menor especificando “Proyecto CHOKAA” a través de paypal en la página web http://mcspa.org ó mediante transferencia bancaria a la FUNDACIÓN EMALAIKAT, c/Bocangel nº28, 3º Dcha. 28028 Madrid Tfno: 913552195, Cuenta Bancaria: BBVA, C/C: 0182 2012 98 0201528472, en este caso el donativo será desgravable.

Si no puedes colaborar económicamente, a lo mejor puedes ayudar como yo, difundiendo este post entre tus conocidos.

miércoles, 10 de julio de 2013

Sobre la limitación de la “ultraactividad” de los convenios colectivos



La complejidad de las diferentes dinámicas que confluyen en las relaciones laborales y su evolución a lo largo del último siglo y medio, ha terminado ocasionando que las normas que las regulan se hayan transformado hacia fórmulas mixtas en donde el derecho privado y el público se entremezclan formando nuevas figuras e instituciones con la intención de responder a los sucesivos retos planteados por las variables económicas, sociales y políticas que se han venido dando durante este tiempo.

Una de los áreas del derecho laboral donde esta evolución se manifiesta de manera especial se encuentra precisamente en el ámbito de la negociación colectiva, en donde se pasó, en un inicio, de negar legitimidad a los representantes de los trabajadores a terminar atribuyendo carácter de fuente del derecho laboral al resultado de dicha negociación entre la representación de la empresa y del trabajo. La noticia ahora es que la reforma laboral del año pasado ha modificado de manera relevante una característica propia del resultado de esa negociación -los convenios colectivos- como es la posibilidad de que parte de sus efectos se prorrogaran de manera indefinida si, una vez expirado su periodo de vigencia, no se alcanzaba un acuerdo para acordar un nuevo convenio. 

Así, la limitación, que no supresión, de lo que por la doctrina se denomina “ultraactividad” de los convenios colectivos se ha llevado a cabo como consecuencia de la reforma del artículo 86.3 del Estatuto de los Trabajadores (ET), primero a través del Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero -que la había fijado en un plazo de dos años desde que el convenio era denunciado- y luego por la Ley 3/2012, de 6 de julio, que redujo dicho plazo a un año. Esta reforma se matizó en relación con los convenios ya vencidos por las disposiciones transitorias que establecieron un plazo de un año desde la entrada en vigor de la Ley durante el cual los convenios ya vencidos mantendrían sus efectos, plazo que concluyó el pasado 8 de julio. A partir de esa fecha, la regulación contenida en los convenios vencidos dejaba de tener aplicación salvo que se acordara así por pacto expreso entre las partes.

La prolongación de los efectos de los convenios colectivos es una consecuencia de la naturaleza compleja que les es propia donde, de una parte existe un elemento convencional fruto de los acuerdos alcanzados entre patronal y trabajadores a través de sus representantes durante la negociación colectiva y, de otra, un carácter normativo, atribuido ex lege por el artículo 37.1 in fine de la Constitución al garantizar la fuerza vinculante de los convenios que los convierte en una especie de fuente del derecho laboral.

Del carácter convencional del convenio surge un contenido obligacional para las partes, cuya principal manifestación es el deber de paz social durante su periodo de vigencia. Consecuencia del carácter normativo resulta la aplicación de todo el conjunto de derechos y obligaciones que afectan individual y colectivamente a empresarios y trabajadores y que desarrollan aquellos otros que, con carácter mínimo, se encuentran regulados por el ET y demás disposiciones legales que lo complementan y desarrollan. Desde las redacciones iniciales del Estatuto la “ultraactividad” ha consistido en una prórroga de estos efectos normativos –no de los obligacionales- durante el periodo que iba entre el fin de la vigencia de un convenio colectivo y durante el periodo de negociación previo a la aprobación de un nuevo convenio y su fundamento se encontraba en dar seguridad jurídica y continuidad a la regulación existente en las relaciones laborales del ámbito sectorial, territorial o empresarial correspondiente, además de constituir una garantía complementaria para el mantenimiento de las condiciones de trabajo pactadas inicialmente a favor de los trabajadores. Se trataba por tanto de una institución que nacía con vocación de interinidad para dar respuesta a los periodos transitorios que iban de un convenio colectivo a otro.

Si nos hubiéramos encontrado en un mundo ideal en el que la buena fe prevista legalmente (artículo 89 del ET) para la negociación colectiva realmente inspirara a los negociadores y esta figura se hubiera utilizado de manera prudente por las partes probablemente no hubiera hecho falta alterarla. Sin embargo, en este mundo imperfecto nuestro, el mantenimiento por tiempo indefinido de esta situación otorgaba la posibilidad a una de las partes en la negociación de ponerse en una situación de ventaja y, poco a poco, terminó por utilizarse de manera generalizada.

Así, mientras que para avanzar en sus reivindicaciones la parte social podía recurrir a medidas de presión como la huelga, para resistirse a los cambios que pudieran minorar sus derechos bastaba con forzar situaciones de bloqueo para mantener indefinidamente la vigencia de convenios colectivos ya pretéritos. Se trataba además, para un sector de la doctrina, de un instrumento más para equilibrar el, a priori, desequilibrio de fuerzas entre trabajadores y empresarios a la hora de negociar las condiciones de trabajo.

El abuso en estas prácticas condujo a una parálisis de la negociación colectiva en muchos sectores y supuso que ésta dejara de ser un instrumento eficaz para adaptar las condiciones concretas de trabajo a la realidad económica de cada sector o ámbito territorial, lo que ha provocado que solo por la vía de las modificaciones legales pudieran realizarse reformas laborales parcialmente efectivas.  El hecho de que el fin de la “ultraactividad” pudiera afectar, según señalan los medios de comunicación, a casi dos millones de trabajadores, da idea de hasta qué punto estaba bloqueada la negociación colectiva.

Es cierto que en un entorno de crecimiento económico como el vivido, la aplicación indefinida de la “ultraactividad” de los convenios colectivos tenía su razón de ser pues ha constituido una garantía para el mantenimiento de unas condiciones de trabajo conquistadas gracias a la actividad reivindicativa de los trabajadores y de sus representantes sindicales, contribuyendo a que los rendimientos económicos de ese crecimiento de la actividad se repartieran de manera algo más equitativa socializando hasta cierto punto la plus valía, aunque con el efecto secundario de afectar a la competitividad de nuestras empresas en su competencia con sus rivales extranjeros.

Pero mantener instituciones jurídicas que favorezcan estas situaciones de bloqueo en un entorno de recesión económica y de desempleo galopante como el presente, a medio plazo tendría más efectos perniciosos que ventajas, al acelerar la destrucción del tejido empresarial que constituye el fundamento de la economía formal que sostiene nuestro sistema. En cierto modo, la mejor manera de garantizar los derechos presentes y futuros de nuestros trabajadores pasa por preservar la supervivencia de las empresas en las que trabajan.

Desde este punto de vista, la limitación a un año de la “ultraactividad” de los convenios colectivos que ha alcanzado total virtualidad el pasado 8 de julio, ha significado una reforma importante tendente a adaptar nuestra regulación laboral a la realidad social en a la que debe aplicarse y debería constituir un acicate para que los negociadores se arremanguen y comiencen a negociar.

Madrid, 10 de julio de 2013