lunes, 25 de marzo de 2013

Sobre la sostenibilidad demográfica del Sistema de Seguridad Social


 

Últimamente, no dejan de estar presentes en los medios, numerosas propuestas y discusiones acerca de la evolución de nuestro sistema de pensiones y de las tensiones financieras para su sostenimiento presente y futuro. Resulta evidente que el elemento financiero es uno de las bases esenciales del sistema, pero también es cierto que nos encontramos ante una realidad compleja que no puede reducirse solo a cálculos actuariales o financieros. Existen elementos sociológicos, jurídicos y demográficos que también deben tenerse en consideración y sobre los que también es posible actuar para favorecer la continuidad del modelo. 
 
Si queremos preservar en España este Sistema de Seguridad Social que, junto con el resto de las instituciones que conforman lo que se denomina “estado de bienestar”, constituye una de las principales señas de identidad del modelo social europeo es necesario tener una perspectiva más amplia en donde no se pierdan de vista otros factores tan importantes o más que el financiero.
 
Podría decirse que nos encontramos ante una enorme y pesada construcción que se asienta sobre cuatro grandes patas -financiera, política, demográfica y jurídica-  que garantizan su sostenibilidad pero que deben estar equilibradas entre sí, pues en caso contrario se corre el riesgo de que el edificio pierda el equilibrio y termine derrumbándose. Cómo ya advertimos antes, es obvio que la sostenibilidad financiera es fundamental y, de hecho, los primeros intentos de crear sistemas de previsión social en el siglo XVIII fracasaron precisamente por errores de base en sus previsiones actuariales. Pero como comentamos en un artículo precedente, poner el peso de las reformas sólo en estas medidas paramétricas en menoscabo del principio contributivo del sistema puede afectar, si se rompe el equilibrio, a su sostenibilidad social o política. 
 
En otra ocasión me gustaría explicar con más detalle a que me refiero con la expresión “sostenibilidad jurídica”, mas hoy quisiera centrarme en la relevancia que tiene la sostenibilidad demográfica para el sistema y en la necesidad imperiosa de introducir también reformas en las políticas públicas orientadas a este ámbito a fin de preservar para las generaciones futuras un modelo que se ha demostrado eficaz no solo para garantizar la subsistencia de quienes se encuentran en una situación de necesidad por carecer -por su edad o por otras circunstancias- de capacidad para realizar un trabajo productivo que les permita mantenerse por sí mismos; sino, al mismo tiempo, garantizar una duradera estabilidad social que se ha traducido en el mayor periodo de paz dentro de Europa occidental en toda su historia. 
 
Desde ya hace décadas el elemento demográfico es analizado como una constante no susceptible de verse alterada y así, entre los expertos, la invocación del progresivo envejecimiento de la población en Europa en general y, en España en particular, aparece una evidencia inevitable de que nos encontramos, parafraseando a García Márquez, ante la crónica de una muerte anunciada. Lo cierto es que la experiencia ha mostrado que los efectos de este envejecimiento de la población autóctona puede ser parcialmente compensado en épocas de crecimiento económico con la llegada de trabajadores llegados allende las fronteras que, en muchos casos, se asimilan a nuestra cultura y se consolidan como población nacional estable. 
 
Sin embargo, esta circunstancia coyuntural no puede considerarse como una solución y, en cualquier momento podrían surgir otras circunstancias excepcionales (una guerra, una epidemia...) que unidas a la presente decadencia en la natalidad podrían quebrar definitivamente este equilibrio demográfico cada vez más precario, lo que en determinadas circunstancias no solo podría hacer peligrar las pensiones futuras si no, incluso, nuestra propia existencia como nación, civilización o cultura, pudiendo por terminar siendo asimilados o absorbidos por otros pueblos más numerosos, jóvenes y enérgicos.
 
Pero hay que admitir que a día de hoy, en ese sentido, nuestra realidad es desoladora. Las políticas públicas (fiscales, de protección social o subvenciónales) en este momento están basadas en un modelo de redistribución de la riqueza que penaliza a las familias de clase media y que siguen estando orientadas a que el número de nacimientos disminuya o, en el mejor de los casos, a que se mantenga. De esta manera, la tendencia es una familia tipo de entre uno o dos hijos, con lo que no se alcanzaría a largo plazo ni siquiera a mantener la población de una manera vegetativa. 
 
Efectivamente, el apoyo desde los poderes públicos a las familias, entendidas en un sentido amplio por toda la diversidad de modelos que nuestra sociedad actual permite, es prácticamente nulo. La Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección de familias numerosas, su desarrollo reglamentario y lo regulado por las Comunidades Autónomas en su ámbito competencial establecen unos mecanismos de ayuda raquíticos que tal vez puedan paliar parte de alguno de los costes (gastos de transporte, actividades deportivas, educación…) en los que incurren las familias con más de dos hijos, pero en ningún modo constituyen un incentivo para amentar la familia. La prestación a favor de familiares del Sistema de Seguridad Social en su actual configuración apenas alcanza para resolver situaciones de necesidad límite, por lo que tampoco puede considerarse un incentivo. Los beneficios fiscales son insuficientes y algunas reformas recientes, como la llevada a cabo en los que se refiere a la relación laboral especial de los trabajadores del servicio doméstico, no hacen sino incrementar los costes que han de afrontar las familias con hijos a cargo en la que los dos progenitores trabajan fuera de casa.
 
Teniendo en cuenta los dudosos resultados de algunas experiencias como la británica y sus intensas ayudas sociales a las madres solteras, estas políticas públicas deberían incidir no sólo en el ámbito de las familias sin recursos son que deberían enfocarse especialmente hacia las clases medias pues son las que mejor pueden asumir por sí mismas la crianza de esos hijos dándoles una formación y una preparación que los haga crecer saludables.
 

Foto by Chemapego
Desde nuestro punto de vista, resulta imprescindible para garantizar la sostenibilidad demográfica de nuestro Sistema de Seguridad Social a medio y largo plazo, desarrollar una serie de políticas públicas que incentiven un leve crecimiento demográfico marcándose como objetivo generar una familia tipo de tres hijos. Esto podría conseguirse incrementando, por una parte, los beneficios fiscales a  las familias con rentas medias y, por otra, incrementando las actuales subvenciones o subsidios a aquellas otras familias que por su insuficiencia de rentas a las que los beneficios fiscales no favorezcan; reforzando las políticas de igualdad de trato entre el hombre y la mujer en el ámbito laboral, de manera que la maternidad no suponga un obstáculo insalvable en el desarrollo profesional de la mujer; potenciando aún más el acceso de las familias a determinados servicios públicos educativos, sanitarios, deportivos y culturales; estableciendo actividades de marketing social orientadas a prestigiar el papel de los progenitores (cualquiera que sea su tipo) y, superando enfoques ideológicos o religiosos, realzando el valor de la crianza de los hijos. 
 
En el resto de la Unión Europea ya se han introducido medidas en este sentido. Así, por ejemplo, Alemania que tanto  nos sirve de modelo últimamente dispone de un sistema de ayudas a las familias que bien podría tomarse como referente. Si se favorece desde los poderes públicos un crecimiento demográfico sostenible y equilibrado, la cuestión en lo que se refiere al Sistema de Seguridad Social se centraría en aguantar la situación durante los próximos veinte años, hasta que las nuevas generaciones se incorporen a la economía productiva.

lunes, 18 de marzo de 2013

Reseña a la sesión del Seminario “Leading Cases on Fundamental Freedoms and Rights”.


El pasado miércoles 27 de febrero tuvo lugar una nueva sesión del Seminario del ECJ (ECJ Leading Cases on Fundamental Freedoms and Rights), convocado en el seno del Departamento de Derecho de la Empresa de la UNED en el que participaron el profesor Pedro M. Herrera Molina, Catedrático de Derecho Financiero y Tributario y la profesora Titular de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, Belén Alonso-Olea García.

El profesor Herrera Molina realizó un interesante recorrido por la jurisprudencia comunitaria en materia de impuestos de salida donde tras examinar algunos conceptos básicos, como la noción de “impuestos de salida” (en sentido amplio y estricto, expreso e implícito), el de erosión de las libertades comunitarias por tales impuestos (discriminaciones y meras restricciones) y la incidencia que sobre ellos tienen el régimen mercantil de la constitución de sociedades. Analizó los más relevantes pronunciamientos del Tribunal de Justicia y la evolución de la jurisprudencia. Así, partiendo del Caso Biehl (C-175/88) donde el Tribunal interpreta que existe un supuesto de discriminación encubierta por razón de nacionalidad como motivo del traslado de residencia al extranjero, y recorriendo diversas resoluciones finalizó exponiendo la posición de la jurisprudencia comunitaria en el relativamente reciente caso National Grid Indus (C-371/10) donde el Tribunal concluye que si el contribuyente es una persona jurídica, el reparto equilibrado el poder tributario puede justificar la exigencia de un impuesto de salida cuyo aplazamiento sólo se conceda mediante la aportación de una garantía bancaria. También hizo referencia a las sentencia que resolvieron sendos recursos por incumplimiento -Caso Comisión v. España (C-269/09) y Caso Comisión v. Portugal (C-38/10)- donde respectivamente se considera que la anticipación del cobro de impuestos ya devengados no puede justificarse en la necesidad de conseguir el reparto equilibrado del poder tributario y que los Estados miembros deben conceder la opción entre el pago inmediato y el pago aplazado con intereses (pero sin mencionar la posible exigencia de garantías).

Por su parte, la profesora Alonso-Olea García, al hilo de la Sentencia del TJUE en el asunto George Erny (C-72/11), realizó una interesante disertación sobre la aplicación de los principios comunitarios en materia de la libre circulación de trabajadores y su incidencia en la función normativa de los convenios colectivos de los Estados miembros; cuya aplicación, en ningún caso, pueden implicar una discriminación evidente o encubierta hacia los trabajadores de terceros Estados miembros. Asimismo, puso de manifiesto la relevancia de la función de coordinación de los Reglamentos Comunitarios sobre Seguridad Social y su incidencia en la clarificación, en su dimensión de derecho comunitario, de determinados conceptos jurídicos como, en concreto, el denominado trabajador fronterizo, es decir, aquel ciudadano comunitario que realizando su actividad profesional -tanto por cuenta propia como por cuenta ajena- en un estado miembro, resida en otro al que vuelve todos los días para pernoctar o, al menos, un día por semana; debiendo ser de aplicación a los efectos de determinar la ley que le es aplicable a efectos laborales y de seguridad social, la del Estado en el que realice su actividad laboral o profesional.