viernes, 26 de abril de 2013

Evolución de la jurisprudencia del TJUE en materia de discriminación salarial por razón de sexo (II).


En el presente post, resumo el elemento principal del artículo referenciado en mi anterior entrada de 15 de abril:

Tras la aprobación de la directiva 75/117/CEE, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea comenzó a pronunciarse a partir de la sentencias de 15 de junio de 1978 (Rec. 149/77), de 31 de Marzo de 1981 (Rec. 96/1980) o de 11 de Marzo de 1981 (Rec. 69/1980).

Como presupuesto básico para determinar si existe o no una discriminación debe partirse de que ambos colectivos partan de situaciones comparables. Así, de esa jurisprudencia inicial del Tribunal de Justicia se deduce que para apreciar si unos trabajadores realizan un mismo trabajo o un trabajo al que se puede atribuir un mismo valor, debe comprobarse si, habida cuenta de un conjunto de factores, como la naturaleza del trabajo, las condiciones de formación y las condiciones laborales, puede considerarse que dichos trabajadores se encuentran en una situación comparable.

De esa primera jurisprudencia del Tribunal de Justicia también se desprende que, al tener carácter imperativo, la prohibición de discriminaciones entre trabajadores y trabajadoras del actual artículo 141 (entonces todavía, art. 119 del Tratado) se impone no sólo a la actuación de las autoridades públicas, sino que, como resulta, por lo demás, de la redacción del art. 4 de la Directiva 75/117/CEE, también afecta a la totalidad de los convenios que regulen, con carácter colectivo, el trabajo por cuenta ajena, así como los contratos celebrados entre particulares. (Por ejemplo, STJUE de 4 de abril de 1976, caso Defrenne II (REc. 43/75) luego reiterada en STJUE de 26 de junio de 2001, Cuestión perjudicial C-381/1999, entre otras.

Pero también precisa la jurisprudencia que la circunstancia de que por un trabajador se perciba algún complemento salarial añadido o de distinto importe que su compañero femenino, no es suficiente por si sola para concluir que existe una discriminación contraria al Derecho comunitario. En efecto, por una parte, teniendo en cuenta que el principio de igualdad de retribución en el sentido de los arts. 141 del Tratado y 1 de la Directiva, a la sazón aplicada, lleva implícito que los trabajadores y trabajadoras a los que se aplica deben encontrarse en situaciones idénticas o comparables (véase, en este sentido, la sentencia de 9 de Noviembre de 1993, Roberts, C-132/92), es preciso comprobar además si los trabajadores implicados realizan un mismo trabajo o un trabajo al que se puede atribuir un mismo valor y que las diferencias de trato prohibidas se basan exclusivamente en la diferencia de sexo de los trabajadores (sentencia de 31 de Marzo de 1981, Jenkins, 96/80). No bastando pues que tengan la misma categoría profesional pues pueden existir otras razones en función de la actividad concreta realizada que pueden incidir en el aspecto salarial (STJUE de 26 de junio de 2001, Cuestión perjudicial C-381/1999).

El Tribunal de Justicia ha declarado en varias ocasiones que, para apreciar si unos trabajadores realizan un mismo trabajo o un trabajo al que se puede atribuir un mismo valor, debe comprobarse si, habida cuenta de un conjunto de factores, como la naturaleza del trabajo, las condiciones de formación y las condiciones laborales, puede considerarse que dichos trabajadores se encuentran en una situación comparable (véanse las sentencias de 31 Mayo 1995, Royal Copenhagen, C-400/93, y de 11 de mayo de 1999, Angestelltenbetriebstrat der Wiener Gebietskrankenkasse, C-309/97).

Asimismo, la jurisprudencia del TJUE también ha concluido que en ocasiones la discriminación también puede ser indirecta interpretando que el apartado 1 del art. 4 de la Directiva se opone a la aplicación de una medida nacional que, aunque esté formulada de manera neutra, perjudique a un porcentaje muy superior de mujeres que de hambres, a menos que la medida controvertida esté justificada por factores objetivos y ajenos a cualquier discriminación por razón del sexo (en este sentido, véanse las sentencias de 24 de febrero de 1994, Roks y otros, C-343/92, de 14 de diciembre de 1995, Megner y Scheffel, C-444/93 y de 17 de junio de 1998, Rec 243/95).

Así, en los casos de discriminación indirecta en donde una medida aparentemente neutra afecte principalmente a mujeres, sólo podría efectuarse una valoración distinta cuando la diferencia de trato entre ambas categorías de trabajadores se justificara por razones objetivas y ajenas a toda discriminación por razón de sexo (véanse, en este sentido, las sentencias de 13 de Julio de 1989, Rinner-Kühn, 171/88; de 6 de Febrero 1996, Lewark, C-457/93; Hill; de 6 de Abril de 2000, Jørgensen, C-226/98, o la de 11 de septiembre de 2003 C-77/2002). Más adelante, tras la reforma operada por de la Directiva 2002/73/CE, se configuró un concepto legal de discriminación indirecta al establecer en el artículo 2.2 de la Directiva 76/207/CEE, del Consejo, de 9 de febrero de 1976, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo. De acuerdo con dicho precepto se considera discriminación indirecta a “la situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros sitúan a personas de un sexo determinado en desventaja particular con respecto a personas del otro sexo, salvo que dicha disposición, criterio o práctica pueda justificarse objetivamente con una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean adecuados y necesarios”.

En este sentido, además de aportarse la justificación de razones objetivas que expliquen la diferencia salarial, es preciso que la misma se base en una finalidad legítima. Es decir, que los medios elegidos para alcanzar dicha finalidad deberán ser idóneos y necesarios para conseguir dicho efecto (véase, en este sentido la sentencias de 13 de mayo de 1986, Bilka, Rec 170/84 y de 3 de octubre de 2006, B.F. Cadman, C-17/2005).

La adopción de normas sobre la carga de la prueba tiene gran importancia para garantizar el respeto efectivo del principio de igualdad de trato. A este respecto, procede señalar que, en principio, incumbe a la persona que alega determinados hechos en apoyo de una demanda aportar la prueba de su realidad. En consecuencia, inicialmente la carga de la prueba de la existencia de una discriminación de retribución por razón de sexo recae sobre el trabajador que, considerándose víctima de tal discriminación, ejercita una acción judicial contra su empleador para que se ponga fin a la misma (véase la sentencia de 27 de Octubre de 1993, Enderby, C-127/92 o la ya citada STJUE de 26 de junio de 2001, C-381/1999), Sin embargo, a partir de la acreditación de los indicios de discriminación, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que la carga de la prueba puede invertirse cuando ello resulte necesario para no privar a los trabajadores víctimas de una discriminación aparente de medios eficaces para hacer respetar el principio de igualdad de retribución. En ese sentido la sentencia Enderby, antes citada, y las sentencias de 27 de junio de 1990, Kowalska, C-33/89 y de 23 de octubre de 2003, Schönheit y Becker, C-4/02 y C-5/02.

Sin embargo, no debe olvidarse que la apreciación de los hechos de los que pueda resultar la presunción de haberse producido una discriminación directa o indirecta sigue correspondiendo al órgano nacional competente, con arreglo al Derecho nacional o a las prácticas nacionales. A este respecto, debe comprobarse, a la vista de todos los elementos pertinentes y teniendo en cuenta la posibilidad de alcanzar por otros medios los objetivos perseguidos por las disposiciones examinadas, si éstos son ajenos a toda discriminación por razón de sexo y si dichas disposiciones, como medios destinados a lograr determinados objetivos, pueden contribuir a su consecución (véanse, en este sentido, la sentencias de 9 de febrero de 1999, Seymour-Smith y Pérez, C-167/97).

miércoles, 17 de abril de 2013

Venezuela Año Cero


No me hubiera gustado tener que estar el otro día en los zapatos de nuestro Ministro de Asuntos Exteriores cuando se vio en la necesidad de responder a la desproporcionada reacción de un Maduro fuera de sí, tras la prudente y medida posición europea adoptada ante las iniciales informaciones sobre el resultado electoral en Venezuela. En esta ocasión nuestro canciller ha experimentado en propia carne la prepotencia, autoritarismo y malos modos de quien, si no se lo impide nadie, va a presidir Venezuela durante los próximos años.

No suelo pronunciarme públicamente sobre cuestiones de política internacional pues es un área que se sale de mi ámbito de experiencia profesional. Sin embargo en este caso, y como bien saben quienes conocen mis circunstancias familiares, lo que acontece en ese país más que una cuestión internacional, para mi es casi una cuestión doméstica. Por ese motivo sigo con especial preocupación la deriva de unos acontecimientos a los que la prensa española, salvo la excepción del ABC, apenas presta la atención que a mi juicio merecen.

En un principio, visto con ojos europeos, parecía que a Venezuela llegaba el momento de la alternancia. Después de más de catorce años del gobierno del presidente Chávez y a pesar de los ingentes ingresos derivados del petroleo el país se encuentra inmerso en una crisis económica de dimensiones catastróficas; padece un clima de inseguridad ciudadana terrible con una media de más de 57 homicidios diarios; a pesar de su potencial energético, debe importar la mayor parte de la gasolina que consume y los cortes de fluido eléctrico son constantes; ha pasado de ser país exportador de determinados productos agrícolas como café a ser un país importador, el desabastecimiento puntual de productos básicos en los mercados es habitual, la inflación está descontrolada. En otras circunstancias, lo normal sería que el electorado decidiera cambiar de gobernantes, aunque solo fuera por probar. El fallecimiento del Presidente Chávez, un dirigente con un indiscutible carisma, aún redundaba en esta dirección.

Sin embargo, a la vista de los acontecimientos se llega a la conclusión de que la opción elegida por la élite chavista que ha ocupado y patrimonializado todas las instituciones del país durante más de una década ha sido la de imponer un resultado predeterminado -su propia victoria- pese a quien pese y amenazando a todo el que se ponga por delante, con independencia de cual pudiera ser la auténtica voluntad de los electores venezolanos.

Ahora ya puede afirmarse que Maduro está dando, con la excusa de los incidentes y protestas que el mismo ha provocado o inducido, un autogolpe para consolidarse en el poder y eliminar a la oposición tanto la externa encarnada por la candidatura de Capriles -a quien ya se amenaza abiertamente con la detención-, como a la interna -anunciando purgas entre los militares menos afines-. Ya resulta evidente para cualquier observador que no quiera cerrar sus ojos, que quienes ahora detentan el poder en Venezuela no estaban dispuestos a que unas elecciones limpias les pudieran arrebatar lo que ya consideran suyo.

Así, por paradójico que pueda parecer, a raíz del presente proceso electoral, Venezuela está transformando su sistema político a marchas forzadas para pasar de ser un régimen democrático legítimo, más o menos imperfecto, a convertirse en un régimen autoritario que basa su legitimidad fundamentalmente en el uso de la fuerza.

Basta repasar algunas de las irregularidades denunciadas que el Consejo Nacional Electoral ha ignorado por completo sin investigarlas y dando por válidos unos resultados proclamando un vencedor sin ni siquiera haber concluido el recuento de los votos, para percatarse de la magnitud del fraude. No nos referimos ya al obsceno abuso de los medios públicos a favor de uno de los candidatos ni a la censura impuesta a los medios de comunicación. Comparado con lo que ha pasado el día de las elecciones, parecen ahora pequeñeces.

Se denunciaron, al parecer con testimonios y pruebas gráficas que, al menos, revisten el carácter de indicios, sucesos tales como que los interventores del partido de la oposición hubieran sido expulsados de los colegios electorales a punta de pistola por milicianos que actuaban impunemente; que numerosos votantes fueran acompañados a las cabinas de votación por un comisario político del partido en el poder -lo llaman “voto asistido” ¿por qué no llamarlo voto coaccionado?-; que las colas de ciudadanos que esperaban para votar se vieran amedrentadas por partidas de milicianos motorizados vestidos con los colores del partido en el poder que disparan sus armas al aire ante la pasividad de las “fuerzas del orden”; horarios de votación que se han alterado arbitrariamente: reduciéndose en aquellos distritos tradicionalmente favorables a la oposición, alargándose o reabriéndose para recibir nuevos votantes acarreados por autobuses afines al partido gobernante que llegan después de la hora de cierre; que en números colegios electorales el número de votos escrutados haya superado el número de votantes censados.
 

En España y en cualquier otro país en verdad democrático tales denuncias hubieran dado lugar a una investigación previa y de verificarse su autenticidad hubiera supuesto la anulación de los resultados procedentes de las mesas donde sucedieron. En Venezuela, no solo se han dado por válidos, si no que, según parece, se están destruyendo aceleradamente las pruebas que podrían cuestionarlos.

Los acontecimientos subsiguientes como la imputación del líder de la oposición y las agresiones físicas de las que han sido objeto en el propio Parlamento los diputados opositores, ilustran sin necesidad de mayor explicación la estrategia coercitiva que Maduro y Cabello están desarrollando.

En este orden de cosas, el equilibrio entre pragmatismo y valores que exigen las relaciones internacionales resulta difícil de mantener. España ahora se encuentra en una situación complicada y relativamente frágil pues, además de los intereses económicos de importantes empresas españolas (BBVA, Telefónica, Repsol, etc…), en Venezuela también viven cientos de miles de españoles que, en su caso, podrían ser usados como rehenes por un gobierno sin escrúpulos como el que parece que ahora se está imponiendo. Sin embargo, si aceptamos desde un primer momento ser objeto de esta extorsión y decidimos mirar para otro lado, seremos cómplices por omisión de lo que allí suceda.

Hay líneas rojas que no deberían traspasarse. No es aceptable tras este proceso electoral viciado, admitir a Maduro como a un presidente legítimo desde un punto de vista democrático. Si el próximo viernes Maduro se proclama ante la Asamblea Nacional como presidente y consigue mantenerse en el poder gracias al uso de la fuerza y la coacción, tendrá la misma legitimidad que esos otros dictadores de conocidos países africanos también productores de petróleo y Venezuela vivirá el año cero de un nuevo régimen político.

Post scriptum: Ha pasado un mes desde las elecciones y se está demostrando lo que ya anunciábamos en este artículo. Afortunadamente la prensa española cada vez está más pendiente de la evolución de los acontecimientos. El seguimiento de El Mundo e incluso de RTVE es casi diario.

lunes, 15 de abril de 2013

Discriminación salarial por razón de sexo: la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea


Hoy ha salido publicado en el blog ECJ "Leading Cases on Fundamental Freedoms and Rights" un comentario que he preparado a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 28 de febrero de 2013 (Margaret  Kenny, C-427/2011) en el que, además de comentar el caso concreto en el que se dicta esa concreta resolución, resumo la jurisprudencia de ese Tribunal en materia de discriminación salarial por razón de sexo siguiendo el hilo que la sentencia comentada proporciona pues, en la misma se toma en consideración la doctrina anterior.
El texto completo se puede consultar en el enlace que he incluido más arriba.