lunes, 2 de junio de 2014

La sucesión: una oportunidad para las reformas, para la esperanza

Ante el nuevo escenario planteado por el resultado de las elecciones europeas en el que la ciudadanía ha manifestado su disconformidad con la evolución económica y social de la sociedad española mediante un cambio trascendente en la orientación de su voto y, mientras el PSOE sigue inmerso en su laberinto y el Partido Popular, aparentemente se atrinchera en el discurso del “aquí no ha pasado nada”, la Corona ha vuelto a reaccionar con los reflejos para valorar las oportunidades cruciales que en su día la caracterizaron. Así, mientras el Rey da un paso atrás, la institución que representa ha dado un paso adelante. 

Seguro que recordando las palabras pronunciadas por su propio padre cuando, a su vez, renunció a sus derechos; en contra de lo que parecían ser sus iniciales intenciones y asumiendo lo que a todas luces puede considerarse, un gran sacrificio personal, el Rey  ha decidido abdicar la Corona de España a favor de su hijo Felipe. Puede afirmarse sin ambages que en nuestro país ha concluido un periodo histórico y que a partir de ahora se inicia otro.

Mirando la vista atrás, y sin perjuicio de que en el ámbito social no son posibles las utopías perfectas, nadie puede negar sin caer en la más ramplona demagogia que, durante estos últimos treinta y nueve años en el marco de la monarquía constitucional encarnada por Don Juan Carlos I, España ha vivido “un largo periodo de paz, libertad, estabilidad y progreso”. Ese mérito por mucho que se intente desvirtuar ahora por determinados sectores ya solo queda pendiente del juicio de la historia.

Sin embargo, cuando como es el caso, la sociedad se enfrenta a una crisis política, institucional, ética, económica como a la que ahora se enfrenta España, el mero recuerdo de logros pasados pesan poco a la hora de legitimar una forma política de Estado como es la monarquía constitucional. Efectivamente, aún resuenan los ecos de las palabras de nuestro monarca cuando ya se alzan no pocas voces proclamando un cambio de régimen y se convocan manifestaciones en la Puerta del Sol, rememorando otros momentos históricos cuya repetición debería intentar eludirse. Debatir acerca de que forma política de gobierno es, en teoría, mejor para una sociedad es algo tan antiguo como estéril. Podemos remitirnos, cuando menos hasta Aristóteles y anda que no ha llovido desde entonces. Monarquía y república se han ido alternando a lo largo de los tiempos y en su seno se han podido desarrollar indiferenciadamente -siguiendo la primigenia clasificación aristotélica-,  tanto formas puras de gobierno como tiranías, oligarquías y demagogias varias. Así, mientras unos podrán mentar con razón al decimonónico Fernando VII como ejemplo de monarca despótico, otros podrían recordar no menos veraz las milenarias y sangrientas proscripciones de Sila en la República de Roma o que Adolf Hitler, perdón por no poder resistirme a citar este ejemplo, comenzó por ser un lustroso primer ministro de la República de Weimar elegido en unas elecciones democráticas. 

Del mismo modo, ambas formas de gobierno admiten numerosas variantes y modalidades intermedias: en la historia reciente podemos encontrar democracias republicanas que mediante el recurso a las ampliaciones sucesivas de mandatos se convierten en una suerte de monarquías electivas (por ejemplo, la Venezuela bolivariana de Chávez), o repúblicas nominales en las que la Presidencia se hereda de padres a hijos (Corea del Norte, Siria…). Desde otro enfoque, también podría alegarse que con nuestra monarquía constitucional, siguiendo una dialéctica hegeliana, bien pudiera haberse conseguido alcanzar la síntesis de ese histórico conflicto entre monarquía y república en el que se habrían logrado combinar lo mejor del modelo aristocrático con el democrático.

En cualquier caso, para afrontar la cuestión en estos momentos, a mi juicio, la mejor postura debería partir de abandonar prejuicios y recurrir a una solución práctica que nos permita avanzar en una senda de desarrollo en vez de internarnos en una espiral autodestructiva. En ese sentido, a pesar de su progresiva degradación, muchos consideramos que la opción contenida en la Constitución de 1978 optando por una monarquía constitucional pretendió –y en buena medida lo consiguió- aunar a las características propias de un sistema democrático la garantía de estabilidad que ofrece la existencia de un poder moderador que trasciende la confrontación política diaria de los partidos políticos. Ese poder moderador lo tenemos en la Corona como institución e intentar prescindir de él, cuando más necesario es encontrar un ámbito que trascienda la lucha entre los partidos parece poco útil. También desde el punto de vista de la cuestión territorial, la monarquía es útil como elemento aglutinador de la unidad nacional al constituir un “símbolo de la unidad y permanencia” del Estado. 

Pero no es menos cierto, que la evolución de la crisis entendida en sentido amplio y la pésima gestión con la que hasta ahora se le ha hecho frente: haciendo recaer el peso de la misma en las clases medias, incrementando las desigualdades hasta extremos no recordados y, al menoscabar el Estado de Derecho favoreciendo la percepción de que existen “castas” económicas y políticas que se consideran por encima de la población, ha provocado que existan razones suficientes para que, no solo la opinión pública, sino también las masas normalmente alejadas del debate político se cuestionen la razón de ser de nuestras instituciones políticas y reclamen un cambio sustancial en las mismas, dejándose llevar muchos de ellos por alternativas radicales y demagógicas, tan atractivas y fáciles de exponer por un eficaz comunicador, como inviables o destructivas en la práctica. 

Esta situación hace necesario abordar un periodo de profundas reformas institucionales que restablezcan la eficacia del estado de derecho, la independencia de los poderes del Estado, que garanticen una equitativo reparto de la riqueza y que cierre de una vez por todas nuestro modelo territorial, de manera que con ellas pueda renovarse la confianza y el respeto entre el pueblo y sus dirigentes. Para ello, probablemente sea preciso afrontar una reforma constitucional que habría de ser aprobada en un nuevo referéndum nacional, el cual volvería a renovar la imprescindible legitimidad de nuestro sistema político durante esta etapa que iniciamos. 

Aunque las circunstancias sean algo diferentes, ahora igual que hace casi cuarenta años, el papel de liderazgo del sucesor de la Corona, como nuevo Jefe del Estado en este proceso, y siempre dentro de lo que son sus funciones constitucionales, será determinante para que esas reformas lleguen a buen puerto y sean entendidas y refrendadas por una mayoría suficiente de tal manera que permitan durante el próximo reinado volver a repetir un nuevo periodo de “paz, libertad, estabilidad y progreso”. No va a ser fácil, pues puede que Don Felipe tenga aún menos capacidad de maniobra que su padre entonces, pero con sabiduría, habilidad, arrojo y firmeza no es tarea imposible. Seguro que tampoco estará solo en el intento. Todos, sin excepción, nos jugamos mucho en este empeño. No solo nuestro futuro, también el de nuestros hijos.