domingo, 9 de agosto de 2015

Partidos politicos, democracia interna y elecciones primarias

 (versión adaptada de un post anterior publicado en principios.org y en el blog ¿Hay Derecho?)

Aunque parezca una obviedad, no está de más comenzar recordando que los partidos políticos son elementos fundamentales de un régimen democrático, al constituir el instrumento que mediatiza la relación de los ciudadanos con el poder, permitiendo que éstos, -al incorporarse a ellos libremente o eligiendo a sus representantes de entre sus miembros- puedan participar en la formación de la voluntad estatal. Pero, como nos recuerda Sartori, también son unas organizaciones cuya esencia y finalidad radica en la consecución del “poder político, a través de elecciones dentro de un marco legal e institucional, de manera pacífica sin el uso de la violencia”.  

Weber ya observo que el poder puede obtenerse dentro y fuera del partido. Cuando los integrantes poseen poder, influyen en las decisiones acerca de las estrategias que el partido debe seguir ante la competencia electoral; las decisiones administrativas relativas a la propia organización y al presupuesto; y en cómo actúa el partido ante una elección local, estatal o federal. Además de la consecución de unos ideales que podrían plasmarse por la conquista del poder político en un determinado ámbito territorial, el partido también posibilita a sus miembros, real o idealmente, la consecución de poder personal, prestigio, posición política, recursos económicos, lo que indudablemente afecta a las pretensiones de los dirigentes. Cualquier análisis que se haga del funcionamiento interno de un partido político no puede desconocer esta doble dimensión.

La experiencia histórica indica que todo lo anterior favorece un campo de cultivo que tiende a degenerar en una suerte de “patología organizativa” que ya fue descrita desde un punto de vista teórico hace un siglo por Michels, al plantear que en todo partido político, sobre una base democrática inicial, termina surgiendo -aun cuando no exista una pretensión consciente y deliberada- un poder oligárquico fundado a partir de la consolidación de un liderazgo considerado necesario desde un punto de vista electoral. Más tarde, cuando esa oligarquía ha alcanzado un estado avanzado de desarrollo, los líderes comienzan a identificar consigo mismo, no sólo las instituciones partidarias, sino también la propiedad del partido y se consolidan dos fenómenos íntimamente vinculados entre si: la jerarquía y la burocracia, que son incompatibles, por naturaleza, con una toma de decisiones de carácter democrático. Surge pues una tensión constante que a lo mejor en otros momentos históricos no ha sido preciso resolver, pero llegados a este punto resulta inevitable afrontar.

Así, ahora, en España, si bien por imperativo constitucional los partidos políticos han de tener una configuración democrática, en la práctica se confirma el proceso que hemos descrito antes y, como resulta evidente al escuchar muchas de las propias declaraciones de sus responsables, los procesos de toma de decisiones son en su mayor parte verticales y el reclutamiento entre sus miembros de quienes van a realizar funciones de liderazgo se realiza mediante procesos de cooptación en donde, con frecuencia, la lealtad personal y la dependencia prima sobre el mérito, convirtiéndolos en instituciones cerradas e impidiendo que a través de ellos, los ciudadanos tengan realmente posibilidad de participar en el proceso político.

En su seno existe más una democracia interna formal o semántica que real o efectiva, y esta situación, que cada vez resulta más obvia para los electores respecto de los partidos tradicionales, ha producido una creciente crisis de confianza que afecta a su rol como intermediarios entre el ciudadano y el poder al que hacíamos referencia al inicio de este artículo.

La sociedad ha evolucionado mucho en nuestro país desde la transición de 1978 y su mayor madurez democrática resulta cada vez más incompatible con una forma de funcionamiento que ha quedado obsoleta. Y ello, aunque suene paradójico, probablemente no sea sino una consecuencia del éxito del sistema democrático que estos partidos han protagonizado durante los últimos cuarenta años.

Una situación parecida aconteció a principios del siglo XX, cuando el sistema de partidos de corte clientelar y caciquil que consiguió dar respuesta a muchas de las necesidades de la sociedad española del último cuarto del siglo XIX, y que había tenido éxito en la pacificación del país tras casi setenta años de guerras civiles, se vio superado por la propia evolución de la sociedad y no pudo resolver los desafíos sociales derivados de la incipiente industrialización del país y de la auténtica posición de España en el nuevo orden internacional que se estaba formando. El fracaso en la capacidad de regeneración de los partidos políticos que protagonizaron la Restauración, afectó a su papel de intermediación entre la ciudadanía y el poder y, de manera natural, fueron sustituidos en las preferencias de los electores por nuevos partidos de corte mucho más radical (comunistas, fascistas, anarquistas), con resultados de todos conocidos.

Así pues, ante un cambio del paradigma vigente en la sociedad en la que interaccionan, se hace imprescindible transformar el funcionamiento interno de los partidos -y con esto hago referencia tanto a los partidos que protagonizaron la transición, como a los partidos de nuevo cuño pero que funcionan con dinámicas semejantes-, para que puedan seguir representado válidamente el papel que tienen atribuido. Si evolucionan y superan este reto, es posible que dentro de 100 años los anquilosados partidos actuales nos parezcan tan pintorescos y retrógrados como ahora se nos antojan los partidos conservador y liberal de finales del siglo XIX.

Dentro de este orden de cosas, en los últimos tiempos se ha hecho especial hincapié en la introducción de elecciones primarias en la elección de los candidatos de los partidos para concurrir en representación de su partido en los procesos electorales.

Originalmente, las elecciones primarias surgieron en los Estados Unidos de América promovidas por el Movimiento Progresista, como un intento de reforzar la autonomía de los candidatos presidenciales frente a la creciente influencia que en su nominación dentro de cada partido habían alcanzado los “tycoons” surgidos con la explosión del capitalismo corporativo, y que había herido de muerte aquella utópica república de pequeños propietarios agrícolas que tan bien describió Toqueville. en su obra “La Democracia en América”.

Siendo La Follette Gobernador de Wisconsin, fue aprobada la primera ley de primarias en 1904 como sustituto de las precedentes y manipulables causcus o asambleas; pero parece que fue con Teohodore Roosevelt cuando este sistema cobró protagonismo durante el proceso previo a las elecciones presidenciales de 1912 en el partido republicano, si bien la resistencia de la jerarquía del partido a aceptar ese resultado hizo que, a pesar de todo, fuera nominado como candidato William H. Taft, provocando una escisión al crear Roosevelt el Partido Progresista y, a la postre, que los demócratas ganaran las elecciones por la fragmentación del voto republicano. Sin embargo, no fue hasta 1968, cuando en la Commission on Party Structure and Delegate Selection (Comisión McGovern-Fraser) se establecieron una serie de recomendaciones para mejorar el procedimiento de elección de los candidatos presidenciales, lo que facilitó su consolidación y generalización. Desde 1976, todos los candidatos presidenciales de los partidos democrata y republicano han sido elegidos por este procedimiento, aunque algunos estados mantienen aún el viejo sistema de “causcus”.

A través del sistema de primarias, son los electores del propio partido y sus dirigentes, los encargados de elegir a los delegados que luego, en la convención, decidirían al candidato que representaría al partido en la carrera a la presidencia. Actualmente el mecanismo se ha extendido también para la nominación para las candidaturas a otros procesos electorales como, por ejemplo, las elecciones al Congreso o al Senado en muchos Estados de la Unión.

En tiempos recientes, diversas iniciativas inspiradas en este modelo y bajo la denominación de “elecciones primarias” se han utilizado en Argentina, Honduras, Chile, Venezuela e incluso en España cuando en 1998 fue elegido Josep Borrell como candidato del PSOE frente al candidato oficial –por cierto, con un final que tuvo cierto paralelismo con lo sucedido en las elecciones estadounidenses de 1912-. Las diferentes características de los sistemas electorales donde se han ensayado hacen que los procedimientos empleados sean distintos y los resultados dispares. Sobre estas experiencias Roger Senserrich ha publicado numerosos e ilustrativos artículos en el blog Politikon.

En cualquier caso, no debemos olvidar que la introducción de mecanismos de elecciones primarias no es un fin en si mismo, sino tan solo un mero instrumento que, en combinación con otros (mayor transparencia, modificaciones en el sistema electoral, una firme autoexigencia ética de sus miembros, aprovechamiento de las nuevas tecnologías para favorecer la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones, etc) pueda paliar la “patología organizativa” que hemos comentado y, así, los partidos políticos recuperen la confianza perdida de los electores.

En la actualidad, casi todos los partidos políticos en España han implantado una modalidad de elección primaria para elegir a todos o a algunos de sus candidatos. La comparativa entre unos partidos y otros puede verse en el siguiente enlace: “Compromiso Primarias”. En cualquier caso, como nos recuerda César Molinas en un reciente artículo, la adaptación de este instrumento al sistema electoral y de partidos español es compleja pues, hoy por hoy, se trata de implantar un sistema orientado a elegir a un único candidato dentro de un modelo en el que se eligen simultáneamente a varias personas en una lista cerrada.

Además, implica riesgos pues abordar una aplicación errónea o perversa del modelo que terminaría desvirtuando su finalidad o hacer que surjan efectos secundarios contraproducentes.

En partidos de nueva creación o con una militancia pequeña, existe el riesgo de que una manipulación del censo por determinados actores pueda pervertir el resultado al practicarse sobre la base de un cuerpo electoral pequeño. Por ese motivo, parece discutible que teniendo en cuenta la fragmentación municipal española, salvo cuando se trata de lugares con una militancia relevante, este sistema sea adecuado para elegir a los candidatos más idóneos para concurrir en las elecciones municipales en representación de un partido.

En los partidos en donde existe una centralización importante, la introducción de este sistema puede resultar fácilmente desvirtuada por el establecimiento de exigencias de casi imposible cumplimiento si no se tiene el control o el apoyo de la jerarquía de la organización (número de avales excesivo, listas multitudinarias mínimas, prestación de fianzas económicas cuantiosas, etc…), o también mediante la ausencia de imparcialidad durante el proceso (utilización por parte de una candidatura de los medios propios del partido para hacer campaña interna, creación de obstáculos a la difusión entre la militancia del mensaje de los candidatos no próximos a la jerarquía de la organización, apertura de expedientes disciplinarios por causas banales para desbancar o descalificar a candidaturas “peligrosas”, etc…). 

Existe también la posibilidad de que su implantación persiga tan solo solventar luchas internas entre facciones, así utilizadas, el ganador del proceso de primarias consigue todo el poder dentro del partido y el sector perdedor, aunque haya sido respaldado por una parte relevante de la militancia queda condenado al ostracismo.

En España, con el caso de UPyD hemos tenido un ejemplo reciente de los devastadores efectos que puede causar una utilización perversa –o simplemente equivocada- de las elecciones primarias. Este partido en sus orígenes parecía tener una vocación de funcionamiento interno profundamente democrática y a él se incorporaron muchas personas desencantadas con las dinámicas vigentes en los partidos tradicionales. Según los estatutos del partido, tanto la elección de los cabezas de lista por cada circunscripción, como los miembros de los Consejos Territoriales son elegidos directamente por la militancia.

Sin embargo, durante su relativamente corta existencia apenas han existido procesos electorales internos pacíficos. La injerencia de la Dirección nacional ha sido una constante y los miembros que se han presentado en listas alternativas a las apoyadas desde la jerarquía, han sido -por regla general y sin entrar en detalles- ninguneados dentro de la organización, eso cuando no han tenido que salir del partido de una manera u otra. La primera consecuencia práctica de esta forzada neutralización de unos instrumentos diseñados para garantizar la democracia interna provocó un desencanto creciente y una elevada rotación de afiliados con la consiguiente fuga de talento, de tal manera que tan solo cinco años después de su nacimiento, el partido contaba con más del doble de ex-afiliados que de afiliados en activo; la segunda consecuencia ha sido su descalabro electoral y descomposición interna.

En el caso de un partido más grande y consolidado, que ejerce un poder territorial e institucional importante, la existencia de amplias redes clientelares puede atemperar desde el punto de vista de la estabilidad interna, el efecto del desencanto derivado de esta utilización meramente cosmética de las elecciones primarias. Sin embargo, a la larga, calará en el electorado la idea de que nada ha cambiado y que se le quiere engañar una vez más, fracasando en el objetivo último pretendido con la implantación de este sistema.

Como se puede colegir de lo anterior, la complejidad de la implantación de este modelo en nuestro actual sistema de partidos es grande. En este sentido, propuestas como las incluidas en el malogrado Manifiesto de los 100, u otras como la de incluir la previsión de las elecciones primarias mediante una reforma legislativa en la Ley de Partidos (Henriquez de Luna) pudiera servir, aprovechando el debate parlamentario, para profundizar en el estudio de los pros y contras de la introducción del modelo en España, estableciendo al menos un concepto unívoco de lo que se debe entender por “elecciones primarias”.

Efectivamente, las elecciones primarias han sido un instrumento que ha resultado útil en otros escenarios y también pueden serlo aquí, siempre que se acometan con auténtica vocación de mejorar la democracia interna de los partidos políticos con la finalidad última de restaurar su papel como forma de participación política de la ciudadanía en el ejercicio del poder en el seno de una democracia madura, y evitando pervertir o neutralizar los resultados derivados de esas elecciones primarias.

Pero su utilización también exige un estudio previo que tenga en cuenta las limitaciones del propio modelo en su adaptación a nuestro sistema electoral y los condicionantes derivados de las propias circunstancias de cada partido, evitando utilizarlas de manera espuria o meramente cosmética.